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El gobierno británico presenta este miércoles al Parlamento, donde dispone de muy amplia mayoría, un proyecto de ley para evitar que las empresas extranjeras compren activos estratégicos para la seguridad nacional.
Este texto busca modernizar una ley de hace dos décadas que ya no se adapta a las amenazas actuales, explicó el ministerio de Empresa, Energía e Industria en un comunicado.
Y llega en un momento en el que las importantes inversiones chinas en el Reino Unido preocupan incluso en las filas del partido conservador del primer ministro Boris Johnson, algunos de cuyos diputados piden una postura más dura con Pekín.
El nuevo proyecto de ley de seguridad nacional e inversiones obligará a los inversores o empresas a informar al gobierno sobre las ofertas de adquisición (OPA) en sectores como la defensa, la energía o el transporte.
El gobierno publicó una lista de 17 áreas de actividad afectadas, que incluyen el sector nuclear civil, la inteligencia artificial, la robótica y la industria espacial.
La ley de 2002 era más vaga y dio lugar a muy pocas investigaciones y ningún bloqueo. Cubría las áreas de seguridad, medios de comunicación o estabilidad financiera.
Ahora las autoridades podrán analizar las operaciones con mayor profundidad, establecer las condiciones para que se lleven a cabo o simplemente prohibirlas.
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Las empresas o inversores que no cumplan con la nueva normativa podrán ser sancionados con una multa de 10 millones de libras (13 millones de dólares) o con el equivalente al 5% de la facturación mundial si es superior o incluso con hasta cinco años de prisión.
La ley, que no es retroactiva, también permitirá a las autoridades bloquear una transacción hasta cinco años después de su conclusión.
“El Reino Unido sigue siendo uno de los destinos de inversión más atractivos del mundo y queremos que siga siéndolo”, dijo el ministro de Empresas, Alok Sharma. “Pero los actores hostiles deben tener la certeza de que no habrá una puerta trasera para entrar en el Reino Unido”, agregó.
