El dinero para financiar el referéndum que propone el Gobierno no está dentro del actual presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así que habría que mover dinero de otras partidas públicas para financiarlo.
Según explicó Andrei Cambronero, vocero del TSE, convocar a votaciones tendría un costo para la entidad de entre ¢2.800 y ¢3.000 millones. “Para este 2024 no se tiene esa partida, de forma tal que sería necesario hacer un presupuesto extraordinario que tiene que pasar por los trámites de la Asamblea Legislativa”, explicó el funcionario público.
Dentro del total de ingresos que percibe el gobierno, ¢3.000 es una cantidad relativamente pequeña. Para dimensionarlo, sería un 0,37% de lo que se ha recolectado por el Impuesto al Valor Agregado —el segundo tributo de mayor peso— en los primeros cuatro meses de este 2024. Entre los gastos, representa un alrededor 0,30% de lo que el Gobierno ha pagado de forma acumulada en remuneraciones a abril.
Sin embargo, el número se vuelve más pesado cuando lo comparamos con un programa de ayuda social. Por ejemplo, esos ¢3.000 millones equivaldrían a 6.250 becas anuales de secundaria del Programa Avancemos (¢40.000 mensuales) y a 13.800 de primaria (¢18.000 mensuales). Esto representaría alrededor de un 3,5% del presupuesto total que tuvo dicho programa en el 2023 para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La comparación con las becas es únicamente para dimensionar el monto, todavía no se ha presentado el presupuesto extraordinario así que no está definida cómo sería la redistribución de los recursos.
El referéndum propuesto por el Poder Ejecutivo, específicamente por la presidencia, bajo el nombre de “Ley Jaguar”, eliminaría potestades de fiscalización de contratación pública de la Contraloría General de la República (CGR).
Entre algunas de las propuestas está quitar a la CGR el poder de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades si no tiene una orden judicial, además de permitirle actuar únicamente “a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.
Marta Acosta, contralora General, mencionó que el proyecto sería un “cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, dijo en cambio que las modificaciones no debilitarían a la institución, sino que la “fortalecerían”, dejando que “oriente mejor sus baterías y su trabajo”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, mencionó el pasado 5 de junio que busca impulsar el proyecto por dos vías: por la Asamblea Legislativa, donde necesitaría 29 votos a favor, y por medio de la iniciativa ciudadana, donde, después de recibir el visto bueno por parte del TSE, tendría que recolectar las firmas del 5% del padrón electoral (alrededor de 181.000).
Financiamiento
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, le mencionó al medio La Nación que no piensan financiar el referéndum con emisión de deuda pública, sino que se haría una redistribución de los recursos asignados a otras partidas de distintas entidades.
Sin embargo, para el próximo año sí se espera que esté incluido, en caso de necesitarse. “Ya nuestra dirección ejecutiva lo ha incorporado (el referéndum) en el plan de presupuesto que tenemos que presentarle a las autoridades hacendarias en las próximas semanas para que empiece la tramitación constitucional del presupuesto del año 2025″, mencionó Cambronero.
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El vocero del TSE también agregó que no hay un tributo o fondo en específico que se utilice para financiar un referéndum.
De aprobarse la convocatoria a las urnas, las personas, tanto físicas como jurídicas, tienen permitido contribuir con campañas publicitarias a favor o en contra del proyecto sometido a consulta, siempre y cuando sea con sumas que no excedan los 20 salarios base y mientras sean costarricenses. Para los extranjeros ese tipo de contribuciones están prohibidas, según establece el artículo 20 de la Ley sobre la Regulación del Referéndum.
El único antecedente que tiene el país de un referéndum es el que se realizó en 2007 para decidir si el país aceptaba formar parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
En dichas votaciones, las personas de derecho privado aportaron ¢1.111 millones en pauta publicitaria: ¢660 millones provinieron de 240 personas jurídicas y ¢450 millones de 196 personas físicas, según datos del Tribunal. El TSE, por su parte, gastó ¢68 millones en pauta publicitaria.
Poco uso
En los 18 años que tiene de existir la regulación de los referéndums, solo uno se ha realizado en el país, el del 2007, pero no ha sido por falta de intentarlo.
Según datos solicitados por El Financiero al TSE en mayo pasado, desde 2006 el Tribunal recibió 65 solicitudes para iniciar un proceso de referéndum. De ellas, solo 14 fueron aprobadas por esta entidad para iniciar la recolección de firmas, pero 11 fracasaron y tres seguían en trámite.
La detención de esas 11 solicitudes se dio porque la Asamblea Legislativa aprobó algunos de los proyectos antes —lo cual hizo innecesario continuar— porque no se logró cumplir con la recolección de firmas a tiempo, o porque la Sala Constitucional anuló el proceso.
