La pandemia recordó una vez más las limitaciones del país en cuanto a seguros de desempleo y la necesidad de este tipo de coberturas ante posibles siniestros como la COVID-19.
La posibilidad para la población migrante de acceder al servicio de salud pública que ofrece la CCSS, así como optar eventualmente por una pensión por invalidez, vejez y muerte constituye un beneficio importante.
Este sistema de seguro de depósitos garantiza a los ahorrantes que recuperarán su dinero en caso de que la institución bancaria enfrente problemas que amenacen su continuidad en el futuro.
La aprobación de este expediente, que será sometido a votación en segundo debate el próximo jueves 6 de febrero, es el último paso para que Costa Rica cumpla con la transformación o creación de 14 leyes que le permitirán continuar su ruta de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La entrada de los bancos estatales como aportantes al fondo parece traer cola. Las cargas parafiscales y los créditos subordinados aparecen en el horizonte bajo el justificante de empatar la cancha entre los bancos públicos y los privados.
Los bríos que impulsan la iniciativa en el Congreso encontraron su motivación en un señalamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras un análisis del sistema financiero costarricense en 2018. El país corre contrarreloj para ingresar a esta organización internacional conocida como el “club de los países ricos”.
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