La posibilidad de eliminar la exoneración que tiene actualmente la canasta básica y ponerle un impuesto al valor agregado (IVA) del 13%, como evalúa el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, tendría un golpe enorme para las familias más vulnerables del país y las de clase media.
Aunque el jerarca justificó la medida al afirmar que el objetivo “es quitarle a los emperifollados la exención que hay en bienes de canasta básica, nada más”, los datos del último estudio del Ministerio de Hacienda, “Estimaciones del Gasto Tributario 2024″, revelan que el impacto sobre el presupuesto de cada estrato socioeconómico es profundamente desigual.
Al tratarse de bienes esenciales para la subsistencia, un aumento en sus costos afectaría la capacidad adquisitiva de los costarricenses de menores recursos en una proporción mucho mayor que la de los hogares más adinerados.
La exoneración vigente en los impuestos indirectos como estos no distingue entre los consumidores según su capacidad adquisitiva.
Bajo este esquema, una persona en condición de pobreza que compre una caja de leche o una bolsa de arroz pagaría exactamente el mismo impuesto que alguien con ingresos superiores a un millón de colones mensuales.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los hogares pertenecientes al primer décil son aquellos con ingresos inferiores a ¢64.750.
El estudio revela que perderían un equivalente al 7,13% de sus ingresos si se aprueba la tarifa general del 13%.
En la otra acera, las familias ubicadas en el décimo decil que perciben más de ¢830.283 verían reducido su presupuesto en apenas un 0,61%.
Desde la perspectiva de la recaudación fiscal, el beneficio resulta regresivo, pues las familias de altos ingresos, debido a su mayor volumen de consumo, reciben un mayor número de exoneraciones.
Actualmente, los dos deciles más ricos concentran cerca del 21,5% del gasto tributario total (el dinero que el Estado deja de percibir por la tarifa preferencial). Por el contrario, los dos deciles más pobres reciben alrededor del 18% del gasto tributario total.
Como gasto tributario, se entiende el dinero que el Estado deja de recaudar porque otorga beneficios fiscales a determinados contribuyentes, sectores económicos o productos.
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El millonario peso de la canasta básica
La propuesta gubernamental busca recuperar parte de los recursos que el Estado deja de recaudar debido a la tarifa del 1%.
Esta diferencia representa un sacrificio fiscal de ¢504.776 millones anuales, lo que equivale a 1,03% del producto interno bruto (PIB).
De todos los beneficios y exenciones aplicados al IVA sobre bienes y servicios, la canasta básica concentra un 60,4%. Es decir, de cada ¢100 que Hacienda no recauda por tratamientos preferenciales, ¢60 corresponden a la canasta básica.
En total, el gasto tributario general del IVA asciende a ¢835.675 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Costa Rica aplicar una tarifa del 13% a la canasta básica en la reciente evaluación periódica.
Según el organismo, esta medida ayudaría a elevar el superávit primario del gobierno del 0,9% al 1,4% para el año 2027 y a reducir la deuda pública.
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Compensación y escenario político
Ante la posibilidad de que este ajuste sea presentado oficialmente en los próximos días por Rodrigo Chaves, los especialistas advierten sobre las repercusiones sociales.
Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, reconoció que cobrar el 13% ampliará la recaudación de forma significativa, pero advirtió que incrementa la carga sobre quienes destinan la mayor parte de sus recursos a sobrevivir.
“Cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados”, destacó la economista.
Esta idea concuerda con la postura del diputado Nogui Acosta, quien desde 2018 ha sugerido aplicar un IVA generalizado, pero acompañado de un mecanismo de devolución de impuestos para los estratos más pobres.
Del mismo modo, opinó Edna Camacho, exviceministra de Hacienda, quien dijo que el mecanismo de compensación debe analizarse bien.
“En el 2018, cuando se planteó la reforma fiscal, se había hablado de este tema y de la posibilidad de utilizar la información del Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) que es un órgano adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), sin embargo, al final este cambio se dejó por fuera, ya que no se sabía qué tan actualizado estaba esa base de datos”, explicó.
Reforma urgente
Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, aseguró que el deterioro que han venido experimentando las finanzas públicas en Costa Rica hace que esta reforma no solo sea necesaria, sino que sea muy urgente para el país.
“Se trata de una reforma que el FMI ha impulsado desde hace mucho tiempo. Considero que debe promoverse, apoyarse y aprobarse, pero como parte de una reforma integral que incorpore, en la misma ley, un mecanismo de compensación para los hogares de menores ingresos”, dijo.
“En particular, ese mecanismo debería enfocarse en el primer quintil de ingresos, es decir, en el 20% de los hogares con menores ingresos del país, duplicando el beneficio que reciben por el tratamiento preferencial de la canasta básica”, agregó el expresidente del BCCR.
De esta forma, aseguró que la reforma contribuiría no solo a estabilizar las finanzas públicas, como parte de un paquete fiscal más amplio,sino también a reducir la pobreza en el país.
Fernando Rodríguez, economista, aseguró que algunos productos de la canasta básica tributaria aumentarían de precio y en este momento es muy difícil saber cuánto dinero se va a recaudar porque todavía no se tiene una lista de los productos que se van a incluir.
“Dentro de la lógica del IVA personalizado está la devolución del monto pagado por el impuesto y habría que ver, porque eso requeriría una forma de ayuda social por medio del IMAS y sin saber a ciencia cierta la propuesta del gobierno, estamos especulando un poco sobre cómo se podría pactar”, explicó.
Todavía está por verse cuál sería un posible mecanismo de devolución en caso de que el Gobierno decida proponer un proyecto para eliminar la exoneración del IVA de la canasta básica.
