A partir del 1.° de junio entra en vigor una regulación que pretende proteger a los clientes bancarios frente a las estafas electrónicas.
Se trata del capítulo III denominado Aspectos Mínimos de Control para Prevenir y Mitigar la Ocurrencia de Estafas Informáticas en Contra de los Usuarios Financieros, adicionado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero al Acuerdo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) 10-07.
El mismo fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), y establece parámetros mínimos de control que deberán cumplir las entidades supervisadas por la Sugef.
Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes alzó la voz mediante un comunicado de prensa ante lo que considera cuatro zonas grises en el nuevo marco regulatorio.
Cumplimiento con estándares internacionales
La Defensoría solicitó a la Sugef un pronunciamiento oficial sobre si las nuevas disposiciones adoptadas por Costa Rica están alineadas con las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
El objetivo es saber si el país aplica los más altos estándares internacionales en la lucha contra fraudes electrónicos, estafas digitales y transacciones no autorizadas. En caso de que existan deficiencias, se pidió identificar qué aspectos deberían reforzarse.
Principio de responsabilidad
Otro de los temas clave para la institución es la responsabilidad que deben asumir las entidades financieras cuando un cliente es víctima de una estafa, sin haber cometido negligencia.
Se solicitó aclarar cómo será implementado este principio jurídico, que protege a los consumidores financieros y es reconocido por la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumido, así como por la jurisprudencia nacional.
Plazo de resolución de denuncias
Dado que actualmente algunas entidades bancarias tardan más de 120 días en atender casos de fraudes, la Defensoría pidió que se establezca un plazo máximo o razonable para resolver estos procesos.
La inquietud se enfoca en evitar demoras excesivas que puedan generar una afectación directa a los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Seguro contra estafas
Por último, consultó si la superintendencia tiene una postura sobre la incorporación de seguros obligatorios que protejan a los usuarios en casos de fraudes electrónicos o transacciones no autorizadas.
Aunque el reglamento no aborda esta posibilidad, se solicitó aclarar si existe alguna directriz, ya sea local o internacional, que respalde su implementación.
En 2024 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 4.142 estafas bancarias, 291 menos que el año anterior cuando la cifra total se ubicó en 4.433, según su Informe Policial Homologado (IPH).
No obstante, el comportamiento durante diciembre del año pasado mostró un alza de 72 casos con respecto al mismo mes del 2024, lo cual contrasta la tendencia durante periodos previos.
Si se divide por provincia, San José lideró con una amplia diferencia la cantidad registrada durante el 2024, con un total de 1.927 casos, casi el triple que Alajuela, la segunda provincia con más reportes (587). Le siguen Cartago (498) y Heredia (462).
En el otro extremo, Guanacaste reporta el menor número de estafas bancarias (81). Puntarenas y Limón muestran una incidencia similar entre sí, con 212 y 204 casos respectivamente, mientras que 171 no pudieron ser ubicados geográficamente.
