"Contraloría"

Fallas y su abogada Maribel Gutiérrez decidieron no ofrecer declaración ni prueba documental ante el ente contralor bajo el alegato de que el caso también se encuentra en una investigación en la Fiscalía.

Del 2013 al 2018 se encargaron 623 proyectos a operadores públicos, el 99% por contrato directo o principio de contratación administrativa, por más de ¢156.173 millones, según la Contraloría General de la República.

Tampoco tiene una arquitectura que asegure la integración de los sistemas. Además, hay carencias en seguridad y continuidad de la operación.

Esperamos que la presión por recaudar, no propicie retomar procesos que requieren muchísimos recursos y cuyos resultados han sido desastrosos, con un porcentaje de éxito paupérrimo en los procedimientos administrativos, tal cual lo refleja el informe de la CGR. Si la Administración retoma la línea que ha seguido a hoy, los resultados serán los mismos: “gastar pólvora en zopilotes”.