"Contraloría"

“Sabemos que esto genera discordia y hacemos un llamado a la cordura a todos los colaboradores de la CCSS para que encontremos mecanismos pacíficos e institucionales para resolver cualquier diferencia que tengamos”, agregó Macaya.

La resolución de la Contraloría surge como respuesta a una denuncia presentada contra el los acuerdos que suscribieron las autoridades de la CCSS, el Gobierno y los sindicatos con el objetivo de mantener por fuera de la Ley el pago de incentivos salariales a los más de 57.000 trabajadores de la institución.

La junta portuaria tiene problemas y debilidades para identificar los proyectos y las zonas prioritarias a las que destina recursos para el desarrollo de la Vertiente Atlántica. Estas limitaciones se deben a que no existen metas ni indicadores para medir el impacto de cada iniciativa financiada.

Fallas y su abogada Maribel Gutiérrez decidieron no ofrecer declaración ni prueba documental ante el ente contralor bajo el alegato de que el caso también se encuentra en una investigación en la Fiscalía.