Rocío Aguilar: "En el escenario contrario, de no reforma, por supuesto no podemos seguir simplemente con el presupuesto que tenemos planteado para el 2019, así que habrá que hacer una operación de reducción importante de ese presupuesto porque será complicado y muy difícil su financiamiento".
Mandatario presentó argumentos ante los magistrados que estudian una acción de inconstitucionalidad contra del tope a las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.
Alvarado y Aguilar justificarán por qué es importante imponer un tope de ¢2,6 millones a las pensiones más altas del Gobierno en momentos muy delicados para las finanzas públicas del país.
En cuatro años -y sin reforma fiscal- la deuda pública podría brincar del 53% proyectado para 2019 al 70%. Es decir, el presupuesto nacional se financiaría con apenas 30% de ingresos.
Aguilar fue enfática en que el proyecto de ley de presupuesto ordinario para el 2019 no tiene “sorpresas” siempre y cuando no se registre una caída abrupta en los ingresos o se den condiciones financieras adversas para enfrentar el pago de vencimientos de deuda por parte del Gobierno Central.
El aumento del 17.5% se dio porque en esta ocasión se incluyó el pago de ¢80.000 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) monto que no había sido considerado el año anterior.
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