Por: Evelyn Fernández Mora.  23 marzo, 2014
 La Comisión de Notables es el más reciente esfuerzo del poder Ejecutivo para impulsar una reforma de Estado para aumentar la capacidad del sistema público, pero sus sugerencias no fueron adoptadas por los legisladores.
La Comisión de Notables es el más reciente esfuerzo del poder Ejecutivo para impulsar una reforma de Estado para aumentar la capacidad del sistema público, pero sus sugerencias no fueron adoptadas por los legisladores.

En el último cuarto de siglo, siete gobiernos de Costa Rica sembraron diez reformas del Estado integrales, pero ninguna germinó en forma concreta.

La reforma del Estado, para ampliar la capacidad de este aparato, modernizarlo o eliminar sus cuellos de botella, se vuelve así una aspiración permanente, pero cada vez más escurridiza.

La inquietud no se limita a los que llegan a Zapote. A lo largo de esos 25 años, se han creado 17 propuestas por parte grupos de especialistas y organizaciones de la sociedad, con intenciones de presentar una reforma del Estado profunda.

También son más difíciles los consensos en la reglamentación. Según el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea, en ese periodo se han impulsado 45 proyectos de ley relacionados con este tema, de los cuales solo siete se convirtieron en leyes (15%), tres están en estudio en alguna comisión especial y uno espera por un segundo debate.

Intentos gubernamentales

El primer intento en los 25 años que lleva el país en busca de la modernización del sistema político fue formalizado al crearse la Comisión Consultiva para la Reforma del Estado Costarricense (Corec I) en el primer gobierno de Óscar Arias (1986-1990) y continuada como Corec II en la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), aunque en ese periodo perdió dinamismo. .

Posteriormente, se impulsaron ocho propuestas gubernamentales de fondo, en las que se involucraron los siguientes cinco gobiernos hasta llegar al más reciente de la presidenta Laura Chinchilla: la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, que a un mes y medio de finalizar su gobierno, fracasó. El jueves pasado los diputados sepultaron la mayoría de sugerencias hechas por la Comisión de los Notables.

Reformas parciales

Pese a los resbalones en los intentos del Ejecutivo desde 1989 por presentar una reforma del Estado integral, se han logrado concretar algunas leyes que han dejado huella en el sector público.

Por ejemplo, la aprobación de la ley de fortalecimiento del sistema bancario nacional, que marcó la apertura de la banca privada, así como l a Ley de Justicia Tributaria , en el gobierno de José María Figueres.

Durante las últimas siete administraciones, uno de los avances más significativos ha sido la aprobación de diez reformas constitucionales relacionadas con reforma del Estado, las cuales deben ser aprobadas con 38 votos en tres legislaturas diferentes. Entre estas, la creación de la Sala Constitucional y el aumento al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.

¿Y a futuro?

Si un cuarto de siglo Costa Rica viene intentando una reforma de Estado integral y aún no se ejecuta, a futuro se vislumbra más complicado en medio de una coyuntura que se movió del bipartidismo al pluralismo político.

El tema de la reorganización del aparato estatal profundo exige un intenso poder de negociación y consenso, más aún que este año entrará a funcionar la Asamblea Legislativa más fraccionada de la historia.

Ante este entorno político, aunque un cambio de gobierno suele ser propicio para plantear los intentos de transformaciones fuertes, el panorama es complicado para el sucesor de Chinchilla.

Ninguno de los dos candidatos que aspiran a la Presidencia tienen previsto crear instancias o comisiones específicas para hacer una propuesta de reforma de Estado integral. Pero tampoco se quedarían de brazos cruzados.

La propuesta de Liberación Nacional es proseguir con un enfoque gradual que, de manera paulatina y consecutiva, vaya “destrabando” aspectos de funcionamiento del Estado.

“No es posible, en las circunstancias políticas actuales y con la composición de la Asamblea Legislativa, entrar a considerar una reforma del Estado de la magnitud que se ha sugerido tanto en documentos internos de la Campaña de Johnny Araya como por parte de terceras personas muy calificadas, como la Junta de Notables”, comentó Gonzalo Ramírez, coordinador del programa de gobierno del PLN.

Resaltó que propondrán ocho leyes, la constitución de tres entes formados a partir de funcionarios, plazas y recursos ya existentes, el fortalecimiento de la rectoría en dos ministerios, un fortalecimiento de la descentralización y un impulso a la gestión por resultados.

También pretenderán fortalecer el Ministerio de Planificación en su relación con la Dirección de Presupuesto de Hacienda, para valorar el cumplimiento presupuestario a la luz del Plan Nacional de Desarrollo y dar un fuerte impulso al gobierno digital.

Por su parte, el Partido Acción Ciudadana (PAC), en su “Plan Rescate”, no tiene ningún capítulo específico sobre reforma del Estado, ya que su propuesta no se enfoca en modificar sustancialmente la arquitectura institucional, sino en cambiar la gestión del Estado.

Olga Martha Sánchez, vocera del PAC en coordinación institucional, mencionó que Costa Rica tiene un aparato estatal suficiente, pero ha faltado control en la gestión y articulación interinstitucional.

Por tanto, Luis Guillermo Solís trabajaría en fortalecer el cuerpo de instituciones para que sea más eficiente, articulado, coordinado, planificado y con mayor transparencia, pero no más grande, y que brinde certeza jurídica y seguridad integral.

“En ese sentido, los cambios estarán más en las estrategias y calidad del ejercicio del poder necesario para llevar a cabo los mandatos y competencias del aparato público costarricense”, dijo Sánchez.

Estas propuestas podrían ser, al final, un asunto de pragmatismo. “Las reformas ‘desde arriba’, sean notables o no, pueden encontrar un camino difícil”, comentó el doctor en estudios culturales Carlos Sandoval.

Para el experto, el primer reto de la institucionalidad pública es cómo emplear de la mejor forma los recursos y con ello cumplir los objetivos trazados, así como trabajar en la coordinación a partir de retos y metas concretas y mensurables, lo cual no necesita variar la estructura de las instituciones, sino obtener una mejor coordinación y evitar traslapes.

En este contexto, se requiere de un proceso de diálogo con distintos actores para alcanzar acuerdos significativos, lo que es un verdadero reto en el país.

Intentos de Zapote

Corec I: Reforma presentada en primer gobierno de Óscar Arias.

Corec II: En 1990, Rafael Ángel Calderón dio seguimiento a la propuesta liberacionista.

Mideplan y AcuerdoNacional Razonable: Dos intentos se dieron en el mandato de José María Figueres.

Concertación Nacional y Comisión Presidencial: Ambos procesos los impulsó Miguel Ángel Rodríguez.

Comisión de Control y Ordenamiento de Gasto Público: Creada por Abel Pacheco en el 2002.

Ceare (Mideplan): Esfuerzo en segunda gestión de Arias, en el 2008.

Comisión de Eficiencia Administrativa: Propuesta gestada por la presidenta Laura Chinchilla en 2010.

Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática: Comisión de Notables de administración Chinchilla, creada en 2012.

Fuente XIX Informe Estado de la Nación.