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Luego de que el perito diera un dictamen negativo a la solicitud que presentó Aldesa para la Administración y Reorganización con Intervención Judicial (AIJ), la compañía presentó una impugnación del informe.
Adicionalmente, solicitó una ampliación y aclaración del reporte del perito, “haciéndole ver las carencias de sus conclusiones”, cita un comunicado enviado este 17 de abril a sus inversionistas.
Si el Juzgado Concursal rechaza de forma definitiva la intervención judicial, a la empresa no le quedaría otro camino más que quebrar.
Sin embargo, Aldesa busca otro camino para evitar ese riesgo y consiste en dejar atrás la intervención y proceder a un convenio preventivo de acreedores.
El convenio supone una serie de supuestos que deben ser aprobados por los acreedores, permitiendo que la compañía mantenga activa su operación para cumplir con el pago de las deudas.
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“Es muy importante recalcar que en caso de que el Juzgado le dé curso al convenio preventivo, todos los acreedores deberán legalizar sus créditos en los próximos 15 días a partir de dicha resolución”, anota el comunicado firmado por Javier Chaves, presidente de Aldesa Corporación de Inversiones.
Textualmente, el documento expone lo siguiente:
- Por las características operativas de la empresa y el conocimiento de sus proyectos inmobiliarios, se mantiene la continuidad de la administración en Aldesa que actuaría en conjunto con el curador que por ley deberá nombrarse.
- Se mantiene la individualidad de cada proyecto que genere flujos de caja para pagar sus propios pasivos, los cuales se irán cancelando conforme la capacidad de generación de esos flujos de caja previstos en los planes de cada proyecto, en un plazo máximo de hasta 8 años.
- Se le dará prioridad de pago a cualquier nuevo préstamo o crédito de proveedores de Aldesa o sus proyectos inmobiliarios, con prelación a cualquier otro pasivo existente a la fecha, por cuanto representan una fuente clave para la reactivación y ejecución de los proyectos.
- Se solicita una moratoria en el pago de intereses por 3 años a partir de la aprobación del acuerdo y se establece que se pagarán a partir del cuarto año a una tasa de referencia (tasa básica o prime rate) dependiendo del flujo de caja de la empresa o del proyecto inmobiliario.
