EscucharEl Sistema de Banca Para el Desarrollo (SBD) y el Banco Popular pondrán a disposición dos fondos de avales para que personas vulnerables a préstamos gota a gota puedan obtener un crédito en una entidad financiera formal.
Este fondo, llamado Impulso al Microcrédito, forma parte de una iniciativa realizada por ocho entidades financieras y el Ministerio de Economía, Industrias y Comercio (MEIC) con el fin de reducir el riesgo de que más personas tengan que acudir a prestamistas informales con condiciones abusivas y hasta peligrosas o extorsivas, mejor conocidos cómo préstamos “gota a gota”.
“Esto va a permitir abrir las posibilidades de colocación de crédito entre actividades productivas desarrolladas por personas, sobre todo vulnerables a este tipo de préstamos (...), está dirigido a personas afectadas por situaciones de emergencia, personas que tienen gastos imprevistos en el giro normal de sus actividades de pequeños negocios o requerimientos de capital para los mismos”, mencionó Francisco Gamboa, ministro del MEIC, en el evento de presentación del programa este 28 de mayo.
El operador financiero será el encargado de velar por las condiciones de elegibilidad de los beneficiarios, agregó Gamboa.
Gina Carvajal, gerenta general del Banco Popular, confirmó que el fondo creado por esta entidad con los recursos de la banca social estará a disposición de todas las instituciones financieras.
Según mencionó la oficina de prensa del Popular, el fondo contará con ¢10.000 millones y se espera llegar a unas 15.000 personas, preliminarmente.
Todavía no se ha obtenido una confirmación de cuánto será el tamaño de los recursos del fondo de avales del SBD.
Participación múltiple
En la iniciativa participaron el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular, el BAC, Coopenae, Coocique, Coope Ande y Coopealianza.
Cada una de dichas instituciones pondrán a disposición un producto por entidad con requisitos y garantías simplificadas para que más personas en vulnerabilidad puedan acceder a microcréditos. Los interesados pueden comunicarse con estas entidades para conocer más sobre cuáles son las opciones diferenciadas que tienen para microcréditos.
En la actividad de presentación participó el presidente Rodrigo Chaves, el cual declaró la iniciativa de interés público.
Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) reconoció la importancia de la iniciativa, sin embargo, mencionó que hay ciertos puntos que deberían tomarse en cuenta.
“Habría que revisar bien si hay un límite de financiamiento por persona, porque si hay un límite puede ser que algunos créditos no se puedan atender, aunque la persona tenga ingresos. Luego está el tema de las condiciones de pago: si me van a obligar a una cuota muy favorable, pero que no se ajusta a mi situación financiera, estoy bien emproblemado”, mencionó Montero.
Según la encuesta nacional de endeudamiento de la OCF, hay alrededor de 220.000 personas que han tenido que acudir al gota a gota.
Entre enero del 2019 y el 29 de abril del presente año se han identificado un total de 1.049 delitos denunciados relacionados con este tipo de préstamos, la mayoría correspondiente a extorsiones y amenazas.
Críticas a la ley de usura
Durante el evento, el presidente Chaves criticó la implementación de la ley de usura, la cual mencionó que está causando parte de la exclusión financiera que ha llevado al crecimiento de los créditos gota a gota.
“La ley de usura vino a crear escasez. Los bancos, a mi no me pagan para defenderlos, tienen un punto legítimo: si usted no me deja cobrar lo que yo creo que vale este crédito, lo sacan y excluyeron financieramente a muchísimas personas (...), la ley de usura fue un error”, dijo el mandatario.
La ley de usura (N° 9859) entró en vigencia en junio de 2020 y puso un límite a las tasas de interés que pueden cobrar los prestamistas a sus deudores con el fin de evitar cobros de intereses desproporcionados.
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Figuras importantes del sistema financiero, como la misma jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, han criticado dicha ley, alegando que genera exclusión financiera. Esto debido a que habrían deudores cuyos riesgos pueden ser considerados mayores a lo que la tasa máxima permite cobrarles.
En el comunicado de prensa enviado por el BCR y el Banco Popular se menciona que uno de los ejes de la iniciativa es “proponer un ajuste normativo para flexibilizar algunos parámetros de las reglas que aplican a las instituciones financieras, para permitirles ofrecer mejores condiciones a los clientes”.
