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Este jueves 25 de febrero la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (Acop) advirtió del posible riesgo para las operadoras y sus afiliados que podría desatar una exactitud en el proyecto de ley 22.261.
El proyecto presentado el 20 de octubre por la legisladora Yorleni León pretende gravar con impuesto sobre la renta a las denominadas multipensiones.
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De acuerdo con el director ejecutivo de Acop, Danilo Ugalde, una serie de inexactitudes en el proyecto de ley amenazan la estabilidad de los fondos voluntarios.
El estudio sobre pensiones voluntarias fue elaborado por ACOP a solicitud de la diputada liberacionista Yorleny León, quien impulsa el proyecto de ley 22.261 para gravar con impuesto sobre la renta las denominadas multipensiones.
“Establecer un impuesto de renta sobre esos fondos se convertiría en un estímulo inmediato para el retiro masivo, con lo cual no sólo desaparecería el régimen voluntario, sino que además el fisco no recaudaría más que una ínfima suma de dinero, dado que los fondos tipo A, donde están los cotizantes con más recursos acumulados, podrían retirar todo el dinero de inmediato”, expresó Hermes Alvarado, presidente de ACOP.
Las Operadoras Popular Pensiones, BCR OPC y BN Vital, que reúnen el 86% del total de cotizantes de los fondos de pensiones voluntarios del país (RVPC), determinaron que el 90% de sus afiliados aportan menos de ¢50.000 al mes a sus cuentas, o menos de $100, en el caso de aquellos tienen sus planes en la moneda estadounidense.
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Del activo neto administrado por las operadoras a diciembre del 2020, el 73% (Fondos A) podría extinguirse de inmediato sin recargo tributario y el 27% restante también se liquidaría con una pequeña penalización.
Por esta razón de acuerdo a Acop, una eventual tasa de renta para las pensiones voluntarias impactaría también el sector financiero nacional debido a la liquidación masiva de valores que tendrían que hacer la Operadoras de Pensiones, lo que por consecuente afectaría el precio de los títulos, tasas de interés y rendimientos.
Además, los planes voluntarios están altamente concentrados en títulos del Sector Público (más de un 70% a julio del 2020), y de presentarse un desincentivo para este tipo de ahorro, el Gobierno vería disminuida sus posibilidades de financiamiento.
