Por: María Fernanda Cisneros.   16 febrero, 2018

El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) muestra una iliquidez estructural para atender sus obligaciones y se deshace poco a poco de los negocios que hasta hoy le daban algunos ingresos.

Marco Hernández, interventor titular de la entidad, explicó a EF que este es el estado de situación que muestra la entidad a hoy pero que muy posiblemente se mantendrá hasta que se presente el informe final de la interventoría.

Si el cierre se mantiene como la vía a seguir, esto deberá pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Por lo pronto, Hernández solicitó la activación de la garantía del Estado para que este atienda las obligaciones ya vencidas de Bancrédito, cuyo principal acreedor es el Ministerio de Hacienda.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ya dio el aval verbal pero la ejecución de esta garantía debe ser presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso, para su aprobación.

A continuación, la entrevista realizada la tarde del viernes 16 de febrero a Hernández.

¿Cuál es la situación financiera del banco actualmente?

- La situación del banco actual es de una iliquidez estructural, en el sentido de que no tiene posibilidad de obtener recursos líquidos para pagar sus obligaciones vencidas, las cuales se concentran en su mayor parte en el Ministerio de Hacienda por una suma del orden de los ¢131.000 millones.

"¿Por qué se dice que es una iliquidez estructural? Porque a pesar de que tiene suficientes activos para hacerle frente a sus obligaciones, lo que quiere decir que tiene patrimonio -no está en quiebra-, esos activos no son líquidos.

"La mayor parte de esos activos están concentrados en cartera crediticia por una suma de ¢160.000 millones y otra parte en bienes realizables por una suma ¢41.000 millones, con los cuales el banco podría hacerle frente a la obligación de Hacienda pero lamentablemente tiene que esperar en el tiempo la realización de esos activos y por ende, con las obligaciones vencidas, es imposible hacerle frente.

"Por eso mismo es que se ha solicitado la garantía del Estado, como parte de las alternativas que tendría el banco para hacer frente a sus obligaciones vencidas para que a través de ese mecanismo, el Ministerio de Hacienda, como principal acreedor, pero también los demás acreedores, se den por pagados.

"El Estado asume esas deudas y luego recuperaría esa acreencia con la recuperación de esos activos (la cartera de crédito y los bienes que tiene Bancrédito)".

¿Entonces, para que el Estado recupere ese dinero, si se ejecuta la garantía, el banco tendría que vender la cartera y los bienes que aún tiene? ¿Sigue activa esta gestión de venta?

- Bueno, nosotros como intervención seguimos vendiendo o tratando de vender esa cartera, sin embargo es díficil por cuanto depende de la deseabilidad que tenga esta cartera crediticia con respecto a sus compradores y porque nosotros vendemos sin descuento.

"Eso es básicamente para no afectar al erario público. De igual forma, con los bienes en propiedad del banco, que seguimos gestionando su venta pero sin descuento. Lógicamente eso va a depender de la deseabilidad que tengan los compradores.

"Sin embargo, con la cartera seguimos gestionándola fuertemente en cuanto a su recuperación. Nosotros no dejamos de ejercer el cobro de esa cartera conforme a las condiciones que se pactaron originalmente en el banco y aquellos créditos que no cumplan o se atrasen, nosotros los ejecutamos por la vía correspondiente, ya sea la administrativa o judicial".

¿Sí hay interesados en la compra de cartera o de bienes?

- Algunos interesados se han presentado y hemos podido vender también una parte.

Desde la intervención hasta hoy, ¿cuánto se ha vendido?

- Son ¢330 millones, de la cartera de colones, y $22.000 en dólares. Esos son ventas de cartera que la intervención ha efectuado.

"Esos ¢330 millones, a la par de los $160.000 millones que quedan es poco monto todavía".

¿Han logrado vender algunos de los bienes?

- Algunas propiedades se han vendido, sí. Habían sido adquiridas por adjudicación de créditos no pagados.

¿Cómo están los negocios del banco (fideicomisos, tiendas del aeropuerto y otros), siguen vigentes?

- Lo que son fideicomisos se están atendiendo, pero los fideicomitentes están solicitando el traslado de la administración de estos fideicomisos a los fiduciarios y estamos haciendo las gestiones de los traslados correspondientes.

"En cuanto al cobro de los impuestos de salida, eso se está atendiendo también normalmente pero se está gestionando con otra entidad la posibilidad de que el contrato sea cedido a otro gestor. Igualmente con las tiendas del IMAS".

Los fideicomisos del INS ya habían solicitado el cambio desde el año pasado, ¿cuáles otros están solicitando el traslado o son todos?

- Algunos todavía faltan, pero en su mayoría prácticamente los fideicomitentes han solicitado el traslado a otras entidades fiduciarias.

Si el banco se desliga de los negocios que le generan ingresos, ¿cómo puede sobrevivir o esta ya no es del todo una posibilidad?

- Una de las situaciones fundamentales de la intervención es establecer si el banco tiene viabilidad financiera. Ya aquí hay una aproximación de si tienen viabilidad financiera, en el sentido de que el banco no puede pagar sus obligaciones y posiblemente va a ser un escenario muy parecido el que tenga al final con el Estado.

"De igual forma, un banco que no ejerza su función esencial que es la de intermediación financiera, pues no es sostenible en el tiempo, entonces por supuesto que vamos encaminados hacia una resolución que tendrá que darse a través de un proyecto de ley que tendrá que decidir la Asamblea Legislativa".

Si el camino es cerrar el banco, ¿esto debe pasar por vía legislativa?

- Exactamente, por ley. Al ser un banco creado por ley, así también debe disponerse por ley.

Al lado de la solicitud de la activación de la garantía del Estado, usted presentó a Conassif un informe sobre Bancrédito, ¿qué incluye ese documento?

- Incluye un análisis de la situación de la entidad, estableciendo que es ilíquida totalmente para hacerle frente a sus obligaciones.

"Establece la necesidad, por esa situación, de solicitar la garantía del Estado y además de eso, establece una serie de aspectos relevantes en cuanto a la gestión de la interventoría como lo que le acaba de decir, de los negocios que todavía se están gestionando y además, los que están trasladando y algunas recuperaciones de activos que se han efectuado".

¿Hay algún negocio que se desee mantener en Bancrédito o todos se trasladarán?

- Todos están en proceso de traslado o por lo menos están siendo valorados por otros gestores para que sean trasladados a ellos.

Es decir, ¿otras entidades están valorando si los absorben?

- Exactamente.

¿Cuántos empleados tiene el banco y cuántos tenía la entidad cuando inició la intervención?

- Quedan 214 y en diciembre eran 250.

¿Se continuará con la liquidación del resto de empleados? ¿Tiene el banco esa liquidez para hacerlo?

- Conforme se vayan finiquitando los procesos del banco, así se irá prescindiendo de los empleados a conveniencia de la interventoría porque no pueden descuidar los procesos, principalmente la recuperación de los activos (cobro de cartera), que no deja de ser una gestión compleja.

"Además de otros procesos como los fideicomisos, sus traslados, el cobro de impuestos de salida, la atención de las tiendas del IMAS y la custodia de los bienes muebles e inmuebles que tiene el banco. Conforme se trasladen a otras entidades se irá prescindiendo del resto de empleados.

"El banco tiene las reservas correspondientes para hacer el pago de los derechos laborales de los empleados".

¿Está intacto el patrimonio del banco?

- El banco sí ha tenido pérdidas. El año pasado tuvo pérdidas por el orden de los ¢27.000 millones pero a pesar de estas pérdidas todavía le queda un patrimonio de ¢38.000 millones actualmente.

Para finalizar, ¿podemos decir que esa viabilidad de que continúa activo es nula, dada la iliquidez y los negocios poco rentables?

- Va en esa línea verdad, pero hay que agotar todos los procesos correspondientes y de aseguramiento del pago de los pasivos para finalmente establecer ese escenario como tal.