EscucharLas buenas notas de sus estudiantes no son congruentes con la falta de pago a tiempo de los centros educativos: siete de los colegios privados que más destacaron en las pruebas de ingreso a las universidades públicas deben unos ¢890,53 millones en cuotas a la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema). Cuatro de estos colegios cobran mensualidades por encima de los ¢300.000 por estudiante y uno roza los ¢500.000.
Estar moroso con Jupema significa que el centro educativo no trasladó a la junta el aporte obrero-patronal. Esa retención por parte de los patronos causa que sus empleados tengan menos cuotas registradas hacia su pensión, a pesar de que sí fueron reducidas de su salario. Colegios consultados por este medio mencionaron que han llegado a arreglos de pago con la Junta, sin embargo, la entidad los mantiene como morosos hasta que salden la totalidad de la deuda.
“Si esas cuotas no llegan a Jupema, esas personas van a tener un problema una vez que llegue la edad de retiro y que crean que tienen las cuotas para jubilarse, (luego) se dan cuenta que no las tienen porque esos centros educativos nunca las trasladaron”, explicó Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema.
Los colegios morosos
El Saint Joseph, en La Guaria, es el que más deudas acumula con Jupema en todo el país, no solo entre los colegios destacados en las pruebas de admisión. Este centro educativo incumplió sus obligaciones patronales por ¢506,90 millones, con datos a setiembre otorgados por la Junta.
Dicho colegio cobró una mensualidad de ¢397.000 por estudiante de sétimo año en 2024 y para 2025 piensa aumentarla a ¢410.000, según información recopilada por El Financiero en el Especial Colegios 2025. Esto es un 14,33% más de los ¢358.609 que el Ministerio de Trabajo estableció como salario mínimo para el presente año.
De los ¢506,90 millones que adeuda el Saint Joseph, un 21,84% están en cobro administrativo y un 78,16% en cobro judicial. Solo este centro educativo acumula un 10,35% de toda la morosidad que reportó Jupema en setiembre pasado.
El Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles también posee una deuda con la Junta: ¢199,70 millones, la mayoría, un 76,82%, ya en cobro judicial. Este centro cobrará una mensualidad de ¢250.000 el próximo año.
Kamuk School es otro de los colegios que cobra mensualidades importantes y que mantiene deudas por retención de las cuotas obrero-patronales con Jupema. Este centro adeuda ¢94,96 millones y cobrará ¢389.000 por estudiante de sétimo en 2025.
El Instituto Educativo Moderno cobró una mensualidad de ¢350.000 al mismo tiempo que mantuvo ¢31 millones de mora con Jupema.
El Sistema Educativo San Lorenzo mantiene una deuda de ¢29,34 millones, seguido de los ¢22,10 millones morosos del Saint Gregory School. Este último es el que más cobra entre los morosos según Jupema: su mensualidad a partir del 2025 será de ¢497.000.
El Colegio Bilingüe Santa Sofía es el que menos adeuda entre los colegios destacados, sin embargo, su mora es de siete dígitos: ¢6,36 millones. Dicho centró cobró ¢165.000 mensuales por estudiante y en 2025 la cuota subirá ¢10.000.
Todos estos colegios sobresalieron en por lo menos uno de los exámenes de admisión a las universidades públicas, destacados en el Especial Colegios 2025, una serie de reportajes de El Financiero que recopilan los centros educativos cuyos estudiantes obtuvieron mejores calificaciones.
Para elaborar los artículos de los colegios privados y subvencionados —aquellos que reciben estímulo estatal— que destacaron en el proceso de admisión 2023-2024 de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) o la Universidad Nacional (UNA), El Financiero solo consideró a los 50 que obtuvieron buenos promedios institucionales dichas pruebas y, además, contaron con la participación de diez o más estudiantes en las pruebas.
Para tener representatividad de todo el país, la cantidad de instituciones a destacar se repartió entre las siete provincias de acuerdo con la proporción de estudiantes de colegios privados de cada una de ellas con respecto a la matrícula inicial para 2024 de los centros privados de secundaria, que fue de 43.030 —según datos preliminares suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP)—.
Respuesta de los colegios
Marianella Zepeda, del Departamento Administrativo del Colegio Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles, comentó que la morosidad que aparece en la página de Jupema con respecto al centro educativo no refleja las cifras que ya tiene en arreglo de pago, “por lo que esa cantidad es menor”.
“Ya finalizamos dos arreglos y tenemos tres más (uno en plena ejecución y dos que se acaban de firmar)”, agregó Zepeda.
La funcionaria explicó que los empleados del colegio conocen de esta situación y saben que hay interés por resolverla “tan pronto como sea posible”. Además, expuso que si un trabajador de la institución va a realizar su trámite de pensión y en el proceso se encontraran cuotas que, por estar cancelándose en algún arreglo, no le han sido acreditadas, el centro educativo “hace la cancelación de esas cuotas para no atrasar el proceso y luego se le pide a Jupema que haga el correspondiente rebajo en los arreglos de pago que corresponda”.
Rommel Porras, director general de Kamuk School, aseveró el centro educativo formalizará un arreglo de pago para saldar el monto pendiente.
“Este compromiso refleja nuestra intención de regularizar nuestra situación financiera y cumplir con nuestras responsabilidades como institución educativa”, agregó.
Desde el Instituto Educativo Moderno se indicó, sin mayor detalle, que la información a la que tuvo acceso El Financiero se encuentra desactualizada porque el centro educativo ya cuenta con un arreglo de pago.
Karol Guillen, directora administrativa del Saint Gregory, consideró que Jupema incluyó en la información suministrada no solo a las instituciones morosas, sino a las que por alguna razón tienen un arreglo de pago formalizado. “Posiblemente esa sea la razón por la que nuestro nombre fue incluido en esa lista”, indicó.
“En nuestra institución somos muy responsables de nuestras obligaciones obreros-patronales (...) Al día de hoy, nuestro colegio está completamente al día con los pagos a Jupema”, agregó la directora administrativa del Saint Gregory.
Mario Luna, director académico del Colegio Bilingüe Santa Sofía, también mencionó a este medio que la institución llegó a un arreglo de pago desde el año pasado y que el personal tiene conocimiento de la situación. “Cada vez que se va haciendo un arreglo de pago, entonces se va liberando un monto de la cuota”, dijo.
El Financiero intentó obtener la versión del Saint Joseph y San Lorenzo, pero no fue posible. Al cierre de edición, aún se estaba a la espera de que el director del Saint Joseph “devolviera la llamada”, y el San Lorenzo no pudo ser contactado.
Este medio el consultó a Jupema si efectivamente los colegios mencionados anteriormente contaban con arreglos de pago y si los tenían por la totalidad del monto adeudado, no obstante, no se refirió específicamente a dichos casos. En cambio, sí confirmó que algunos de los centros educativos privados morosos han suscrito arreglos de pago, sin embargo, la condición de mora continúa hasta que el colegio no haya pagado la totalidad del monto adeudado en el arreglo de pago.
“Esto por cuanto se mantiene la afectación al derecho de pensión del trabajador de la educación hasta que la situación no se haya solventado. Es importante indicar que los arreglos suscritos también pueden presentar mora por incumplimiento del pago de las cuotas correspondientes, ya que algunos centros solo cubren parcialmente el importe adeudado”, le contestó la Junta a este medio por correo electrónico.
Según datos compartidos por Jupema, existen 137 arreglos de pago activos, 53 arreglos de pago, pero en cobro judicial, y 425 casos en cobro judicial. Esto en la totalidad de centros educativos morosos, no solo los mencionados previamente en este artículo.
Problema común
Estos siete colegios no son los únicos que están morosos. Según datos de Jupema, habían 187 centros educativos (es decir, también escuelas y prescolares) que le debían a la Junta un total de ¢4.898 millones a setiembre pasado.
Esto fue originalmente denunciado por Jupema en conferencia de prensa el pasado 20 de agosto. Desde los datos mostrados entonces (a julio), la mora creció en un 2,38% a setiembre.
Hay 10 colegios en los que se acumula un 56% del total de la mora. Cuatro de ellos —Saint Joseph School, Saint Margaret School, Saint Peter’s Primary and High School y María Auxiliadora School— están bajo la propiedad de un mismo grupo: Schools of Excellence Costa Rica, según denunció la Junta en agosto pasado.
En la siguiente tabla puede ver el nombre de todos los centros que estaban morosos a setiembre, dato más reciente compartido por Jupema:
Jorge Rodríguez, el presidente de la Junta Directiva de Jupema, mencionó en agosto que, de no existir esa morosidad, el fondo habría generado alrededor de ¢5.000 millones más por medio de rendimientos para sus aportantes. La totalidad de cotizantes afectados es de 2.481.
Pocas consecuencias
Arias, director de la Junta, mencionó que deberían haber consecuencias de mayor peso para este tipo de morosos, ya que actualmente lo que les sucede, en caso de no pagar, es un proceso de cobro judicial que puede ser extenso y que no necesariamente garantiza la recuperación de los activos.
El director de Jupema señaló el proyecto de ley 23.956 como una posible solución. Dicha propuesta legislativa haría que se pueda condenar la evasión de las cuotas obrero-patronales. “Eso vendría a dar una herramienta mayor, un control, para que estos evasores tengan una pena legal, entonces creemos que esa es una posibilidad que vendría a resolver una falencia que tiene el tema del cobro”, dijo Arias.
Arias también comentó que el MEP debería tomar un rol más activo respecto a las consecuencias a este tipo de evasiones. Actualmente el MEP pide como requisito para otorgar autorizaciones que los patronos estén al día con la seguridad social, no obstante, no hay una sanción para las entidades que ya están autorizadas y que caen en mora.
“Es positivo que el MEP avanzara con esta medida, sin embargo, en el caso de los centros educativos ya acreditados, es necesario que esta disposición aplique para cualquier trámite a realizar. Nosotros solicitamos en dos ocasiones una cita con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, desde el mes de agosto, sin que a la fecha haya contestado los oficios lo que nos preocupa, porque demuestra de alguna manera un desinterés de avanzar en un tema que afecta hoy el derecho de pensión de 2.481 trabajadores del sector educación”, dijo Rodríguez en un comunicado de prensa enviado el pasado 13 de noviembre.
*Colaboró la periodista Mónica Cerdas.
