La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para exigir el fin del congelamiento en los ingresos del Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
La medida busca beneficiar a más de 30.000 personas jubiladas, lo que representa cerca del 65% de esta población, cuyos ingresos han permanecido estancados desde enero del 2021.
El reclamo ataca directamente los artículos 2 y 79 de la Ley Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (7531).
La agrupación argumenta que la normativa omite el mecanismo de revalorización por costo de vida para la mayoría de los jubilados de este régimen, lo que genera una vulneración al principio de igualdad y no discriminación.
“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional, con el debido fundamento, para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación. Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento, más aún cuando la vía legislativa fue frenada tras el veto presidencial a un proyecto que buscaba dar un alivio urgente a los montos más bajos”, afirmó Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA.
Regla fiscal y pérdida de poder adquisitivo
El estancamiento en las pensiones obedece a la aplicación de la regla fiscal, contenida en la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No.º 9635), la cual impone restricciones cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto.
No obstante, la asociación argumenta que la propia legislación establece que no se pueden congelar las revalorizaciones por costo de vida dirigidas a jubilados.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre enero del 2021 y diciembre del 2025, el costo de vida acumuló un crecimiento del 9,04%. Este escenario provocó un deterioro en la capacidad de compra de las personas adultas mayores para atender sus necesidades básicas.
AJA solicitó a los magistrados emitir una sentencia que ordene al Ministerio de Hacienda aplicar, de forma automática y semestral, los incrementos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las pensiones amparadas a las leyes 2248 y 7268.
En contraste con la población afectada, cerca de 16.000 personas pensionadas del RTR, amparadas bajo la misma ley 7531, sí reciben sus revalorizaciones automáticas semestrales.
La agrupación considera que el beneficio es un derecho legítimo que debe mantenerse, pero cuestiona la arbitrariedad del marco legal al no aplicar las mismas condiciones a todo el colectivo administrado por la misma institución.
