Por: María Fernanda Cisneros.   19 marzo
Diputados y asesores, tanto del Congreso como de Hacienda, finalizaban el martes los últimos detalles de la negociación sobre el proyecto de moratoria en el pago de impuestos. Foto: Cortesía Nueva República.
Diputados y asesores, tanto del Congreso como de Hacienda, finalizaban el martes los últimos detalles de la negociación sobre el proyecto de moratoria en el pago de impuestos. Foto: Cortesía Nueva República.

El Ministerio de Hacienda otorgará tres meses de respiro para los pagos parciales de los impuestos sobre las utilidades, al valor agregado (IVA) y la nacionalización de la mercadería, todo con el fin de reducir el golpe que puedan percibir las empresas por el nuevo coronavirus.

Se trata de una prorroga que aplicará en abril, mayo y junio, y podría ser extendida solo una vez más por el presidente de la República, para entonces incluir a julio del 2020.

El proyecto de Ley Alivio Fiscal ante el COVID-19, aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa, expone dentro de sus motivos que la economía local ha sido impactada por un impostergable ajuste fiscal y que el país necesita continuar en la senda de la consolidación fiscal. “Nos enfrentamos a una crisis sanitaria que tiene el potencial de convertirse en una crisis económica”, dice el texto, por lo que el Gobierno ve la responsabilidad de proponer una serie de medidas para apalear la situación.

La medida representa retos para las arcas públicas, pero a cuánto asciende ese riesgo. De entrada, implicaría el riesgo de un mayor desbalance fiscal y la necesidad de buscar nuevas fuentes de fondeo.

¿Cuánto dinero dejará de percibir Hacienda y cómo impactará esto a las finanzas públicas del Estado?

La recaudación de estos impuestos es de ¢480.000 millones, según respondió Hacienda a EF.

“Por la naturaleza misma de la economía, estimar un dato fijo resulta imposible”, respondió el despacho del ministro de esa cartera, Rodrigo Chaves, ante la consulta.

Más allá de esta prórroga, ese Ministerio espera una reducción en la recaudación, dado que al mismo tiempo diversos sectores de la economía generarían menores utilidades, las ventas se reducen y las exportaciones también, con lo que los impuestos que Tributación recauda y que están asociados a estos conceptos también se verían mermados.

“Lo que el Ministerio de Hacienda tiene claro es que dada la desaceleración de la economía, el monto de ingresos podría ser mucho menor”, citó el despacho del ministro de Hacienda.

Durante los últimos seis meses (julio 2019-enero 2020), Hacienda recaudó un promedio de ¢322.163 millones mensuales, por concepto de los impuestos a los ingresos y utilidades, ventas y consumo, incluyendo el detalle de aduanas que se cobra en estas dos últimas categorías.

Si se toma como referencia ese monto, el Gobierno perdería ¢966.488 millones entre abril y junio. Claro está que esta cifra asume que todo el monto no ingresa a las arcas del Estado, algo que no necesariamente puede cumplirse.

Aunque el aplazamiento en el pago parcial de estos impuestos generaría un alivio temporal a las empresas, ya que estas tendrían que cancelar los montos pendientes de estos tres meses a más tardar el 31 de diciembre, la propuesta a su vez implica riesgos para las finanzas públicas.

El Gobierno se expone a percibir un impacto en su déficit fiscal debido a una menor recaudación, en medio del camino que transitaba para alcanzar la sostenibilidad de sus arcas de aquí al 2024.

En el caso del IVA, el sector turismo y hotelero representa entre el 10% y 15% (unos ¢26.400 millones) de esa fuente de ingresos, y “durante esos tres meses ese monto puede llegar a cero". "De la recaudación del IVA, fácil podríamos perder medio punto y solo con esto ya estaríamos hablando que el déficit fiscal sería mayor”, afirmó Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos de Hacienda.

El déficit financiero (que incluye intereses) llegó al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, y la estimación de las autoridades económicas era que la cifra bajara a un promisorio 5,9% del PIB en 2020. La meta ahora se ve más difícil de alcanzar, así como igual de complejo se ve el panorama de la recuperación económica.

Al final, las cifras que reporte Hacienda para cada uno de esos meses hablarán por sí solas y permitirán conocer cuáles sectores fueron los más impactados por la situación económica actual.

También, permitirán conocer cuáles segmentos empresariales o industriales no requirieron aplicar la moratoria.

Detrás del proyecto

“Estamos corriendo algún riesgo, pero era necesario tirar un salvavidas a los negocios”, anotó Rodríguez, exviceministro de Ingresos de Hacienda.

Los contribuyentes, los consumidores, pagarán el impuesto al valor agregado (IVA) al comprar, pero el recaudador del impuesto, las empresas, se lo dejará para atender pagos de su operación y evitar despidos o cierres del negocio.

¿Cuáles son algunos de los riesgos que se corren? De entrada, en el caso de renta y aduanas, la medida se plantea para todos en general, sin hacer excepción de los comercios o negocios más afectados por el impacto económico del nuevo coronavirus.

Son pocos los negocios que reflejan mayor demanda hasta ahora, pero uno de estos son los supermercados, de los cuales se esperaría que aporten su pago y no lo trasladen.

Sin embargo, la ley abre la puerta para que la moratoria sea aplicada en general, y no solo a la población más afectada por el COVID-19.

“No deben ser subsidios generalizados, porque son muy caros e injustos”. Si considera que debe subsidiar a una pulpería, hágalo, pero no lo haga de forma que también beneficie a la gran cadena de supermercados, anotó Fernando Herrero, exministro de Hacienda.

Un riesgo para la acera tributaria es sin duda que al concluir el periodo de los tres meses de moratoria, las empresas no estén en capacidad de pagar los impuestos. De esto dependerá la situación económica y por supuesto, la evolución del COVID-19 y su golpe en el panorama mundial.

Otro riesgo es que sea necesario extender el plazo de la moratoria, algo que el proyecto de ley estipula que puede ocurrir en una sola ocasión, pero que impactaría una vez más las arcas del Gobierno si la economía sigue lenta.

La respuesta que den los bancos para aliviar el pago de créditos de las empresas como deudoras, también incidirá en la capacidad que estas tengan para atender otras obligaciones, como el pago de impuestos.

En esta línea, el Gobierno también firmó una directriz que insta a los bancos estatales y al Banco Popular a emprender acciones y reducir tasas, renegociar plazos y hasta prorrogar pagos.

Todos estos posibles efectos al final exaltan el desafío que viven Costa Rica y el resto de países con un desbalance en sus finanzas estatales. El alto nivel del déficit fiscal y de la deuda limitan el poder de acción, y cualquier maniobra que se adopte implicará riesgos.

Las obligaciones del Gobierno no se disipan, por lo que tendrá que buscar otras fuentes de fondeo, más allá de los impuestos.

La aceleración del proyecto de ley que propone que el Gobierno se adueñe de una porción de los superávits de 11 instituciones públicas parece necesaria en este momento.

Esos recursos ayudarían a mitigar el impacto de la moratoria, pero no deberían ser la única vía por adoptar.

“Hay que volver la mirada a las operadoras de pensiones para que se levante el tope de inversión en instrumentos del Gobierno, tienen mucha liquidez y ahorita el país requiere de estos recursos, después se regresa al tope”, comentó Rodríguez.

Adicionalmente, resulta imperativo que el Gobierno acuda nuevamente al sector externo en busca de una nueva emisión de eurobonos, algo que no necesariamente debe darse ya porque los mercados están convulsos.

Lo que se puede negociar es su aprobación en la Asamblea Legislativa, para que cuando pasen los nublados del día, el Gobierno ya tenga el aval para acudir al mercado y aprovechar ventanas de oportunidad.

La necesidad de acudir al mercado externo se da por varias razones: no presionar las tasas locales, necesidad de recursos y por último, dado que el sector turismo y exportador estarán golpeados, se necesitan divisas que ingresen al país para que el tipo de cambio no enfrente fluctuaciones violentas.

El monto inclusive tendría que ser más alto de los $1.500 millones a los que accedió en 2019, anotó Rodríguez.

Sobre las opciones de fondeo, Hacienda indicó que “cuenta con reservas de liquidez, liquidez disponible dentro de Caja Única, empréstitos de organismos internacionales, y operaciones de captación regular en el mercado nacional".

Los empréstitos requieren aprobación del Congreso y para este año estaban estimados en $1.430 millones.

La crisis a la que se enfrenta el mundo por el golpe del COVID-19 también incide en Costa Rica, y la incertidumbre prevalecerá hasta tanto saber cuál será el impacto real de este nuevo coronavirus.

Mientras tanto, parece que al Gobierno no le queda más que tomar medidas apremiantes para apoyar las finanzas de las personas y negocios, aun a costa de sus propios resultados financieros.