EscucharA 32 años del cierre del Banco Anglo Costarricense, el Estado continúa asumiendo los costos de sus remanentes. El Fideicomiso 03-99, establecido entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), sigue abierto y se convirtió en un drenaje de recursos públicos destinado a gestionar activos residuales imposibles de liquidar.
Según lo que conversó la Junta Directiva del BCCR en el acta del 9 de setiembre, lejos de perfilarse hacia un cierre definitivo, el instrumento financiero opera hoy inmerso en un laberinto jurídico y administrativo que impide su clausura.
Drenaje millonario de recursos públicos
El mantenimiento de esta figura jurídica representa un costo constante para las finanzas del Banco Central.
Durante los últimos 33 meses, el BCCR inyectó ¢206,32 millones para sostener la operatividad del fideicomiso, mientras que en el mismo periodo las recuperaciones apenas alcanzaron los ¢60,27 millones.
El costo mensual actual ronda los ¢6,3 millones, los cuales se destinan principalmente al pago de comisiones de administración para el Banco Popular y a la cobertura de salarios y cargas sociales para el mantenimiento de una cartera de aproximadamente 30 créditos con condenatoria, en busca de bienes por embargar.
De hecho, en las discusiones de la Junta Directiva, el director Max Soto describió crudamente la situación como un “saco sin fondo” y un “drenaje de recursos vía emisión”.
El principal obstáculo para finiquitar la labor del fideicomiso radica en la naturaleza de los bienes que aún posee: el Estado es dueño de propiedades que resultan prácticamente invendibles en el mercado inmobiliario regular debido a graves problemas de ocupación.
Entre los activos figuran extensas fincas bananeras en la zona sur que se encuentran tomadas por precaristas, al punto de albergar plazas de deportes e iglesias en su interior, según se mencionó en el acta. Los intentos de trasladar estos terrenos a otras instituciones fracasaron; el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por ejemplo, rechazó asumir dichas propiedades.
La situación se repite en otras regiones; por ejemplo, en San Carlos, el fideicomiso enfrenta un proceso en el Registro Nacional debido a que un vecino se apropió de una fracción del terreno y la inscribió a su nombre.
En otro caso expuesto por la División de Asesoría Jurídica del BCCR, una propiedad en Tres Ríos tuvo que venderse con un descuento sustancial debido a que el único factor que evitaba la invasión total del terreno era la presencia de una iglesia evangélica instalada en el centro de la finca.
Temores
A pesar de la ineficiencia que representa mantener la estructura, existe una parálisis institucional respecto a su cierre.
Jurídicamente, la única vía para extinguir el Fideicomiso 03-99 y resolver los litigios asociados es mediante la aprobación de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Róger Madrigal, presidente del BCCR, y el director de la División de Asesoría Jurídica, Iván Villalobos, manifestaron preocupación por el riesgo político que implica enviar el proyecto al Plenario.
El temor principal es que los diputados modifiquen el texto original y obliguen al Central a absorber el patrimonio negativo del fideicomiso y a responder directamente por las demandas judiciales pendientes.
“La autonomía patrimonial del fideicomiso representa un mitigante al riesgo clave para el Banco Central, que es que no se comprometa su patrimonio para atender cualquier deuda que pueda generar este fideicomiso”, expuso Villalobos.
“La idea de integrarlo al Banco me parece riesgosísimo y con todos los costos legislativos (...), yo no votaría a favor de eso”, dijo Madrigal.
Ante este escenario, la estrategia actual de la administración es continuar impulsando arreglos conciliatorios y mantener el pago de ¢6,3 millones mensuales de forma indefinida, con el fin de preservar la separación patrimonial y evitar que los litigios afecten las finanzas directas del Banco Central.
Sin embargo, la puerta de un cambio quedó abierta. “Yo preferiría explorar la posibilidad de un proyecto de ley donde nos deshagamos de eso. Pero, como les digo, es una decisión que todavía requiere discusión”, dijo Madrigal antes de cerrar el tema durante la reunión de la junta directiva.
