La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó un plan de cambio organizacional compuesto por 12 propuestas de cambio organizacional.
Este movimiento estratégico, diseñado para hacer frente a nuevas obligaciones legales y al crecimiento del ecosistema de pagos, representará una factura anual de unos ¢1.500 millones para el ente emisor.
Así se manifestó en la sesión del 5 de agosto, según consta en el acta correspondiente, donde además se señaló que el impacto presupuestario se desglosa en un aumento del costo salarial anual al cual se suman los gastos derivados de espacio físico y costos corporativos.
En total, la planilla de la autoridad monetaria crecerá con la creación de 42 nuevas plazas netas, la reclasificación de ocho puestos para elevar su categoría profesional y la sustitución de dos plazas de manera equivalente.
Una de las principales justificaciones para este incremento en el gasto operativo es la necesidad de fortalecer la regulación en el mercado financiero.
La División de Sistemas de Pago absorberá 15 de las nuevas plazas. De estas, 13 estarán destinadas a la creación de un nuevo departamento exclusivo para el Sistema de Tarjetas de Pago, cuya misión central será aplicar la Ley de Comisiones Máximas (Ley 9831) de forma separada a la operativa del Banco.
Las otras dos plazas de esta división se asignarán al Área de Vigilancia para supervisar el explosivo crecimiento del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), que actualmente procesa más de 1.000 millones de transacciones anuales y conecta a unas 125 entidades.
Respuesta a saturación de capacidad actual
El grueso de las contrataciones se concentrará en la División Transformación y Estrategia, que sumará un total de 24 plazas nuevas.
Departamentos como Planeamiento y Control de Gestión (siete plazas), Calidad y Mejora Continua (siete plazas) y Relaciones Institucionales (cinco plazas) reportaron sobrecargas críticas de trabajo.
Durante la sesión, se argumentó que el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Contraloría General de la República, la carga operativa impuesta por la transición hacia la Ley Marco de Empleo Público y las crecientes exigencias de rendición de cuentas han saturado la capacidad instalada del personal actual.
El reacomodo de personal también alcanza a áreas de soporte, como el Departamento de Servicios Institucionales, con la creación de cuatro plazas y la reclasificación de tres asistentes a técnicos, con el fin de robustecer el control de más de 28.000 activos fijos, seguros y la fiscalización global sobre la Fundación Museos del BCCR.
Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclasificó a un profesional ante la mayor complejidad que supone el crecimiento del patrimonio del fondo y el desarrollo de protocolos para actuar en escenarios de tensión o crisis bancaria.
Según la justificación técnica aprobada por la Junta Directiva, estos cambios no solo atienden brechas operativas puntuales, sino que se catalogan como “habilitadores de la modernización institucional” y son necesarios para sostener el modelo operativo del Banco Central proyectado hacia 2030.
