Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito) todavía se encuentra en el proceso de intervención. En pocos días se conocerá si la cooperativa es viable o inviable, o si es necesario un plazo adicional de 30 días naturales más para definirlo.
El viernes 14 de junio de 2024 es la fecha límite para saber si el interventor titular de Coopeservidores, Marco Hernández Ávila, recomienda un plan de regularización —si considera que la entidad es viable—, un mecanismo de resolución o la solicitud de quiebra —estas dos últimas alternativas pueden considerarse si la institución es inviable—; o bien si solicitará la prórroga. Importante: cualquiera de los escenarios indicados puede ser anunciado antes del próximo 14 de junio.
El interventor designado por el Consejo en un plazo de treinta días naturales, luego de acordada la intervención, deberá presentar al Conassif la situación de la entidad intervenida y recomendarle un plan de regularización si consideran su viabilidad o el mecanismo de resolución a utilizar, en caso de inviabilidad. En aquellos casos en que, por su complejidad, el análisis requiera mayor tiempo, el Consejo podrá conceder treinta días naturales adicionales para recibir la recomendación del interventor.
— Artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica
Independientemente de que exista prórroga o no, la intervención terminará o en un proceso de regularización de la cooperativa que permita mantener de forma adecuada su funcionamiento, o en un proceso de resolución que permita el cese ordenado de sus operaciones.
Pues bien, antes de que llegue el veredicto de la Interventoría sobre la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, o la solicitud de prórroga, El Financiero resume qué es lo que sabe hasta ahora sobre el caso de Coopeservidores y qué no.
Lo que se sabe hasta ahora
El pasado lunes 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Coopeservidores hasta por un plazo de 30 días naturales. El ente informó que la decisión se tomó con base en la recomendación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
--Tras un estudio especial que efectuó a Coopeservidores en enero de 2024, la Sugef detectó una serie de situaciones que “evidencian una administración de los negocios por parte de la cooperativa en forma tal que pone en peligro su seguridad y solvencia”. Entre ellas (textual), que la entidad aplicó de forma masiva moratorias de pago, evitando la reclasificación de operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo y sin realizar ninguna gestión de cobro; y que los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa han actuado con negligencia, además de que el manejo irregular y riesgoso de los mismos permitió el ocultamiento de información financiera real.
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--Durante la intervención de Coopeservidores, Hernández Ávila, y Lillieth Brenes Zúñiga, interventora adjunta, son los encargados de la administración de la entidad. “La alta gerencia queda suspendida, igualmente que los miembros del Consejo de Administración. Nosotros asumimos totalmente la representación judicial y extrajudicial de la entidad”, dijo el interventor titular de Coopeservidores a El Financiero el pasado 14 de mayo.
--Ese mismo 14 de mayo se confirmó que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual está investigando a Coopeservidores por presuntas irregularidades administrativas. El Ministerio Público comunicó en ese momento que la pesquisa que se tramita bajo el expediente 24-000017-0621-PE es por la presunta infracción del artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El artículo en mención instaura que se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que:
--- Registrare, alterare, permitiere o consintiere la alteración de registros, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas o para afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados.
--- Proporcione, a la Superintendencia General o a los órganos supervisores auxiliares, datos o informes falsos o inexactos, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, de evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
--Por esta causa, además, la Fiscalía allanó el pasado 29 de mayo cuatro sedes de Coopeservidores (una en Rohrmoser, una en Alajuela y dos en San José). Las diligencias pretendían decomisar prueba documental y electrónica para incluir al expediente en mención.
--Ese 29 de mayo también se dio a conocer que el gerente general de la cooperativa, Óscar Hidalgo Chaves, fue despedido el 15 de mayo de 2024 sin responsabilidad patronal. “Los otros gerentes habían sido despedidos por la anterior administración”, precisó Hérnandez Ávila.
--Producto de la intervención, el dinero de todos los ahorrantes de Coopeservidores se encuentra temporalmente congelado; es decir, no lo pueden usar. Las tarjetas de débito y crédito emitidas por la cooperativa también están inhabilitadas. Los deudores, por su parte, deben seguir haciéndole frente a sus obligaciones con normalidad.
Aspectos que todavía no se saben
--De momento, no se sabe quién o quiénes, con nombres y apellidos, fueron los responsables de que la información reportada por la administración de la entidad sobre las operaciones de crédito mostrara “deficiencias graves en su precisión, consistencia e integridad”, según Sugef. Tampoco se tiene conocimiento de si fue una situación orquestada.
--De hecho, el expediente 24-000017-0621-PE que tramita la Fiscalía es contra ignorado. Esto significa que aún no está identificado el o los imputados en el caso de Coopeservidores.
--Ahora bien, pese a que no hay nombres y apellidos, en una resolución del Conassif publicada en el Diario Oficial La Gaceta el jueves 16 de mayo, se indica que para la Sugef la “negligencia y el manejo irregular y riesgoso” de los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa permitió el ocultamiento de información financiera real.
“La negligencia de las instancias de gobierno de la cooperativa permitió el ocultamiento de sus problemas, impidiendo con ello el tratamiento preventivo de manera oportuna. Lo anterior, a partir de la utilización de un mecanismo mediante el cual aplicaron en gran volumen la moratoria de pagos de créditos malos, a los cuales, entre otros aspectos, no se les ejecutó ninguna gestión de cobro. No se evidencia que ninguna de las instancias de gobierno corporativo haya cumplido efectivamente sus funciones y responsabilidades para advertir y mitigar la ejecución de este mecanismo”, dice el documento.
--Otro detalle del que de momento no se tiene certeza es desde cuándo la cooperativa habría reportado información que no reflejara su verdadera situación económica y financiera.
La Sugef detectó, mediante Informe de Supervisión SGF-0159-2024, con fecha del 22 de enero de 2024, una serie de irregularidades en la gestión y administración de Coopeservidores, tras realizar un estudio de supervisión para evaluar la calidad y razonabilidad de datos que le remitió la cooperativa mediante el sistema de información XML Crediticio, durante el período comprendido entre enero de 2022 y agosto de 2023. Sin embargo, no se sabe si las anomalías pudieron darse, incluso, antes de 2022.
--Luego de que esa fiscalización culminó, Coopeservidores tuvo que hacer un ajuste en el resultado financiero obtenido en el 2023, para reflejar una pérdida por ¢26.975 millones debido al deterioro de “varias” operaciones crediticias. Inicialmente, esta cooperativa había reportado ganancias por ¢3.288,5 millones.
La caída respondió al deterioro de una parte de los préstamos que la cooperativa tuvo que respaldar con recursos del patrimonio.
--Ahora bien, entre otros asuntos que se desconocen hasta el momento, porque no ha concluido el proceso de intervención, se encuentran:
1. Cuál es la situación financiera real de la cooperativa
2. Qué pasaría con los empleados de la entidad
3. Qué podría ocurrir con los préstamos y ahorros de los clientes de la institución
4. Si eventualmente se determina la inviabilidad de la empresa, a quién se le debería de pagar de primero.
A diferencia de intervenciones que se han dado en el pasado, de ser necesario (solo si se considera que la entidad es inviable), Coopeservidores podría hacer uso del Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo garantiza hasta por un máximo de ¢6 millones los depósitos y ahorros que las personas físicas y jurídicas mantienen en intermediarios financieros supervisados por la Sugef, como las cooperativas de ahorro y crédito.
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14 de junio de 2024, un día clave
El viernes 14 de junio de 2024 es la fecha límite para que el interventor determine la viabilidad o inviabilidad de Coopeservidores, o solicite al Conassif una prórroga de 30 días naturales más para definirlo.
El interventor titular de Coopeservidores estimó, el 14 de mayo pasado, que el proceso de intervención podría concluir antes “siempre que sea posible las precondiciones para una resolución. Eso va a depender mucho de lo que se genere ya finalmente como conclusión del estudio que nosotros efectuemos”. Sin embargo, igual tiene la opción de solicitar un plazo mayor.
“El interventor puede solicitar al Conassif, mediante informe escrito y debidamente justificado, que le conceda treinta días naturales adicionales para emitir la recomendación que debe plantear con respecto a la viabilidad o no de la entidad intervenida”, dice el artículo 20 del Acuerdo Sugef 40-21.
Pues bien, independientemente del momento, si el interventor determina que la entidad es viable recomendará un plan de regularización que es de acatamiento obligatorio para la entidad, y si no lo es, sugerirá un proceso de resolución. Cualquiera de los dos escenarios debe ser aprobado por el Conassif.
Si se sugiere el proceso de resolución, este deberá concluir en el uso de algún mecanismo (como la venta del negocio de la entidad) y la liquidación de la entidad, o en el pago de la garantía de depósitos y solicitud de apertura del proceso concursal (solicitud de quiebra).
