Por: Paula Umaña.   25 abril
El impuesto a las remesas al exterior se cobra a los pagos por bienes o servicios que adquiere una empresa nacional por medio de otra firma en el extranjero. Fotografía: Shutterstock.
El impuesto a las remesas al exterior se cobra a los pagos por bienes o servicios que adquiere una empresa nacional por medio de otra firma en el extranjero. Fotografía: Shutterstock.

Un eventual aumento en el impuesto que se paga por los reaseaguros en el extranjero ha carecido de buen ambiente en el sector asegurador del país, que señala que una eventual afectación directa en el costo de algunas primas para los asegurados.

Se trata del proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal (22.369.), presentado por el Ejecutivo como parte de las iniciativas para disminuir el déficit fiscal que aqueja al país. La iniciativa aumentaría en cinco puntos porcentuales las remesas al exterior, lo que incluiría las tarifas para los reaseguros que pasarían de 5,5% a 10,5%.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el superintendente Tomás Soley, quien en respuesta a la consulta que la Asamblea Legislativa le remitió sobre el proyecto, calificó como “excesivo” el incremento propuesto por el proyecto.

Soley aseguró que en los términos en que se encuentra el proyecto de ley y ante la ausencia de un tratado marco de doble imposición —Costa Rica lo tiene solo con algunos países—, lo que se estaría generando es la obligación de los reaseguradores de pagar vía gravamen de remesas al exterior el impuesto de renta en Costa Rica y verse obligados también a cancelar el respectivo impuesto de renta en su país de origen.

“Tal situación generaría un gasto adicional que necesariamente será transmitido vía costo a las primas de seguros que pagan los asegurados”, señaló Soley en la carta enviada a la Asamblea Legislativa.

La opinión la respalda la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP), desde donde calculan que el aumento en las tarifas a los asegurados puede ser de un 5,5% en seguros generales, como la línea de incendio y de 6,1% en los seguros de personales.

“Es un contrasentido, mientras nuestra economía requiere reactivación económica y protección ante los desastres naturales acaecidos por el cambio climático, las empresas van a tener que enfrentar más gastos por el aumento en las tarifas (...) y las personas verían afectada su posibilidad de acceder a la protección del aseguramiento”, manifestó Norma Montero, directora ejecutiva de AAP.

Ante la opinión del sector, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que la propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa fue negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incorpora un ingreso ya medido para efectos del ajuste fiscal que el país requiere. Aseguró, además, que el porcentaje de productos que utilizan reaseguros en el extranjero es de alrededor de un 10% a 15%.

“Es respetable lo que señalan las empresas aseguradoras, pero hay que tener cuidado que no todos los seguros tienen reaseguro. Desde ese punto de vista es importante señalarle a la gente, incluso los seguros más populares como los de vehículos o salud en su mayoría no tienen reaseguro, escasamente tendrán componente de aseguro catastrófico; no afecta la totalidad de las primas que recibe”, señaló Villegas, quien en el pasado fue presidente del Instituto Nacional de Seguros.

Aseguradoras contra el proyecto

Por su lado, el Instituto Nacional de Seguros (INS) también envío la opinión a Asamblea Legislativa sobre el proyecto, en la que señaló dos recomendaciones en particular sobre el aumento del impuesto en los reaseguros:

1. Valorar la proporción del aumento de 5,50% a 10,50%. “Con la tarifa original, el país ya se ubica como uno con los porcentajes más altos de la región”, señaló la institución.

2. Que el aumento en el impuesto se acompañe de algún tipo de mecanismo, a efectos de prevenir o remediar los efectos de la doble imposición y evitar así el riesgo de que ante la imposibilidad de acreditar o deducir el impuesto por parte de los reaseguradores, estos impongan a las empresas de seguros nacionales que los impuestos que se retengan sean asumidos por la empresa costarricense, lo cual podría presionar a un incremento en las primas que se cobra a los asegurados.

Según Sugese, muchos países de la región latinoamericana tienen tasas de impuestos que pesan sobre las primas de los reaseguros que oscilan entre 0% y 5%.

Aseguradoras privadas

Desde una de las aseguradoras privadas del país, Roy Medina, gerente general de Mapfre Costa Rica, se unió a la posición de Sugese respecto al proyecto de ley y aseguró que además del incremento automático en las tarifas a los asegurados, también se aumentarían los costos operativos del Estado al tener un incremento en el aseguramiento de su infraestructura y generando mayor presión a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al reducirse la capacidad de las empresas de mantener un seguro de salud privado.

“Sin lugar a dudas, el impacto se aplicaría directamente a la prima y por consecuencia trasladado a los asegurados, afectando todas las líneas de seguros, principalmente vida, salud, accidentes personales e incendio y líneas aliadas”, señaló Medina.

A Medina se unió Giancarlo Caamaño, gerente general de la Compañía ASSA, quien destacó el reaseguro es una herramienta vital para la actividad y la gestión adecuada de los riesgos; así como Daniel Hernández, presidente ejecutivo de Oceánica Seguros, quien comentó que la situación podría desincentivar a los ciudadanos a acceder a ciertos productos.

“La tarifa actual del impuesto ya de por sí es la segunda más alta de América; la propuesta, de ser aprobada, debilitaría la capacidad de resiliencia del país para afrontar riesgos por cambio climático, terremotos, pandemias, para citar algunos”, aseveró Caamaño.

Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las principales catástrofes en el país están relacionadas con terremotos, inundaciones y deslizamientos. La organización señaló dos ejemplos: el terremoto de Nicoya que significó ¢26.100 millones en reclamos pagados y el huracán Tomas, que hubo una indemnización total cercana a los ¢10.000 millones.

“El impacto de estos eventos catastróficos en aseguradoras fue bajo, porque la mayoría de estos riesgos fueron cubiertos por reaseguro”, señaló la OCDE. Los aseguradoras privadas contratan los reaseguros principalmente en Estados Unidos y Europa.