A partir del 8 de mayo el próximo gobierno deberá atender un tema que es de atención inmediata: la gestión de la deuda pública y el déficit fiscal, un problema que tiene consecuencias directas en la economía de las familias y las empresas.
Incluso, ni siquiera se trata de un tema que debe empezar, la administración de la deuda es continúa y nunca cesa: prácticamente todas las semanas el Ministerio de Hacienda debe salir al mercado a colocar bonos, realizar ventas en ventanillas, hacer subastas inversas y pagar intereses.
Por ejemplo, el pasado 23 de marzo Hacienda volvió a hacer una importante captación en el mercado que demuestra la urgencia por recursos. Por medio de bonos captó ¢216.205,83 millones en instrumentos en colones y $514,82 millones, cifras relevantes dentro del plan de colocación semestral.
A diciembre del 2017, la deuda sumaba el 49,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un valor que algunos organismos internacionales califican como insostenible y que, para llegar a niveles normales no solo tendrán que pasar más de cuatro años; sino que son necesarios cambios en la composición de los gastos e ingresos del Gobierno, modificaciones legislativas, entre otras decisiones.
La deuda pública podría compararse con un tanque de agua oxidado y corroído, producto de insostenibles mecanismos de mantenimiento de los mandatos anteriores.
Según el Ministerio de Hacienda, hace 18 años, en el 2000, la deuda pública ya representaba el 39% del PIB.
Desde entonces, el tanque de agua ha pasado por las manos de seis gobiernos, alcanzando un mínimo de 24% del PIB en el 2008, durante el gobierno del expresidente Abel Pacheco.
Sin embargo, esas manos no lograron mantener el tanque en condiciones adecuadas, y la corrosión acabó por llenarlo de huecos por los que se comenzó a filtrar su contenido, entre otros problemas.
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Así, el paso de deuda comenzó a presionar profundamente los gastos del Gobierno Central, que en un intento por frenar las fugas, comenzó a endeudarse interna y externamente, colocando parches en una superficie que mostraba señales de corrosión.
Los remiendos para poder sostener la deuda dentro del tanque mientras llegaban las verdaderas soluciones no solo se evidencian en el aumento del volumen de las emisiones del Ministerio de Hacienda, sino también en el aumento de las tasas que se ofrecen.
En los últimos cuatro años la deuda pública pasó de $19.355 millones a $28.162 millones, un crecimiento de 45,5%.
Hoy la que más peso tiene dentro del gasto es la deuda interna, con una proporción del 79% del total de deuda y un volumen de $22.248, mientras que la deuda externa representa el 21% del total, con un monto de $5.914 millones.
Lo anterior responde principalmente a la incapacidad del Gobierno de financiarse en el extranjero por medio de Eurobonos.
El país necesita un tanque más robusto, compuesto de un material anticorrosivo cuyo principal componente es una reforma tributaria capaz de generar más ingresos y de reducir los gastos; que amplíe su capacidad y evite fugas innecesarias de los ingresos del Gobierno, aunque este contenedor tarde en ser construido, sus efectos no puedan medirse inmediatamente, y sean necesarios al menos tres períodos de gobierno más para percibir el éxito de la gestión.
Ante la incapacidad de los gobiernos anteriores de aprobar una reforma fiscal y los altos niveles a los que llegó la deuda, la opción de Hacienda para seguir haciendo remiendos hasta que asuma un nuevo gobierno ha sido endeudarse en el mercado interno.
Para mejorar el atractivo, las tasas han llegado a ser, en promedio, tan altas como 8,38% en el último año y que no han logrado bajar a más de 7,77%, no solo por la demanda de mejores rendimientos por parte de los inversionistas sino por el riesgo que es para ellos invertir en un emisor con pocas capacidades de gestionar su liquidez.
Golpe de realidad
Antes de lograr niveles sostenibles y poder disfrutar finalmente de un tanque nuevo, el nuevo gobierno tendrá que hacerle frente a los vencimientos de este año y al déficit fiscal, para el cual Hacienda necesita constante financiamiento.
La nueva administración deberá encarar además de los gastos por remuneraciones, salarios y pensiones; vencimientos de $3.732 millones en el 2018, $2.464 millones en el 2019, $2.228 millones en el 2020 y $1.873 millones en el 2021, el año saliente del gobierno entrante.
El próximo Alvarado que resulte electo no podrá regocijarse con el hecho de que logró llevar la deuda a niveles estables al final de su mandato, sin embargo, deberá comenzar a actuar de inmediato.
El nivel de deuda es tal que su disminución a niveles saludables puede tomar más de cuatro años. Es decir, no solo hace falta un tanque nuevo sin fugas y con buenas bases, sino que también hace falta disminuir su nivel para el peso no se lo traiga abajo.
Pese a que no tienen completamente clara la forma en cómo se llevarán a cabo los cambios, los dos candidatos por la presidencia sugieren propuestas similares en cuanto al control de gasto y aumento de los ingresos. Si se observan un poco más a fondo existen ligeras diferencias.
Esta similitud en la gestión se debe a que los canales de acción para gestionar la deuda se han reducido y en la actualidad son realmente pocos.
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José Francisco Pacheco, integrante del equipo económico del partido Acción ciudadana (PAC), explicó a EF que el objetivo de su gobierno será ‘cortar lo que alimenta la deuda’.
Según comenta, la estrategia se basa en reducir el déficit primario y el flujo de recursos que alimentan el déficit para hacer una reversión del peso de la deuda en la economía.
Para esto el PAC incrementaría los impuestos mediante la reforma que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y gestionaría el gasto mediante la desaceleración del crecimiento de las planillas y el control de las transferencias, enviando el dinero que las entidades son capaces de ejecutar, gastando los fondos de la caja única y con base en eso, se otorgaría o no más presupuesto, bajo el marco de la regla fiscal.
El PAC también priorizaría el endeudamiento a largo plazo, menores tasas para las colocaciones y permitiría, mediante un proyecto de ley, el endeudamiento externo para hacerle frente a las necesidades de liquidez mediante fondos externos, entre otras propuestas.
El partido Restauración Nacional, por su parte, apuesta por el congelamiento de plazas y evitar su sustitución para el recorte del gasto, una propuesta de salario único y tope a las anualidades.
Gerardo Corrales, integrante del equipo económico del partido Restauración Nacional, explicó en el debate electoral de El Financiero que apostaría por una gestión de deuda coordinada entre Hacienda, Bancos Estatales y el Banco Central.
Además, optaría por líneas de crédito con organismos internacionales a más largo plazo, una opción de financiamiento que demandaría un costo menor a la colocación de deuda aunque para eso es necesario que se apruebe antes una reforma fiscal, y también propone un acuerdo de colocación externa.
El partido Restauración Nacional fue consultado para que ampliara sus propuestas, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de este reportaje.
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