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Los 90 días de espera que otorgan algunas entidades financieras son opciones y las nuevas estructuras dedicadas a cobros prefieren actuar desde el primer día de atraso.

Los créditos fiscales sirven para disminuir la deuda fiscal, pagar recargos o multas pendientes e incluso solicitar la devolución en efectivo, mientras las facturas electrónicas son herramientas para descuento de facturas y cobro judicial.

La reforma se hizo porque desde que se implementó la factura electrónica, los tribunales consideraban que este comprobante no cumplía con los requisitos para iniciar un cobro judicial.

La nueva legislación beneficiará a los acreedores que emitan una factura electrónica de crédito por bienes o servicios contra el deudor en caso de incumplimiento de pago.

El incremento no se debe necesariamente a un acceso más amplio a la justicia por parte de la ciudadanía o de las empresas, sino más bien a una mayor judicialización de los conflictos por cobros de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros tipos de deudas.

Desde hace aproximadamente un año se discute en el ámbito jurídico la posibilidad de utilizar las facturas electrónicas como título ejecutivo en un proceso monitorio (conocido como cobro judicial).

Juzgado alega que comprobantes electrónicos solo son válidos para efectos tributarios, sin la firma del cliente o deudor.

La cartera de préstamos en cobro judicial creció 12,9% el año pasado en todo el sistema financiero

<em>Para acudir a la vía judicial ante un eventual incumplimiento de pago se recomienda la emisión de letras de cambio o pagarés. Al final de esta nota, puede descargar dos ejemplos.</em>

Seis bancos mostraron crecimiento superior a ¢1.000 millones en sus carteras con mora en juzgados