EscucharLa agencia S&P Ratings confirmó la calificación soberana de Costa Rica en BB con perspectiva estable, pero estimó que la deuda del gobierno continuará por encima del 60% del PIB durante los próximos cuatro años, reflejando que la consolidación fiscal avanza, aunque las presiones sobre las finanzas públicas persisten.
La deuda llegará a un equivalente del 62,4% del PIB en 2026; 63,3% del PIB en 2027; 63,4% del PIB en 2028 y 63,3% en el 2029, si no se aprueban cambios estructurales.
Además, estima un déficit fiscal cercano al 4% del PIB en 2026 y un retorno progresivo en el superávit primario.
La perspectiva estable refleja el equilibrio entre una desaceleración moderada del crecimiento económico y la continuidad de la consolidación fiscal, pese a que el país mantiene un nivel de endeudamiento relativamente elevado.
La calificadora de riesgo confía en que la menor fragmentación política en la Asamblea Legislativa facilitará la aprobación de reformas y agilizará la autorización de financiamiento externo, proceso que en los últimos años había reducido la flexibilidad fiscal.
S&P advierte que podría reducir la calificación durante los próximos 12 a 18 meses sin una política fiscal más expansiva o si una desaceleración económica más severa y prolongada deteriorara de forma persistente los resultados fiscales.
Asimismo, advirtió que nuevos retrasos en el acceso a financiamiento externo, tanto oficial como comercial, podrían tensionar el mercado interno de deuda, debilitar las finanzas públicas y derivar en una rebaja de la calificación.
Pensiones y salud
Uno de los principales riesgos identificados por S&P corresponde a la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y salud.
Con base en estudios actuariales, la calificadora advierte que las reservas de ambos sistemas podrían agotarse en un plazo de entre cinco y diez años, incrementando las presiones sobre las finanzas públicas.
La agencia atribuye parte de este deterioro a la disminución de las contribuciones a la seguridad social registrada tras la pandemia, niveles que todavía no se han recuperado completamente.
Asimismo, señala que las finanzas públicas permanecen expuestas a eventuales reclamaciones relacionadas con servicios de salud prestados anteriormente por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyo monto equivale aproximadamente al 8,5% del PIB.
Aunque considera que la probabilidad de que este riesgo se materialice es baja, advierte que constituye una vulnerabilidad fiscal relevante.
Crecimiento
La calificadora proyecta que la economía costarricense crecerá, en promedio, 3,5% anual durante los próximos años, respaldada por un entorno favorable para los negocios, instituciones estables y una fuerza laboral altamente calificada, factores que continúan fortaleciendo sectores como la manufactura de dispositivos médicos, el nearshoring, el turismo y los servicios.
No obstante, advierte que la incertidumbre en el comercio internacional y el incremento de costos derivado de la apreciación del colón podrían reducir parte del dinamismo reciente observado en las empresas instaladas bajo el régimen de zonas francas.
Reacción de Hacienda
Tras conocer los resultados de la evaluación, el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón, afirmó que la nota otorgada por la agencia valida la disciplina fiscal y la gestión activa de la deuda implementada por el Gobierno.
Según explicó el jerarca, este tipo de calificaciones fomenta la confianza de los inversionistas y ayuda a mantener condiciones de financiamiento favorables para el Estado.
Por último, desde el Ministerio de Hacienda se hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que respalden las iniciativas de financiamiento externo pendientes de aprobación, como es el caso del proyecto para la emisión de eurobonos.
Las autoridades hacendarias insisten en que estos instrumentos son necesarios para diversificar las fuentes de recursos del país y mejorar el perfil de los compromisos adquiridos.
