EscucharEl Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), diseñado para proteger los ahorros de los costarricenses, no lograría alcanzar el nivel mínimo de estabilidad exigido por la ley hasta dentro de 50 años.
Así consta en el acta de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) del 8 de abril de 2026, en la sesión ordinaria 6317-2026.
Con base en un diagnóstico técnico elaborado por el Departamento de Investigación Económica de la entidad, los miembros señalaron que la normativa vigente exige un nivel de estabilidad del 5% del total de los depósitos garantizados, pero con el ritmo de recaudación actual tardaría cerca de 50 años en alcanzarse.
Según explicó Ana Rita Mora, directora del Departamento del Fondo de Garantía de Depósitos, las entidades financieras aportan una contribución anual de apenas un 0,15%, lo que calificó como un ritmo de acumulación “bastante lento” y “muy bajo”.
Esta característica implica que, para llegar a la meta, se requeriría un escenario ideal del lapso mencionado sin que ocurra una sola quiebra o resolución bancaria.
Sin embargo, Alonso Alfaro, economista de la institución, fue enfático al señalar durante la sesión que la probabilidad de atravesar cinco décadas sin enfrentar una crisis de inestabilidad financiera es “prácticamente cero”.
Por lo tanto, ante cualquier necesidad de utilizar los recursos para proteger a los ahorrantes, el plazo para alcanzar la madurez del fondo se extendería indefinidamente bajo los parámetros vigentes.
Ahora bien, la proyección de tiempo para alcanzar esta meta no es un tema nuevo de discusión. Los registros institucionales muestran que en el acta del 12 de marzo de 2025 (sesión 6243-2025), la Junta llegó a debatir escenarios más optimistas donde se esperaba que posibles ajustes normativos redujeran esa espera a plazos de entre 15 y 30 años.
No obstante, esas cifras surgieron cuando aún no se contaba con un estudio técnico detallado que respaldara los números de forma estricta.
¿Cómo funciona el fondo?
El FGD, que opera como un componente esencial de la red de seguridad financiera del país, fue establecido mediante la Ley 9816 para garantizar los depósitos de los ciudadanos ante eventuales procesos de resolución o cese de intermediación de entidades financieras.
Para ello, nutre su patrimonio con las contribuciones que realizan las entidades financieras supervisadas.
Su estructura administrativa cuenta con el apoyo técnico del BCCR y se mantiene en coordinación con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Según el Central, el fondo mantiene una gestión activa y al cierre del periodo 2025 reportó un patrimonio acumulado de ¢20.482 millones.
Asimismo, cuenta con una cartera de inversión de $37 millones y la participación de 36 entidades contribuyentes, distribuidas entre bancos públicos, sector privado y cooperativas.
