Aunque el país avanzó en su estabilidad fiscal, alcanzar el grado de inversión —como lo prometió la próxima presidenta, Laura Fernández— no será tan fácil.
El éxito dependerá de la capacidad para concretar cambios pendientes como la reducción sostenida de la deuda y el incremento de los ingresos tributarios.
Lograr esta meta implica, además, poder colocar deuda en los mercados internacionales sin tener que alcanzar el permiso legislativo, mantener la contención del gasto y realizar ajustes al sistema de pensiones.
Todas estas son las tareas pendientes que señalan economistas y calificadoras de riesgo para que el país dé el salto definitivo hacia su grado de inversión.
Para comprender la urgencia de estas reformas, es necesario recordar que el grado de inversión es una calificación que otorgan las agencias calificadoras de riesgo para indicar que un país, empresa o instrumento financiero tiene bajo riesgo de impago.
Las principales agencias que otorgan esta calificación a Costa Rica son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
Bajo esta premisa, el país dio un gran paso cuando se aprobó la reforma fiscal en el 2018, la cual marcó un antes y un después al introducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las reglas de contención del gasto.
Esto ha permitido mejorar la percepción internacional sobre la sostenibilidad fiscal del país; sin embargo, ese impulso ha perdido fuerza recientemente.
Para Fernando Naranjo, economista, Costa Rica todavía está lejos de alcanzar el grado de inversión, ya que hay un deterioro de las cuentas fiscales y la deuda pública, medida en colones y en dólares, ha aumentado.
“En Centroamérica, Guatemala es el país que está cada vez más cerca de tener el grado de inversión y, más bien en Costa Rica, el Fondo Monetario Internacional recientemente hizo un llamado de atención para combatir la evasión y ampliar la base de los contribuyentes”, destacó Naranjo.
Deterioro de los indicadores
En línea con lo anterior, la recaudación ha venido disminuyendo por una caída en el IVA, renta, aduanas y otros impuestos, lo que pone en riesgo la garantía de la sostenibilidad.
De hecho, se ha reportado un deterioro de los indicadores clave: por ejemplo, el superávit primario (el dinero que “sobra” al pagar las obligaciones, sin contar los intereses) disminuyó en los últimos cuatro años, pasando de cerca de 2% del PIB en el 2022 a 0,9% en el presente año.
Además, la deuda pública se ha estancado alrededor del 60% del PIB, lejos del nivel considerado óptimo por las calificadoras, que ronda entre el 40% y el 50%.
Al respecto, Rodrigo Cubero, economista y expresidente del Banco Central de Costa Rica, aseguró que la trayectoria fiscal se ha deteriorado en los últimos tres años y la razón deuda/PIB se estancó; de hecho, en el 2025 volvió a subir ligeramente.
“Parte de ese aumento se debe a que el Gobierno no se prefinanció de manera importante, lo cual normalmente permite manejar una situación de liquidez más cómoda, pero que en este caso empujó la razón deuda/PIB al alza. Además, esta relación también aumenta como consecuencia del deterioro del superávit primario”, explicó Cubero.
Gobernabilidad y el “permiso” legislativo
Otro eje fundamental de la discusión es el ámbito político. Aprobar que el Gobierno no tenga que pedir permiso cada año a los diputados para colocar deuda internacional es otra de las peticiones para el grado de inversión.
Según Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Financiero Prival, el panorama cambió: “El hecho de que la fracción oficialista tenga mayoría permitirá aprobar varias reformas en materia fiscal y económica”, destacó.
Villalobos se muestra más optimista que sus colegas: “todos estos temas son valorados por las calificadoras y todos son muy positivos de camino al grado de inversión, ya que las calificadoras de riesgo están tomando en cuenta la gobernabilidad del país y la facilidad para la toma de acuerdos de reformas en importancia”.
No obstante, la señal más importante sigue siendo la “perspectiva estable” de las calificadoras, según aseguró Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa.
“Tradicionalmente, la fuerte institucionalidad del país, una economía diversificada, una estabilidad en indicadores macroeconómicos y disciplina fiscal son los argumentos que empujan hacia una eventual mejora que, si bien las calificadoras no la han materializado, el mercado sí negocia la deuda costarricense con primas por riesgo menores a otros países de la categoría BB (la que tiene el país)”, afirmó.
Rodríguez agregó que el grado de inversión es un refuerzo reputacional de peso en la gestión de la imagen de Costa Rica, lo que apoya la labor para atraer nuevos proyectos de inversión y brinda un voto de confianza en la estabilidad macroeconómica.
Gasto público y el desafío del IVM
Paralelamente a la gestión de ingresos, el control de egresos sigue bajo la lupa.
La Ley de Empleo Público permitió un control del gasto salarial que las calificadoras piden sostener. El gasto del Gobierno central pasó de un 18,41% del PIB en 2022 a 17,83% a diciembre de 2025.
El rubro de remuneraciones también disminuyó con respecto al PIB, alcanzando un 5,54%, cifra inferior al 5,72% del 2022.
Sin embargo, se espera que esta contención se mantenga y que, adicionalmente, se aprueben cambios en materia de pensiones.
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) registró una desaceleración en sus rendimientos, que lo llevó a 7,85% en el 2025, el nivel más bajo de la última década; incluso, se están comenzando a gastar sus reservas.
“Atender la situación del IVM es clave, al igual que consolidar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y profundizar la reforma de empleo público para alcanzar el grado de inversión”, destacó Daniel Ortiz, economista de Cefsa.
La paradoja del mercado
Como punto final, destaca una de las principales paradojas: Costa Rica ya se financia como si tuviera grado de inversión.
Algunos inversionistas están pagando altos rendimientos por los bonos de Costa Rica, pero sin duda, alcanzar el grado de inversión permitirá atraer más personas y empresas, reducir el costo de emitir deuda y mejorar la señal país para inversión extranjera directa, aseguró Anelena Sabater, economista.
Mauricio Moya, líder de inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores, coincide en que la posición es cercana, pero no inmediata.
“El país está dos escalones por debajo del grado de inversión, en BB, y aunque las tres calificadoras mejoraron durante el 2025 la calificación, no se observan todavía las condiciones para obtenerlo durante el 2026. No obstante, conforme el país avance en las cifras fiscales se podría obtener este objetivo”, destacó.
Moya añadió que, de lograrse una mejora en la calificación, es natural esperar un incremento en los precios de la deuda, aunque esas mejoras serían bastante acotadas, ya que Costa Rica se cotiza en niveles cercanos a créditos grado de inversión.
El país ya recorrió gran parte del camino, pero le falta el último tramo, ya que exige decisiones políticas complejas, disciplina fiscal sostenida y una visión de largo plazo. Solo entonces, el reconocimiento formal dejará de ser una expectativa y se convertirá en realidad.
