Los encargados del proceso de resolución de Coopeservidores, comercialmente también conocida como CS Ahorro y Crédito, dividieron los activos de la cooperativa en un “banco bueno” y en un “banco malo”, de cara a su proceso de cierre ordenado.
El “banco bueno” contiene los activos de CS que seguían en buen estado y que se intentarán asignar a alguna entidad financiera solvente (ya hay una interesada), con el fin de rescatar hasta un 80% de los depósitos y las obligaciones no garantizadas de los clientes de la cooperativa (como los depósitos de clientes que superaban los ¢6 millones). Por otra parte, en el “banco malo” se colocaron los activos menos atractivos o ruinosos, entre ellos la cartera de crédito en deterioro que hace inviable el rescate de la entidad financiera.
¿Cómo quedó la división punto por punto? EF revisó el acuerdo de resolución publicado este 28 de junio por el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) en el diario oficial La Gaceta, y le resume la composición de cada bloque.
Activos buenos y malos
En el “banco bueno” se colocaron activos por ¢560.663 millones, según las cuentas reveladas por Conassif, con base en el informe final de la Interventoría (INT-CS-789-2024).
Los principales activos de este bloque son los ¢120.389 millones de inversiones de Coopeservidores en instrumentos financieros y sus ¢32.439 millones en disponibilidades; así como la cartera de crédito que seguía en estado de recuperación (categorías de riesgo 1, 2, 3 y 4), por ¢394.776 millones.
Además de estos activos, solo se incluyeron otros como terrenos, edificios y bienes mantenidos para la venta por montos mucho menos significativos, que en conjunto no llegan siquiera al 2,5% de los activos totales.
De ser asumidos por otra entidad financiera solvente, esta tendría que asumir pasivos por ¢646.863 millones que Coopeservidores mantenía con otras instituciones y con su clientela. Sin embargo, la institución estaría facultada para aplicar un recorte —conocido como haircut en la jerga financiera— sobre los depósitos y las obligaciones no garantizadas para cerrar el déficit de ¢86.201 millones entre los activos y los pasivos recibidos.
¿Qué significa ese haircut? Por ejemplo, que una persona que tenía un depósito de ¢106 millones en Coopeservidores tendría que recibir ¢6 millones que tiene garantizados por ley, de parte de la nueva entidad financiera solvente que asuma el “banco bueno”. De los ¢100 millones restantes, además, recibiría solo una parte (alrededor de un 80%, con las estimaciones actuales); mientras que la otra parte sería el recorte necesario para cubrir las pérdidas de la cooperativa.
Por otra parte, en el “banco malo” se colocaron activos por ¢24.292 millones, como las cuentas y comisiones por cobrar, el mobiliario, el equipo de cómputo y las participaciones de la cooperativa en otras empresas. Además, se incluyó en este bloque la cartera de crédito en estado de dudosa recuperación, cuya morosidad es de 90 días o más.
Este “banco malo” pasará a manos de un fideicomiso en el que los ahorrantes, los inversionistas y los demás acreedores de Coopeservidores serán fideicomisarios, para intentar recuperar parte de su dinero que ya se estima perdido mediante la venta de esas cuestiones.
Todos los activos de este bloque tienen una valoración estimada menos la cartera de crédito, cuyo nivel de deterioro justamente explicó el desplome de la entidad financiera.
Según explicó Conassif, con base en los hallazgos del proceso de intervención, una gran cantidad de los créditos de este bloque se entregaron sin fianza ni garantía alguna, y a plazos de hasta diez años o más, incluso tratándose de préstamos para consumo.
El valor final de esa cartera de crédito en mal estado dependerá de si existe o no alguna empresa interesada en comprarla, para intentar realizar gestiones de cobro con ella. No obstante, su valor no alcanzará las cifras originales, ni mucho menos.
Antes del proceso de intervención, Coopeservidores contabilizaba en ¢510.800 millones el valor general de su cartera de crédito. La diferencia entre esa cifra y los apenas ¢394.776 millones que ahora se colocaron en el “banco bueno” responden a la cartera deteriorada, cuyo valor en el mercado ahora mismo ni siquiera se puede estimar a priori.
Los pasivos de este “banco malo”, por otra parte, son de apenas ¢7.125 millones; es decir, hay un superávit inicial de ¢17.167 millones.
Si no se logran vender los activos del “banco malo” en un plazo de un año (el máximo permitido por ley para un proceso de resolución), entonces pasaría a un proceso de liquidación por la vía judicial ordinaria.
Puede variar
La composición del “banco bueno” y del “banco malo”, sin embargo, puede cambiar.
Podría ocurrir que la entidad financiera solvente que finalmente se quiera dejar el bloque en buen estado no se interese por todos los activos, ya sea porque no quiere asumir una parte de la cartera de crédito que sigue en buen estado, pero que podría deteriorarse; o porque otros bienes como los edificios de CS no son de su interés.
Si esto pasa, entonces la cantidad de pasivos que esta nueva entidad solvente podría asumir sería menor y, por ende, el haircut que le aplicaría a los titulares de depósitos y otras obligaciones no garantizadas podría ser “sustancialmente” más grande, según explicaron Conassif y el interventor Marco Hernández, quien ahora administra a la entidad financiera en su proceso de resolución.
¿Por qué una nueva entidad financiera podría optar por evitar parte de la cartera de crédito que sigue en buen estado? Por sus condiciones de inicio. Conassif explicó que una buena parte de ella responde a créditos de consumo, a largo plazo y con pocas o nulas garantías, en vista de que CS adoptó el crédito de consumo y sin fiador como su “producto estrella”, sin mayores controles.
Inviabilidad
Después de un proceso de intervención de mes y ocho días, los responsables de dicho proceso dictaminaron que el negocio financiero de Coopeservidores era inviable.
Sugef recomendó la intervención a mediados de mayo de este 2024, luego de determinar que la administración de la entidad financiera había ocultado información sobre el nivel de deterioro de su cartera de crédito y que esto comprometía su sostenibilidad en el mediano plazo.
Como parte del proceso de intervención, se tomó la decisión de despedir sin responsabilidad patronal a Óscar Hidalgo, quien acumulaba 18 años en el cargo de gerente general.
Además, el Ministerio Público lleva adelante dos causas; una sobre las actuaciones de la directiva y la alta gerencia de la cooperativa de ahorro y crédito; y otra, sobre las diligencias de Sugef y Conassif para proteger los intereses de los clientes de la misma.
Según el interventor y ahora administrador, Marco Hernández, hubo malas prácticas por parte de la dirección de la cooperativa y el ocultamiento de la información a los entes reguladores hizo casi imposible detectar su magnitud hasta que fue demasiado tarde para salvar a la compañía. “Quienes manejan información y quienes gestionan son los primeros que tienen que establecer y tomar las medidas correspondientes en la gestión que se está efectuando, y estos son la alta administración y el Consejo de Administración de la organización”, declaró en una extensa entrevista con este medio, posterior a la intervención.
