Si usted es un costarricense que va a trasladarse por un plazo extenso a otro país pero desea conservar un trabajo a distancia con una empresa en Costa Rica, debe saber que requiere más que una computadora y conexión a Internet para hacerlo de forma legal.
Antes de viajar, debe cumplir con ciertos requisitos y velar por el correcto procedimiento legal; por ejemplo, acordar por escrito las condiciones con su patrono, verificar si puede trabajar legalmente desde el destino y revisar qué ocurrirá con sus seguros, impuestos y cotizaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El teletrabajo desde el extranjero está contemplado expresamente en la Ley N.º 9738, reformada por la Ley N.º 10673. Sin embargo, su aplicación es voluntaria para la empresa y la persona trabajadora y depende de un acuerdo entre ambas partes.
El Financiero conversó con Ignacio Guzmán, abogado de Guzmán & Durán Asesores Jurídicos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) y con Dunia Zamora, consultora y asesora fiscal, para esta guía.
1. Un acuerdo por escrito antes de la mudanza
Los expertos parten de la misma premisa: la primera conversación debe ser con el empleador.
Un traslado implica definir desde dónde se realizarán las labores, en qué horario y bajo cuáles condiciones, sin dar por hecho que la posibilidad de trabajar a distancia equivale a una autorización para hacerlo desde cualquier país.
“No basta con llevarse la computadora y continuar trabajando desde otro país”, advierte Guzmán. El abogado recomienda acordar el nuevo lugar de trabajo, los horarios, las responsabilidades y las condiciones salariales.
Para Zamora, conviene documentar el país y lugar de labores, la jornada, los mecanismos de supervisión, la confidencialidad, los equipos, la seguridad de la información y las reglas de reversibilidad de la modalidad.
La consultora también señala que el patrono debe “asumir todas las obligaciones establecidas en la presente ley y debe proveer los instrumentos tecnológicos, equipo, programas correspondientes, así como los seguros de riesgo de trabajo y otros requeridos para el debido ejercicio de su teletrabajo en el extranjero”.
La persona trabajadora debería conservar el contrato laboral, la autorización de teletrabajo, las constancias salariales y los comprobantes de pago. Además, Guzmán aconseja llevar una certificación del patrono que detalle el puesto, salario, antigüedad y permiso para trabajar desde el exterior.
2. La autorización patronal no reemplaza los permisos migratorios
El segundo punto es revisar las reglas del país donde se pretende vivir. Algunos destinos permiten el trabajo remoto para empresas extranjeras; otros exigen visas especiales, permisos de residencia, seguros o evidencia de solvencia para estancias prolongadas, explica Guzmán.
“La autorización del patrono costarricense no sustituye los permisos que puedan exigir las autoridades extranjeras”, señaló el abogado.
Por eso, además de obtener el visto bueno de la empresa, es necesario comprobar las disposiciones migratorias, laborales y tributarias del destino.
La duración del traslado también debe formar parte del análisis. Zamora recomienda estudiar cada caso tomando en cuenta el país de destino, la fecha de salida, los días de presencia fuera de Costa Rica, la naturaleza de los servicios y la regulación del lugar donde residirá.
3. Seguro médico y riesgos del trabajo: dos revisiones distintas
Antes de partir, el trabajador debe aclarar cómo recibirá atención si se enferma, sufre un accidente o enfrenta una emergencia médica.
Cotizar a la CCSS no supone acceso automático a servicios de salud en otro país, por lo que Guzmán recomienda valorar un seguro médico internacional y conocer los procedimientos de atención.
Esta protección no debe confundirse con la póliza de riesgos del trabajo. Según ambas fuentes consultadas, la legislación sobre teletrabajo exige que el empleador contrate cobertura de extraterritorialidad para esa póliza cuando autoriza labores desde el extranjero.
La revisión, por tanto, tiene dos componentes: comprobar la protección de salud durante la estancia y verificar que la cobertura de riesgos laborales contemple el trabajo fuera de Costa Rica. No se debe asumir que todas las pólizas operan de la misma manera en el exterior.
4. Mudarse no elimina automáticamente las obligaciones con la Caja y Hacienda
Es importante recordar que mantener el empleo con una empresa costarricense obliga a revisar cómo continuarán las cotizaciones y las retenciones salariales. El cambio de país, por sí solo, no resuelve esas obligaciones ni descarta que surjan otras en el destino.
“Mudarse al extranjero no significa que automáticamente desaparezcan las obligaciones con la CCSS o Hacienda”, explicó Guzmán. El abogado destaca que el nuevo país podría exigir contribuciones a su seguridad social o el pago de impuestos, según el tiempo de residencia y su legislación.
Eso sí, no existe una respuesta tributaria única para todas las personas. Guzmán señala que deben examinarse, entre otros elementos, la fuente del ingreso y las reglas aplicables en ambos países.
Zamora coincide en que la nacionalidad, el lugar de pago y el traslado de domicilio no determinan por separado la tributación, las cuotas de seguridad social o los derechos laborales: también importan los términos contractuales y las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo.
También se deben considerar los convenios para evitar la doble imposición y, cuando corresponda, valorar una consulta a la Dirección General de Tributación o una consulta formal a la CCSS sobre el aseguramiento.
5. No confunda empleo con servicios profesionales
Otro aspecto es precisar qué vínculo se mantendrá con la empresa, pues hay que distinguir entre teletrabajar desde el exterior dentro de una relación obrero-patronal y prestar servicios profesionales o técnicos de manera independiente. Los dos escenarios requieren análisis distintos.
Para los profesionales independientes, se debe revisar la territorialidad del ingreso, el domicilio fiscal, la posible aplicación del impuesto sobre remesas al exterior y los convenios para evitar la doble imposición. Estas consideraciones no deben trasladarse automáticamente al caso de una persona asalariada que conserva su empleo.
