EscucharMiles de empresas costarricenses tendrán menos de dos años para adaptar sus operaciones, métricas y reportes financieros a las nuevas normas internacionales de sostenibilidad que comenzarán a regir el 31 de diciembre del 2027.
Este cambio obligará a muchas organizaciones a replantear desde su gobernanza hasta la forma en que miden riesgos ambientales y sociales.
¿Qué deben hacer?
Para que una empresa se declare de manera sólida y transparente como “sostenible” o en camino hacia la sostenibilidad bajo este nuevo lenguaje global, debe cumplir con una serie de acciones estratégicas y operativas, según explica Luis Mastroeni, consultor en sostenibilidad.
Estos nuevos lineamientos son conocidos como International Sustainability Standards Board (IFRS S1 e IFRS S2 o NIIF S1 y NIIF S2 en español).
Sin embargo, el camino es largo ya que solamente un 48% de las empresas costarricenses ya integró completamente estos criterios dentro de su estrategia corporativa, de acuerdo con un estudio elaborado por KPMG y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED).
Este marco será de acatamiento obligatorio para las compañías con obligación pública de rendir cuentas, entidades supervisadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y grandes contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda.
La medida, oficializada en el país por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica mediante la Circular 33-2023, implica que estas organizaciones reporten, junto con sus estados financieros, información relacionada con riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como los impactos que estos factores podrían tener sobre sus flujos de efectivo, acceso a financiamiento y costo de capital a corto, mediano y largo plazo.
Las normas IFRS S1 (requisitos generales de sostenibilidad) e IFRS S2 (clima) fueron emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB), bajo la sombrilla de la Fundación IFRS, y ya han sido respaldadas por el Banco Mundial y adoptadas por más de 30 países.
Para Luis Mastroeni, especialista en la materia, estas directrices vienen a resolver la dispersión de criterios que existía en el mercado.
“Luego de mucha discusión y creatividad por parte de quienes trabajamos en estos temas, se necesitaba un marco universal que fuera entendido por todos en las empresas y que realmente permitiera establecer, con precisión, qué tanto podría afectar al estado financiero los riesgos ESG. Las normas S1 y S2 están bajo la sombra de las NIIF, un lenguaje común y muy respetado en el mundo de las finanzas”, explicó Mastroeni.
El experto advierte que considerarlas un estándar global absoluto hoy es precipitado porque su obligatoriedad es progresiva, pero enfatiza que las organizaciones no deben perder tiempo.
“Las NIIF llegaron para decirle a la organización dos cosas: los indicadores ESG no son cuento ni programas filantrópicos aislados, y si no hay sinergias, no habrá posibilidad de abordar el tema. Lo ideal es que se conforme un comité liderado por contabilidad o finanzas y que tenga en cuenta a las áreas de sostenibilidad, riesgo y auditoría”, detalló.
Madurez sectorial y desafíos de implementación
Jaime García, director regional del Índice de Progreso Social (IPS) para América Latina, destacó que integrar criterios ESG dejó de ser un simple asunto de cumplimiento normativo para transformarse en una ventaja competitiva que impulsa la innovación, mejora la retención de talento y atrae inversionistas.
“Los sectores más avanzados en el país son la banca (que ya integra riesgos ESG en carteras de crédito e inversión), la industria y la agroexportación, debido a las fuertes presiones de los mercados internacionales y cadenas globales de valor. Por el contrario, los sectores de comercio y servicios muestran una madurez muy variable, con firmas rezagadas que carecen de estructuras formales de gestión”, aseguró.
A nivel regional, se avanza rápido, pero persisten importantes brechas
En la más reciente Encuesta sobre Prácticas de ESG (conjunto de criterios que se utiliza para evaluar qué tan sostenible y responsable es una empresa) en Centroamérica y República Dominicana elaborada por PWC, se destacó que un 82% de las organizaciones ya incorporó estos criterios de manera total o parcial dentro de su estrategia corporativa.
El estudio evidencia que la sostenibilidad comienza a consolidarse como un eje estratégico en las empresas de la región, impulsada principalmente por el involucramiento de la alta dirección.
Un 50% de las organizaciones asegura contar con objetivos específicos y medibles de sostenibilidad para el corto, mediano y largo plazo, lo que refleja una mayor madurez en la integración de estos criterios dentro de la gestión corporativa.
Sin embargo, un 18% reconoce que sus metas aún son generales y poco estructuradas, mientras que un 15% apenas se encuentra discutiendo su implementación.
Además, un 12% admite no haber definido objetivos ESG y un 5% no tiene claridad sobre el tema.
Un 56% de los líderes empresariales participa activamente en la supervisión y toma de decisiones relacionadas con ESG, mientras que otro 24% lo hace de manera moderada.
Además, el 65% de las organizaciones ya definió funciones específicas para la gestión ESG y un 41% asegura haber logrado una integración total de estos principios dentro de su estrategia corporativa.
