Si se aprueba el impuesto de renta a los salarios escolares 111.991 personas de Gobierno Central harán un aporte, lo que equivale a ¢3.731 millones. Este tributo será obligatorio y le permitirá al Estado generar un ingreso adicional para aliviar la presión sobre las finanzas públicas.
Esto es lo que se sabe sobre la ruta de intenciones que discutirán los diferentes sectores en las próximos meses con miras a una reducción de la deuda pública, una reconversión del déficit primario a superávit y transformaciones en empleo e instituciones estatales, en teoría, para siempre.
La ley 9830 de Alivio Fiscal añadió a esas exenciones una temporal del IVA sobre los arrendamientos para actividades comerciales de abril, mayo y junio de 2020.
La Dirección General de Tributación y la Dirección General de Hacienda realizaron una lista con las leyes que estaban exoneradas del impuesto general sobre las ventas y que mantienen su vigencia ante el nuevo Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Con más exenciones de las esperadas, ¿podrá Hacienda atender sus obligaciones? Sí o sí, bajo este escenario, el Gobierno tendría que buscar otro camino para sumar dinero a sus arcas, porque la reforma, que de por sí era insuficiente, se quedaría más que corta.
La exoneración es un instrumento de política pública que puede utilizarse para fomentar el crecimiento económico o ayudar a grupos vulnerables. El caso más claro son las exenciones que se le otorgan a las compañías del Régimen de Zona Franca.
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