En medio del conflicto y con el avance de la operación militar, el gobierno ucraniano presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ente que ordenó el 16 de marzo a Rusia detener la invasión.

Esos espacios de derecho internacional han representado para Costa Rica una oportunidad de defensa en el contexto de diversos litigios que ha tenido el país con otros vecinos, como el caso de Nicaragua y su ocupación del extremo norte de la isla Calero hace casi 12 años.

A los esfuerzos de Ucrania se suman las denuncias y condenas de otros países, así como de organizaciones multilaterales, para mostrar —aunque sea de forma simbólica— el aislamiento diplomático al que se está arrinconando a Rusia.

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Arsenal de denuncias

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, comunicó a finales de febrero que su país presentó una denuncia contra Rusia ante la CIJ con el fin de conseguir un dictamen que obligue al cese inmediato de la invasión rusa.

La CIJ, con sede en La Haya, es el principal órgano judicial del sistema de Naciones Unidas y se dedica a dirimir disputas entre países conforme al derecho internacional.

“Rusia debe rendir cuentas por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión. Solicitamos una decisión urgente que ordene a Rusia que cese la actividad militar ahora y esperamos que los juicios comiencen la próxima semana”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La primera audiencia pública sobre medidas provisionales se realizó el 7 de marzo, pero la delegación rusa se ausentó. Eso no detuvo el proceso y la CIJ continuará con las gestiones. De hecho, la Corte emitió su primera ordenanza el 16 de marzo, en la que exigió a Rusia detener la invasión.

En el texto, la Corte asegura que cualquier operación militar, en particular una de la escala que ejecuta Rusia en Ucrania, causa inevitablemente pérdida de vidas y daños mentales, a propiedades y al medio ambiente.

En su aplicación ante la CIJ, Ucrania mantiene que el argumento de genocidio de minorías rusas en su territorio es falso –el cual es uno de los argumentos del Kremlin para justificar la operación militar– y acusa que, por el contrario, es Rusia quien planea un genocidio en Ucrania.

En otro frente, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un procedimiento para investigar la situación en Ucrania por voluntad propia, confirmó el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, a través de una declaración pública.

Esto sucede porque Ucrania no es parte del Estatuto de Roma de 1998 —tratado que funda la CPI— por lo que no puede remitir la situación directamente, pero ha aceptado la jurisdicción de la Corte en caso de presuntos crímenes que ocurran en su territorio si la Corte decide ejercerla.

Las declaraciones del gobierno ucraniano pidiendo la jurisdicción de la CPI datan del 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, una península legalmente parte de Ucrania que se mantiene en disputa desde entonces.

“Dada la expansión del conflicto en los últimos días, tengo la intención de que esta investigación abarque también cualquier nuevo presunto delito que sea competencia de mi oficina, cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania”, manifestó Khan.

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La CPI, también situada en La Haya, está destinada a ser un tribunal de “último recurso” y no para reemplazar el sistema de un país. El tribunal cuenta con 18 jueces y juzga cuatro tipos de delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra.

La Corte se enfoca en juzgar a personas y no a países como un todo, sin embargo. Tampoco puede realizar juicios con acusados ausentes. Lo anterior significa que si, al final del proceso, Putin u otros individuos de su entorno son acusados, estos deben ser arrestados fuera de Rusia, lo que parece algo poco probable. Rusia no es parte de la CPI, como tampoco lo es Estados Unidos, entre otros países.

Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, comentó que Ucrania apela al derecho internacional amparada en la definición de “acto de agresión”, concepto que se refiere al uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, e incluye la invasión o ataque de fuerzas armadas como una de sus características.

Ucrania estaría haciendo un uso ejemplo de las herramientas internacionales. “Ucrania está dando un ejemplo de cómo utilizar el derecho internacional ante una amenaza y una agresión de una potencia como lo es Rusia”, dijo Boeglin.

Ambos procesos pueden tardar años, empero, por lo que no son acciones inmediatas a pesar de la premura con la que Ucrania actuó. Las resoluciones podrían llevar a acusaciones y sanciones con sus respectivas compensaciones e indemnizaciones.

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Salvavidas para Costa Rica

Para Costa Rica el derecho internacional es el escudo principal para resolver disputas, al que podría acudir también en caso de un conflicto mayor, a falta de un ejército, punto que marca una diferencia con Ucrania que sí cuenta con fuerzas armadas.

“Esa es una de las municiones políticas con las cuales cuenta Ucrania y nosotros, que no tenemos ejército. No se puede prescindir del derecho internacional. Es un poco como la moralidad que han aprobado todos”, aseguró Constantino Urcuyo, politólogo y analista internacional.

Costa Rica ha acudido a entes como la CIJ para defenderse ante diferendos con otras naciones. La última ocasión fue en 2010, cuando militares nicaragüenses ocuparon una porción de isla Portillos, al extremo norte de la isla Calero. En noviembre de ese año, el país presentó una demanda ante la CIJ.

A la Corte le tomó cinco años zanjar el diferendo, al resolver que la porción en disputa era territorio costarricense, y tres años más para dictar las indemnizaciones.

Aunque el contexto con Ucrania es poco comparable por las características del conflicto y del país, la situación demuestra que estas son instancias al alcance de cualquier nación y significa llevar la guerra a otros medios.

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Reacciones internacionales

La apuesta de Ucrania en instancias internacionales es acompañada de condenas por parte de diversos gobiernos y organizaciones, unas más contundentes que otras.

Países europeos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como la misma entidad, han condenado la invasión rusa, al tiempo que refuerzan posiciones en la frontera este de la OTAN.

En América Latina, Chile y Uruguay son algunos de los países más duros, el primero de ellos llamando una “agresión” a las acciones de Rusia. Otros, como Argentina y Brasil, tienen posiciones más pasivas, a veces sin hacer alusión a Rusia en sus declaraciones.

En su primer tuit al respecto, el presidente de la República, Carlos Alvarado, también condenó la “violación” al territorio ucraniano, aunque sin mencionar a Rusia.

La Asamblea General de Naciones Unidas emitió también una resolución contra la agresión en Ucrania, la cual tuvo 141 votos a favor, 35 abstenciones y solo 5 en contra: Siria, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia.

“Cuando hablamos de la comunidad internacional hablamos de una comunidad de valores y principios. Es importante que cuando uno de los integrantes comete una atrocidad, como la que está cometiendo Rusia, todos los demás reaccionen para hacer ver que eso no se puede hacer ni producirse por parte de otro socio”, explicó Boeglin.

Las acciones sirven también para aislar a Rusia diplomáticamente y exponer la posición de los países respecto al conflicto, aunque tendrían poco peso en la práctica, especialmente si provienen de países pequeños.