Las proyecciones que lanzó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el bienio 2018-2019 llegaron sin grandes sorpresas, mientras lo que sí estaba fuera del radar de los agentes económicos fue el acuerdo que tomó la entidad sobre el manejo de los precios.
El escenario de un alto déficit fiscal y de un reducido crecimiento económico, aunque amargo, era el previsto por el mercado, dado el estrujamiento de las finanzas públicas y las continuas alertas de la necesidad de una reforma.
La novedad fue la adopción de un "esquema flexible de meta de inflación", el cual implica que el Central cuenta con la madurez y credibilidad suficiente para ajustar sus instrumentos de política monetaria en la dirección que considere, mientras la población confía en que velará y cumplirá su meta de inflación.
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El rango meta del Central queda intacto (se ubica entre 2% y 4%), coherente con el comportamiento de los principales socios comerciales del país, pero la autoridad monetaria declaró de forma explícita la adopción de un esquema de metas de inflación. Estaba en transición a este sistema desde 2005 y lo atendía sin antes haberlo formalizado.
Lo hace este año, de acuerdo con economistas, debido a que la ausencia de presiones que permitan pensar que existirán complicaciones para atender ese objetivo inflacionario.
Mediante este esquema el Central cuida otros indicadores, más allá de la inflación.
Bancos centrales del mundo aplican esquemas de este tipo. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cuida su inflación, pero está pendiente de variables como la actividad económica y la tasa de desempleo para tomar decisiones de política monetaria.
En nuestro país, el mensaje es claro. El BCCR está más comprometido con la estabilidad económica y hará los ajustes que se requieran si el escenario pone en riesgo su meta de inflación, aunque esto inclusive pueda perjudicar la gestión de la deuda por parte del Gobierno.
Es ahí en donde entra en juego su credibilidad.
El mercado mantendrá su confianza en el Central en tanto este actúe consistentemente con sus objetivos y no de forma condescendiente para que el Gobierno se financie favorablemente.
La teoría dicta que en un esquema flexible de inflación y de tipo de cambio, un banco central actúa de forma anticipada y ajusta la tasa de interés – a la baja o al alza – cuando espera presiones en los precios. Esto lo hace en vez de intervenir mediante la compra o venta de divisas para la estabilización cambiaria.
Ahora, esto tampoco significa que la intervención será nula, sino que se acudirá a esta medida únicamente cuando existan fluctuaciones abruptas o el tipo de cambio se desvíe de su tendencia.
“Si ya estoy en metas de inflación, me parece que significa que periodos como el del primer semestre de 2017, donde el Banco Central intervino fuerte, en teoría ahora no sucederían”, sino que el BCCR debería de ajustar tipos de interés ante sufrimiento de variables que brinden presión, explicó el economista José Luis Arce.
Si el Central aplica este esquema tal y como lo explica la teoría, por un lado, existirá menos certeza del comportamiento del tipo de cambio y por otro, el BCCR acudirá de forma más frecuente a ajustes en sus tasas de interés, cuando existan variables que presionen los precios.
Lo anterior aun cuando ese incremento de tasas impacte al Gobierno Central y se traduzca en un estrujamiento de las ya desgastadas finanzas públicas.
Si estas medidas se unen a la presión que pueda ejercer el apetito de la Tesorería Nacional por captar recursos en el mercado local, los tipos de interés tendrán más impulsos al alza.
En la práctica, algunas medidas de incrementos de tasas ya se habían gestado. Al lado del anuncio explícito de este esquema, la autoridad monetaria anunció un alza en su Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 4,7% a 5%.
Además, en el último año, la TPM subió en siete ocasiones (inició el 2017 en 1,75%).
Un factor adicional que podría determinar el rumbo del Central es el contrato de $1.000 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), que se aprobó el 2 de octubre de 2017, pero el ingreso de los fondos no se ha realizado.
Este dinero está contemplado en el Programa e inclusive indica que en 2019 llegaría el primer pago de la amortización del principal por $500 millones.
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Entre tanto, toda esta gestión de política monetaria deberá lidiar con un panorama complicado.
Por un lado, está el déficit fiscal que alcanzaría una cifra de 7,1% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en este 2018 y llegaría a 7,9% en 2019.
Estas previsiones no contemplan la existencia de una reforma fiscal, que de todas formas sigue lejos de concretarse mientras toma protagonismo la contienda electoral.
La presión del déficit se trasladaría a las tasas de interés en colones y también podría restringir los recursos disponibles para ofrecer crédito, si los intermediarios prefieren invertir en vez de asumir el riesgo de acelerar el crédito en épocas de presión de tasas.
Este mayor financiamiento requiere de recursos extra para atender las obligaciones e intereses que genera la deuda. Al final, el apetito se evidencia en la competencia del Gobierno por atraer los recursos del mercado.
Recientemente, Hacienda ha tenido que acudir a ventanillas o subastas con una tasa de interés por encima del promedio del mercado, con tal de ser una opción atractiva.
Un ejemplo fue la ventanilla en la que ofreció una serie de $400 millones, con vencimiento al 2029, a una tasa de 7%. Mientras, un bono con vencimiento un año después ofrecía 6,25%.
Además de la apuesta por captaciones agresivas o atraer a bancos estatales y privados, otra forma de recoger más recursos es cerrar los contratos con mercados internacionales (los $1.500 millones que se anunciaron en noviembre de 2017), explicó Silvia Jiménez, jefe de Análisis y Estrategia de Inversión de Mercado de Valores.
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Además del déficit, el Central enfrentará un crecimiento económico menor.
En la revisión del Programa, en julio de 2017, proyectó que la producción repuntaría 4,1% pero esa cifra pasó a 3,6% en la edición para el periodo 2018-2019.
La expectativa, según economistas, es todavía bastante optimista al igual que la del crédito.
El Central proyecta que el crédito crecerá 6,9% en este 2018.
La perspectiva es de estabilidad si se compara con el dinamismo del año pasado (7%), principalmente impulsada por un dinamismo de 10,9% de la cartera en colones.
Sin embargo, “el Central hace explícito que una marcada presión del Gobierno a las tasas podría elevarlas de forma significativa y con ello apagar el apetito crediticio de los clientes”, afirmó Hairo Rodríguez, gerente de Banco Cathay.
“La variable crítica es la estrategia que el nuevo Gobierno entrante adopte para controlar y gestionar el déficit fiscal”, añadió Rodríguez.
