La propuesta del Ministerio de Hacienda para una consolidación fiscal incluye, entre sus sugerencias, un mayor control al crecimiento de la planilla del sector público y opciones para contener los salarios y remuneraciones.

Según el documento dado a conocer esta tarde por el jerarca de Hacienda, Edgar Ayales, se plantean opciones con el fin de disminuir el peso de la planilla y los salarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos cinco años.

Según Hacienda, la mayor parte del déficit primario del Gobierno Central y su aumento se debe al incremento del gasto en los últimos seis años y, a su vez, del rubro de remuneraciones. Este renglón de las cuentas nacionales pasó de ser el equivalente de un 5,2% del PIB en el 2007 a un 7,3% en el 2012.

Al igual en las otras áreas como en la modificación de tributos, el documento En ruta hacia la consolidación fiscal propone un listado de opciones que se pueden llevar a cabo para mejorar los ingresos del Estados y no consiste en una propuesta definitiva o proyecto de ley.

Hacienda parte del hecho que los empleados del sector público se les ha aumentado el salario más rápido con respecto a los del sector privado en los últimos cinco años.

Señala que, debido a la política denominada percentil 50, aplicada entre el 2007 y el 2010 (administración Arias Sánchez), hubo un aumento considerable en las remuneraciones del sector público. Esa política consistió en equiparar los salarios de los profesionales del Gobierno Central con el percentil 50 de los salarios de entidades autónomas no financieras.

Los ajustes efectuados terminaron por aumentar en un 25% el salario promedio con respecto al PIB per cápita. Además, los ingresos percibidos por un trabajador del sector público son más altos que los de una persona en el sector privado en categorías de empleo similares. Las diferencias están en un rango de 12% y 40%, con un promedio del 23%, y en el sector público descentralizado la brecha se amplía a 49%.

Para un periodo más reciente, las autoridades fiscales argumentaron que han desacelerado el ritmo en el crecimiento de los salarios, pero que el peso que tiene la planilla total en el PIB aún no ha bajado.

"Una desaceleración en la planilla es un elemento fundamental de cualquier proceso de consolidación fiscal" se afirma en el documento. Adicionalmente, se propone una limitar los incrementos salariales y algunos beneficios adicionales (pluses) por los próximos cinco años.

Las opciones propuestas para el manejo de los salarios son las siguientes:

• Establecer un ajuste por costo de vida vinculado al salario total y no con el salario base. Esta idea pemitiría una reducción en la tasa de crecimiento de los salarios base, que en los últimos años en promedio han sido iguales o mayores a la inflación.

Por el lado de las contrataciones, también se hicieron propuestas para bajar la velocidad con que se suman personas como empleadas del sector público. Hacienda considera que se debe trabajar en una política de contratación austera pues argumenta que la planilla del Gobierno Central está por encima de países latinoamericanos y de los que son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se plantean tres caminos para contener este gasto por medio de la limitación en el crecimiento del número de plazas por año.

La primera de las propuestas es el congelamiento de plazas con ninguna creación de nuevos puestos y un reemplazo parcial de los que se desocupan.

La otra idea también consiste en paralizar la creación de nuevos puestos, pero sin limitar la reposición de los que queden vacantes. Bajo este esquema se prevé el ahorro de 0,12% del PIB en un plazo de cinco años.

La tercer opción es el aumento en las plazas a un ritmo menor que el incremento de la población, lo anterior representaría un ritmo aproximado de 1.000 plazas por año según lo observado en el periodo 2010-2012.

La importancia o la proporción que tienen las pensiones cuyo pago sale del presupuesto nacional es también un asunto de preocupación para Hacienda. Estas erogaciones superan las que hace el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Según el estudio, los pagos del IVM equivalen a un 2,2% del PIB, mientras que las pensiones que paga el Gobierno Central representan el 2,6% del PIB a pesar de que estas últimas están dirigidas a un tercio de personas en comparación con los pensionados de la CCSS.

En este campo las propuestas giran en torno a un mayor aporte del trabajador a su fondo de pensión, fijar un tope global a las pensiones (¢1,4 millones), eliminar la opción de retiro antes de los 60 años y eliminar el ligamen con el ajuste por el costo de la vida de los salarios del servicio civil.

Entre las posibilidades también se menciona que a la brevedad posible se hagan reformas a los sistemas de pensiones del IVM y al del Poder Judicial con el fin de evitar que el Gobierno tenga que financiar un eventual déficit en estas cuentas.