Por: María Fernanda Cisneros.   30 abril
Las necesidades brutas de financiamiento para el 2020 corresponden al 12,45% del PIB, los cuales el Gobierno pretende atender mediante un plan de financiamiento en el mercado externo e interno. Foto: Rafael Pacheco
Las necesidades brutas de financiamiento para el 2020 corresponden al 12,45% del PIB, los cuales el Gobierno pretende atender mediante un plan de financiamiento en el mercado externo e interno. Foto: Rafael Pacheco

El déficit fiscal del Gobierno de Costa Rica alcanzaría el 8,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, lo que se traduciría en un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales si se compara con el resultado del 2019 (7%).

La diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno Central, sin incluir intereses, llegaría por su parte a un déficit de 3,4%.

La deuda, como porción del PIB, pasaría de 62% en 2019 a 67% en 2020.

Esta es la perspectiva que dio a conocer el Ministerio de Hacienda la tarde del 30 de abril, durante una conferencia de prensa trasmitida vía Facebook Live.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que esa estimación sería el resultado del golpe que da el nuevo coronavirus a la economía nacional y a las finanzas públicas.

Hacienda mostró diferentes escenarios en donde el menos desalentador es un déficit financiero de 8,6% del PIB y un primario de 3,4% del PIB.

Este resultado menos sombrío sería posible si el Gobierno contara con el aval para la aplicación de ciertos proyectos, pero además, un recorte presupuestario.

Sin embargo, el ministro de Hacienda afirmó que el peor panorama fiscal sería de un 10% del PIB en el déficit fiscal y de 4,1% en el primario, sin el apoyo de los proyectos de ley y el aval para recibir los préstamos con organismos multilaterales.

Las necesidades brutas de financiamiento para el 2020 corresponden al 12,45% del PIB, los cuales el Gobierno pretende atender mediante un plan de financiamiento.

¿De cuáles proyectos habla Hacienda?

Los recursos provenientes del ahorro en combustibles, con un monto estimado de ¢28.000 millones.

El plan lo que hace es autorizar que se usen las ganancias extraordinarias de los precios del petróleo, que han caído por el coronavirus, para financiar la atención de la emergencia.

Originalmente era de un monto de ¢50.000 millones, pero los diputados aprobaron una cifra menor.

También, los diputados ya evalúan dos proyectos adicionales.

El primero consiste en ¢75.000 millones, de los excedentes del Instituto Nacional de Seguros (INS), que el Gobierno quiere pasar directo a sus arcas.

El segundo consiste en el proyecto Pagar por un monto de ¢139.000 millones, que provendrían de los superávits de instituciones públicas.

Por último, la adquisición de ¢140.000 millones de recursos no ejecutados en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), para que contribuyan a la situación fiscal de la crisis. Esta propuesta será presentada al Congreso.

A estos proyectos se le une el compromiso de recortar en una primera ronda por ¢70.000 millones y en una segunda otros ¢70.000 millones. Estos ¢140.000 millones son recortes que no pasan por la vía legislativa.

Panorama fiscal

Aun en el mejor de los escenarios, las previsiones del Ministerio de Hacienda son inclusive mayores a las que han publicado las agencias calificadoras de riesgo.

Moody’s estimó un 8,1% y Standard and Poor’s 8%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el desbalance fiscal de Costa Rica alcanzaría el 7,8% del PIB en 2020, para posteriormente bajar a 7,1% en 2021.

Cualquier panorama es mucho peor al previsto a inicio de año. En enero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con datos del Ministerio de Hacienda, mostró una previsión de un déficit financiero (que incluye intereses) que alcanzaría el 5,9% del PIB en 2020 y un déficit primario de 1,3% del PIB (2,8% en 2019).

Esa contracción del déficit se esperaba debido a la aplicación estricta de la regla fiscal a lo largo de todo el año. También, por las modificaciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y renta, que generarían mayores ingresos, y a pesar del aumento estimado en los gastos de capital (inversión pública).

También en el arranque del año, se previó que la deuda, como porción del PIB, alcanzaría un 61%.

“El país venía recogiendo la cosecha de recabar más impuestos y de desacelerar el crecimiento del gasto público, sin embargo, viene el COVID-19 y estamos atravesando un drama en este tiempo”, explicó el ministro de Hacienda.

Así, en cuestión de semanas, todas las perspectivas de mejoría en las finanzas estatales quedaron atrás, y ahora el Gobierno presenta un panorama mucho más sombrío debido al golpe del nuevo coronavirus.

De entrada, la producción nacional se contraería 3,6% al término del 2020, según la estimación del Banco Central.

Esta contracción económica redundaría también en un golpe para las arcas del Estado.

En la actualidad, la labor del Ministerio de Hacienda y del Gobierno se enfoca en “evitar que una recesión profunda, pero temporal cause un daño permanente a nuestras empresas, a nuestras instituciones y a nuestro país en general”, apuntó Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda.

También, Chaves afirmó que el plan que plantea el Gobierno garantiza honrar sus compromisos: programas sociales, deuda pública, salarios, cargas sociales, proveedores e inversión pública.

Para el economista Juan Muñoz, el Gobierno aún debe dar señales más concretas sobre las soluciones para la crisis económica. Una de estas es que aplique una reducción importante a los gastos corrientes, específicamente en el campo de salarios.

Muñoz explicó que se puede optar por congelar contrataciones, reducir jornadas laborales o incluso trasladar empleados de ciertas instituciones para estas sean cerradas. También criticó el anuncio de Chaves por carecer de menciones sobre la venta de activos del Estado, operaciones que le podrían dar recursos para financiar el faltante de este año.

Por su lado, el economista Luis Mesalles, destacó que el ministro de Hacienda hace un importante esfuerzo al proyectar el comportamiento del déficit en un ambiente tan cambiante.

El que las proyecciones resulten válidas o no dependerá de la recuperación de la economía en el corto plazo hacia el 2021, lo que supone, a su vez, que las medidas de restricción a la movilización se van a ir suavizando poco a poco, con buenos resultados. De lo contrario, el declive de la economía puede ser más grave.

“No conocemos cómo reacciona el virus y en otros países han tenido que echar marcha atrás al confinamiento, el ministro de Salud ha dicho que deben ir a prueba y error”, anotó Mesalles.

Mesalles, además, coincide en que las medidas de recorte de gasto aún son tímidas e insuficientes al pensar en las obligaciones no solo del 2020 sino también del 2021, un año en el que el acceso al financiamiento externo se podría dificultar aún más.

De momento, los vencimientos de la deuda para el 2021 alcanzan los $3.633 millones (9,71% de la deuda), pero esta cifra podría elevarse.

¿Cómo se financiará el Gobierno?

El Ministerio de Hacienda enlistó los diversos préstamos de apoyo presupuestario y vías por las cuales busca recursos que le ayudarían a atender los compromisos de la deuda.

El objetivo de los proyectos y los préstamos es compensar la reducción de los ingresos que recibe Hacienda, así como financiar los gastos de la crisis y mantener una posición fiscal que permita la estabilidad, anotó el ministro de Hacienda.

Las necesidades brutas de financiamiento para el 2020 corresponden al 12,45% del PIB, los cuales se financiarán de la siguiente manera:

Esto incluye lo que el Gobierno debe renovar de deuda existente, más la nueva deuda que se colocará.

1,79% del PIB ya obtenido:

  • Al 22 de abril, Hacienda contaba con $1.105 millones obtenidos en el mercado interno.

2,92% del PIB de recursos externos:

  • Banco de Desarrollo de América Latina (CAFI) por $500 millones.
  • $994 millones disponible de eurobonos del 2019.
  • Préstamos ya obtenidos suman recursos disponibles por $309 millones. Esto es para financiar gastos de inversión.

2,92% del PIB en acuerdos con organismos internacionales:

  • Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo por $380 millones.
  • Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $250 millones.
  • Banco Mundial por $500 millones.
  • CAF II-Neto por $380 millones.
  • CAF COVID-19 por $50 millones.
  • BID COVID-19 por $245 millones.

1,22% del PIB en acuerdos con otros organismos:

  • Fondo Monetario Internacional (FMI)-RFI por $504 millones.
  • BID-Proteger $250 millones.

Por último, 3,60% del PIB:

  • Mercado interno por $2.099 millones, que se tendrían que buscar en lo que resta del año.

Respecto a la presión que podría ejercer Hacienda en el mercado interno, Chaves explicó que en años previos la demanda de recursos de parte del Gobierno ha sido inclusive mayor, por lo que señaló que el plan de financiamiento en el exterior es robusto.

En 2018, Hacienda demandó 11,49% del PIB en el mercado doméstico y en 2019 una cifra del 11,23% del PIB.

Nota del editor: Esta nota fue ampliada posterior a su publicación.

Colaboró Sergio Morales.