El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio negativo unánime contra el proyecto de ley 25.594 de Participación Activa de los Acreedores en los Procesos de Resolución Financiera.
La iniciativa, impulsada por el diputado Antonio Barzuna (PPSO) tras intervenciones recientes en el sector cooperativo, como la de Coopeservidores, fue calificada por la autoridad monetaria como una amenaza a la estabilidad del sistema que contraviene las mejores prácticas internacionales.
El texto legislativo plantea reformar la Ley N.º 9816 para reestructurar la red de seguridad financiera del país mediante varios ejes.
En primer lugar, propone la creación de un “Comité de Ahorrantes y Acreedores” diseñado para dar representación a los afectados durante las crisis institucionales.
También busca transformar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en un patrimonio único. Esto eliminaría el esquema vigente que divide los recursos en compartimentos separados según la naturaleza jurídica de cada entidad, consolidando en su lugar una reserva común.
Además, el proyecto pide una estricta separación de funciones en las etapas críticas del proceso, prohibiendo que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) concentre las tareas de valoración, intervención y ejecución de la resolución en un mismo administrador. Los gastos de estos resolutores serían cubiertos por el propio Conassif.
Las objeciones del Banco Central
El BCCR remitió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos su rechazo formal, con el argumento de que la protección de los ahorrantes debe darse mediante mecanismos de salvaguarda técnicos y no a través de asambleas que paralicen las intervenciones.
Sobre la creación del comité, la Junta Directiva advirtió que los acreedores podrían oponerse a las recomendaciones del administrador sin que el proyecto defina las implicaciones de dicho veto.
“Aunque el proyecto establece que las actuaciones del Comité de Ahorrantes y Acreedores no tendrán carácter vinculante ni suspensivo, le otorga la facultad de oponerse a la recomendación de resolución emitida por el administrador. Esto afectaría la credibilidad, agilidad y eficacia requeridas en los procesos de resolución, principios reconocidos internacionalmente para preservar el valor de los activos de la entidad intervenida, así como la estabilidad del sistema financiero”, indicó la Junta.
A esto se suma un sistema de votación basado en el número de personas y no en los montos invertidos, lo que diluiría el peso de quienes asumen las mayores pérdidas, especialmente en el caso de unidades jurídicas que agrupan a grandes cantidades de personas.
La autoridad monetaria también identificó graves desafíos respecto a la confidencialidad, ya que el documento no precisa el alcance de la información que se compartiría con los ahorrantes y acreedores durante la resolución, ni contempla sanciones explícitas ante eventuales filtraciones.
Por otra parte, la pretensión de que el Conassif asuma los gastos de los administradores resolutores es vista por el BCCR como un detonante de riesgo moral, pues implicaría socializar pérdidas de carácter privado.
