Por: María Fernanda Cisneros.   17 julio
Según el desglose que la entidad muestra en sus estados financieros, el 32% de ese patrimonio proviene de los aportes patronales y patrimoniales provenientes de la Ley 7983, y que en realidad deberían destinarse a las pensiones. Foto: Albert Marín.
Según el desglose que la entidad muestra en sus estados financieros, el 32% de ese patrimonio proviene de los aportes patronales y patrimoniales provenientes de la Ley 7983, y que en realidad deberían destinarse a las pensiones. Foto: Albert Marín.

El fondeo —casi gratuito— que recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) a través de los recursos de las pensiones complementarias, entra en revisión en el plenario luego de años de intentos fallidos.

Los trabajadores y patronos aportan una porción de los salarios para la pensión, pero ese aporte tarda hasta dos años en cumplir con su objetivo. Primero dan un paseo por las arcas del Banco Popular.

El resultado es el robustecimiento del capital de esta entidad financiera, pero con el costo del deterioro de las pensiones de los ahorrantes, según lo concluyen estudios de la misma Superintendencia de Pensiones (Supen).

Desde hace más de diez años se discute si había llegado el momento de eliminar ese paseo y de trasladar de forma directa esos recursos a las pensiones. Las propuestas quedaron varadas en el camino o no tuvieron acogida política para avanzar.

La crisis económica y la incertidumbre que esta genera, traen a la mesa temas que se discuten desde hace décadas sin llegar a ningún consenso, con la promesa de que esta vez se verá la luz al final del túnel. El paseo de los recursos de pensiones forma parte de esos temas.

¿Llegó la hora de darle fin a esa excursión? La Asamblea Legislativa dictaminó un proyecto que, aunque no nació con ese único objetivo, implicaría un posible punto final a ese paseo.

Se trata de la reforma a la Ley de Protección al Trabajador (LPT), que inicialmente buscaba el retiro del 100% de los recursos del régimen obligatorio de pensiones, pero que pasó al plenario con modificación que impide el retiro total.

Además de eso, incluye una nueva modalidad para retirar la pensión y algunos otros cambios que buscan robustecer el régimen obligatorio de pensiones complementarias (conocido como ROP).

Una de las modificaciones involucra la eliminación del periodo en el que los aportes estipulados en la LPT a las pensiones permanecen en el Banco Popular, de forma tal que pasen directo a la cuenta del trabajador en el ROP.

Tras haber sido dictaminado, el texto debe cursar el trámite usual en el plenario, es decir, pasar por el primer y segundo debate y votación.

En ese camino, sin embargo, puede cambiar el norte del texto sustitutivo actual.

Los diputados discutirán tres caminos posibles, según confirmó Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa.

El primero de ellos es mantener el texto de Ley sin cambios, de forma tal que el Popular siga recibiendo la transferencia de estos fondos. Esta sigue siendo una posibilidad a pesar de haber dictaminado el proyecto con el cierre de este portillo.

La segunda opción es eliminar por completo ese paseo, y que los recursos se trasladen directamente a la cuenta del ROP de cada aportante, pasando de una vez al patrimonio del trabajador y a generar rendimientos de forma inmediata.

Y la última, consiste en mantener el paseo de los recursos, pero que el Popular pague un rendimiento por los recursos, a precio de mercado y sobre la Tasa Básica Pasiva (TBP). Cruickshank indicó que rondaría la TPM + 1,65 puntos porcentuales.

Para Rocío Aguilar, jerarca de Supen, el panorama ideal implica el traslado directo de los recursos, pero si esto no es políticamente viable, entonces la opción sería que el Popular pague por esos recursos de forma tal que los afiliados no se vean afectados.

“El Popular ha insistido ante diputados que en lugar de transferencia inmediata, haya un reconocimiento con las tasas interés”, anotó Aguilar. Mientras, Cruickshank afirmó que la gerencia del Banco se ha acercado con tal de que recibir apoyo para no perder esos recursos.

Se intentó contactar a la gerencia de esta entidad financiera, pero no fue posible obtener una respuesta pese a los mensajes enviados a través de la oficina de prensa.

De momento, Cruickshank afirma que apoyará cualquier camino excepto que este aspecto de la Ley quede sin cambios, pero faltará ver cuál será la decisión final.

El Gobierno, por su parte, analiza en una primera etapa cómo modernizar las modalidades de aseguramiento ante la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente por horas laboradas. En una segunda fase, valorarán la estructura de las cargas sociales, así como los paseos y destinos de estos recursos, pero no hay plazo para hacerlo.

El camino del paseo

Una porción del salario que reciben los trabajadores es rebajada como parte de las conocidas cargas sociales con el objetivo de destinar esos recursos a la pensión. Sin embargo, el camino que siguen estos fondos tiene algunas peculiaridades.

Cada patrono da un aporte de 0,25% mensual sobre las remuneraciones de sus trabajadores, quienes, a su vez, aportan un 1% mensual sobre el salario o sueldo que reciben.

Ese 1,25% forma parte del 4,25% total que se aporta como porcentaje del salario, para financiar el régimen obligatorio de pensiones complementarias.

Los recursos tienen como finalidad robustecer las pensiones de los asalariados, pero antes de hacerlo dan un paseo hasta de 24 meses por las arcas del Banco Popular con un costo mínimo.

¿Por qué pasa esto? Así lo definieron hace unas dos décadas la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) y la Ley Orgánica del Banco Popular (Ley 4351).

Los textos de estas leyes le dieron a esta entidad financiera el beneficio de administrar una porción de los fondos durante un tiempo (la ley dice 18 meses, pero termina siendo más) con el objetivo de robustecer su patrimonio.

Cuando termina ese periodo, el Popular transfiere los recursos al ROP, pero únicamente pagará una tasa que no podrá ser inferior a la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ni mayor que la tasa activa para préstamos de vivienda de interés social del Banco.

Al final lo que la entidad ha reconocido es la inflación, generando una afectación en la cuenta de fondos de pensiones de los trabajadores, explicó Álvaro Ramos, exjerarca de Supen.

Ramos, inclusive, asegura que existe una porción de los aportes que administra temporalmente el Popular, que el banco se deja en sus arcas.

Esta cifra sería del 0,25% de la masa salarial que, a su entendimiento, nunca es devuelto a los afiliados del régimen obligatorio.

“Esta carga habría que redestinarla porque no tiene ningún sentido seguir fondeando al Banco Popular en este momento”, añadió exsuperintendente de Pensiones.

¿Afiliados afectados?

Sin embargo, los afiliados se han visto afectados directamente por esta decisión.

“En el año 2011, la Supen calculó que el costo de estos paseos representaba cerca de un 7% de la pensión del trabajador”, cita un análisis elaborado por Edgar Robles, exjerarca de Supen, para la Academia de Centroamérica, en setiembre del 2019.

La necesidad de modificar este paseo ha sido resaltada en varias ocasiones en la última década.

Hace ocho años, la Superintendencia presentó el proyecto de ley 17.597, con el objetivo de acreditar los recursos de forma directa para dar mayor rentabilidad a los afiliados, y por ende, una pensión más alta.

“Como afiliado perdías un año de posible retorno en los fondos de pensiones, con el solo hecho de que esos recursos den esos paseos”, afirmó Álvaro Ramos, exjerarca de Supen, al referirse a los últimos datos que vio antes de dejar el cargo a finales de abril, 2020.

Patrimonio robusto

En 2003, el patrimonio del Popular era de ¢90.565 millones (unos ¢224.737 millones traídos a valor presente), según los estados financieros que publica en su sitio web. Esta partida alcanzó poco más de ¢724.329 millones al 31 de marzo del 2020.

Según el desglose que la entidad muestra en sus estados financieros, el 32% de ese patrimonio proviene de los aportes patronales y patrimoniales de la Ley 7983. Precisamente, la mayor porción se la adueña el 0,25% por concepto de la LPT.

Esos aportes son un favor con el que no cuenta ningún otro banco. “Es un financiamiento gratuito que se otorga al Banco Popular, una ventaja de la que no gozan otros bancos estatales y privados, y que debería ser eliminado para que los recursos pasen directo a las pensiones complementarias”, afirmó el economista Eli Feinzaig.

Inclusive al comparar este patrimonio con el resto de la banca pública, la cifra es holgada.

Al 31 de marzo del año en curso, el Banco Nacional (BNCR) reportó un patrimonio de ¢327.267 millones en sus estados financieros y el Banco de Costa Rica (BCR) de ¢181.409 millones. BAC Credomatic rondaba los ¢486.056 millones a la misma fecha.

¿De qué ayuda un buen patrimonio? De entrada, a estar más cubierto ante los riesgos a los que se expone una entidad financiera.

Esta entidad, por Ley, esta designada a utilizar sus recursos en la concesión de préstamos a los trabajadores, artesanos, pequeños productores, asociaciones de desarrollo comunal, municipalidades, cooperativas y organizaciones sindicales.

Por actividad económica, el consumo se adueña de la mayor porción de su cartera, seguido de vivienda y comercio.

En cuarto y quinto lugar, la entidad muestra una porción de su cartera destinada a prestar recursos al sector público, bancario y otras entidades, al estilo de un banco de segundo piso.

Más allá de cómo utilice los recursos, el banco se beneficia del paseo de los recursos de una parte de las pensiones complementarias, que sin duda no le es atractivo perder.

La tarea será que el Congreso valore la permanencia o no del paseo, aunque por ahora la balanza pesa más en la necesidad de evitar que se mantenga el paseo actual. Además, el Gobierno también traza el camino para pasar a revisión la estructura de los destinos y paseos de las cargas sociales.