EscucharLa inédita acumulación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda se convirtió en un salvavidas para el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo representa una pesada carga financiera y un reto estratégico para el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En la reunión de la Junta Directiva del Banco, que tuvo lugar el 19 de agosto, este tema fue objeto de discusión, tal como consta en el acta pública.
De acuerdo con los datos presentados, al 17 de agosto el Gobierno mantenía un saldo combinado en moneda extranjera de $2.145 millones depositados en las cuentas del BCCR.
Ese monto funciona como un sólido escudo financiero, ya que es más que suficiente para cubrir los $2.090 millones en vencimientos de deuda (principal e intereses) proyectados para el último trimestre del año en curso y el primer semestre de 2027.
Es decir, Hacienda tiene garantizada su tranquilidad y liquidez para los próximos diez meses sin presiones de financiamiento externo.
No obstante, dicha bonanza estatal le pasará una millonaria factura a la autoridad monetaria: durante el segundo trimestre del año, el Central reportó un fuerte incremento de ¢591.000 millones en sus pasivos sin costo, fuertemente impulsado por los depósitos del Gobierno.
La propia Administración del Banco reconoció ante los directivos que esta etapa de recursos gratuitos “se va a acabar” conforme Hacienda empiece a trasladar y utilizar esos dineros en las nuevas facilidades remuneradas creadas por el Central.
Con esto, el gasto proyectado del BCCR para pagarle intereses al Ministerio de Hacienda saltaría de los ¢36.000 millones presupuestados en 2026, a ¢102.000 millones para 2027. Es decir, casi tres veces más.
Presupuesto a la defensiva y choque por las tasas
Para hacer frente a esta costosa absorción de liquidez estatal y a la compra de mayores reservas internacionales, la Administración del Banco Central estructuró un presupuesto preliminar para 2027 sumamente conservador y “estresado”.
Como medida de gestión de riesgo, el cálculo asume que la Tasa de Política Monetaria (TPM) promediaría un 6,5% el próximo año. La cifra se calculó utilizando el percentil 90 de los últimos 10 años.
Cabe destacar que esta decisión técnica generó tensiones en el seno de la Junta Directiva. Por ejemplo, el directivo Jorge Guardia advirtió que plasmar un supuesto de TPM del 6,5% (muy por encima de los niveles actuales) puede generar confusión.
“La otra inquietud es si la Contraloría nos va a presentar problemas al estar nosotros inflando el presupuesto o poniéndolo desde otro punto de vista para tener suficientes recursos y poder gastar si las circunstancias cambian. Eso también me parece a mí que puede ser el problema”, añadió Guardia.
Pablo Villalobos, gerente de la entidad, replicó que se respaldan en que tanto los recursos como sus excedentes no se pueden gastar en otros medios que no sean los mismos gastos financieros para los que están destinados, excepto que se apruebe alguna situación particular.
De igual forma, aseguró que dichos escenarios no contradicen la actual postura de política monetaria que tendrá el BCCR.
“Esto no es una proyección ni de montos, ni de precios de tasas, es un escenario conservador, para nada tiene que ver con la postura de política monetaria que va a tener el Banco… es como un ejercicio de gestión de riesgo, porque el BCCR puede dejar de hacer política monetaria, independientemente de la situación macroeconómica interna o externa que se presente”, comentó Villalobos.
¿Es sostenible la riqueza de Hacienda?
El debate interno en la sesión también giró en torno a cuánto tiempo durará realmente esta abundancia de recursos públicos.
En su propuesta inicial, la Administración del BCCR contemplaba que el saldo de las operaciones remuneradas de Hacienda tendría un crecimiento del 6,6% durante el 2027.
Ante esta premisa, el directivo Rudolf Lücke cuestionó el optimismo de la proyección. Lücke argumentó que, lejos de crecer sostenidamente, los saldos del Gobierno probablemente caerán, pues Hacienda deberá utilizar una gran porción de esos recursos para hacerle frente a los fuertes vencimientos de deuda proyectados para el tercer trimestre de 2027.
Como resultado de estas discrepancias técnicas, la Junta Directiva frenó la validación de esa partida específica y ordenó a la Administración someter a revisión el cálculo de los millonarios depósitos del Gobierno, obligando a reanudar la discusión del presupuesto financiero en una sesión posterior.
