El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Varapat Chensavasdijai, finalizó su misión oficial en Costa Rica con un diagnóstico claro sobre las arcas públicas: el país necesita una reforma tributaria profunda.
Según el organismo, los cambios en las políticas recientes han “erosionado la base impositiva”, dejando al Gobierno con un margen de maniobra reducido justo cuando la deuda pública ha traspasado un umbral crítico.
El detonante: Una deuda superior al 60% del PIB
El informe indica que la deuda del gobierno central cerró el 2025 por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Este hecho no es menor, ya que, bajo el marco de la regla fiscal vigente, este nivel de endeudamiento obligará a aplicar restricciones más severas al crecimiento del gasto corriente y de capital para el año 2027.
Ante este escenario, el FMI sostiene que es imperativo “introducir cambios en la política tributaria para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda”, permitiendo al Estado obtener los recursos necesarios sin comprometer la estabilidad financiera del país.

Las 4 propuestas clave para aumentar la recaudación
El FMI detalló una serie de medidas específicas que el Gobierno debería implementar para fortalecer sus ingresos:
- Simplificación de la renta empresarial. El organismo propone introducir una “tasa única para la renta de las empresas”, buscando un sistema más eficiente y menos fragmentado.
- Impuestos más progresivos a personas. Se recomienda elevar la “progresividad del impuesto a la renta de las personas físicas”, de modo que las cargas tributarias se ajusten mejor a la capacidad económica de los contribuyentes.
- Eliminación de exoneraciones. El informe urge a reducir el “gasto tributario”, que se refiere a las múltiples exenciones e incentivos que actualmente impiden que el Estado perciba ingresos que le corresponderían.
- Impuestos ambientales o “feebates”. Como medida innovadora, el FMI sugiere un mecanismo de “feebate” basado en las emisiones de los vehículos, lo que generaría ingresos vinculados a metas de sostenibilidad ambiental.
A diferencia de otros planes de ajuste, el FMI recalca que estos nuevos ingresos no deben destinarse únicamente al pago de deuda, sino a rubros que impactan directamente el bienestar social y la competitividad. El objetivo de la reforma es “aumentar la recaudación para apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas”.
Complementariamente, el organismo recomienda una reforma constitucional que permita al Poder Ejecutivo emitir deuda externa dentro de un límite global aprobado por la Asamblea Legislativa. Según el FMI, esto “mejoraría la gestión de la deuda y ayudaría a reducir los costos de endeudamiento”, evitando que el país dependa exclusivamente de fuentes de financiamiento locales más costosas.
Finalmente, el FMI advierte que la sostenibilidad financiera no solo depende de los impuestos, sino de reformar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El personal técnico señala que se deben buscar “reformas paramétricas que eviten aumentos significativos de las ya elevadas tasas de cotización social”, con el fin de resolver el desequilibrio actuarial de las pensiones y garantizar la atención en salud a largo plazo.
