La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) recibió la notificación oficial sobre una concentración económica que involucra a dos de las principales entidades del sector cooperativo costarricense: Coopenae y CoopeAnde.
El proceso anunciado consiste en una fusión por absorción, en la cual Coopenae fungirá como la entidad absorbente y CoopeAnde como la absorbida. Ambas organizaciones desarrollan actividades de intermediación financiera, por lo que el proceso debe apegarse a las regulaciones de competencia y supervisión del sistema financiero nacional.
Dado que ambas cooperativas son entidades financieras supervisadas, la legislación exige la participación del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), según lo establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472).
Coprocom trasladó la documentación respectiva al Conassif el pasado 22 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, el Consejo cuenta con un plazo de 15 días naturales para determinar si asume la resolución final del proceso.
Conassif podría tomar el control del caso si identifica razones prudenciales, es decir, si necesita mitigar riesgos relacionados con la solvencia, solidez y estabilidad del sistema financiero, así como proteger a los consumidores.
Próximas etapas
Si Conassif determina que no es necesario intervenir por razones prudenciales, la Coprocom retomará el control para emitir la resolución final. En ese escenario, la autoridad evaluaría los posibles efectos de la concentración sobre la libre competencia en el mercado, con la potestad de autorizar, condicionar o denegar la transacción.
“La notificación de esta operación pone en marcha un procedimiento establecido en nuestra legislación, que contempla reglas especiales para las concentraciones entre entidades financieras. Coprocom actuará con el rigor técnico y la objetividad que caracterizan sus funciones, respetando las competencias públicas que la ley asigna a cada autoridad y procurando, dentro del ámbito de sus atribuciones, la protección de la libre competencia y el bienestar de los consumidores”, dijo Marco Vinicio Arroyo, presidente de la Comisión.
La institución aclaró que la recepción de los documentos no implica que la fusión haya sido aprobada ni representa un criterio adelantado sobre los efectos que la transacción pueda generar en el mercado.
