La Sala Constitucional (popularmente conocida como la Sala IV) se pronunció nuevamente sobre la ley que permitió el proceso de resolución (cierre) de Coopeservidores y Desyfin.
La entidad aclaró este jueves 27 de febrero que la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros (9816) sigue vigente, a pesar de haber admitido para estudio una acción de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de dicha ley.
Sin embargo, sí se mantiene la suspensión del dictado de la resolución final en los casos judiciales en los que se esté discutiendo la aplicación de la ley, así como en los que aún se encuentran en sede administrativa.
“Le ley sigue surtiendo todos efectos, excepto en las dos situaciones señaladas, por lo que las autoridades competentes pueden continuar ejerciendo sus potestades y cumplir con los mandatos que se derivan de la ley cuestionada, sin que el trámite de la acción implique obstáculo alguno”, se lee en un comunicado de prensa compartido por la Sala Constitucional.
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Acción de inconstitucionalidad
La Sala IV le dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra tres artículos de la ley de resolución bancaria, lo anterior fue notificado al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el pasado 12 de febrero.
Un día después de la notificación, el Conassif suspendió el proceso de venta de activos de Coopeservidores hasta que se resuelva el proceso judicial.
Una semana antes, el 6 de febrero, el Consejo había anunciado la venta de ocho propiedades y la reserva de dos más, así como la adjudicación de 18 vehículos de Coopeservidores. Las propiedades en venta y en reserva sumaban, en conjunto, ¢4.362,8 millones; los vehículos, por su parte, equivalían a ¢246,1 millones.
Como la venta quedó suspendida, se inició un proceso para reintegrar el dinero a los compradores. Esos recursos se pretendían usar para saldar obligaciones pendientes de la cooperativa.
“Se aclara que el hecho de que la Sala Constitucional haya dado curso a la acción planteada no significa que se hayan declarado inconstitucionales esas normas, sino únicamente que el proceso judicial ha iniciado”, explicó el Conassif en un comunicado de prensa.
El Consejo añadió que se está analizando el impacto del trámite de la acción de inconstitucionalidad en el desarrollo de los procesos de resolución de Coopeservidores y la financiera Desyfin, pues podría afectar a los acreedores de estas entidades.
