El propósito es que las instituciones públicas brinden servicios digitales a toda la población, pero el principal reto será precisamente la ejecución de los proyectos planteados y el cumplimiento de las directrices emitidas.
Poder Ejecutivo reconoce que impulsar el gobierno digital no es solo tener trámites electrónicos y que el país tiene retos para avanzar en materia de digitalización y, en particular, con la firma digital.
A cada negocio se le financiará el 80% del costo total de participación. La empresa debe aportar el 20% restante en efectivo.
En análisis hay una cuarta devolución del Instituto. Ministerio ha encontrado 69 casos de posible revocación, extinción y lesividad de títulos otorgados antes de la apertura del sector.
Los fondos pertenecen al Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) y provienen de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ley de certificados, firmas y documentos electrónicos fue promulgada en agosto del 2005 y su reglamento se emitió en marzo del 2006. Tres años después se emitió la primera firma digital.
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