Finanzas

Las cinco formas en las que la reforma fiscal afectaría sus productos financieros

EF hizo un recuento de los principales cambios que contiene el proyecto de reforma tributaria

El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se encuentra aún en discusión en La Asamblea Legislativa no solo cambiará la forma en la que tributamos al adquirir bienes y servicios, sino también la forma en la que obtenemos y consumimos productos financieros.

Los créditos y sus intereses, los rendimientos de los fondos de pensión, los seguros personales y también los de riesgo; esos son algunos de los productos que se verán afectados si es aprobada la reforma fiscal según la última modificación de la moción de fondo del 19 de abril del 2018.

EF hizo un recuento de los principales cambios que podrían regir los cambios productos financieros a partir de su promulgación.

La propuesta de ley no es exactamente clara en cuanto a la contribución de servicios bancarios, ya que la propia propuesta se contradice en cuanto a préstamos.

En el Artículo 2 se especifica que a los préstamos y créditos se les aplicará el IVA; sin embargo, en el Artículo 8, se especifica que están exentos los préstamos y créditos, los créditos para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y otros créditos y préstamos otorgados por las Asociaciones Solidaristas, Sistema de Banca para el Desarrollo, los centros agrícolas, entre otros.

Para Alan Saborío, socio Director de Deloitte, el proyecto no es completamente claro en cuanto a este rubro y, aunque la norma establece la exención de algunos servicios, quedan gravados otros como carteras de crédito, comisiones por servicios bancarios, alquiler de cajas de seguridad, que pasarían a pagar un impuesto del 13%.

En cuanto al cliente final, estos impuestos podrían traducirse como un monto agregado a sus servicios, o bien, es posible que la entidad financiera los transmita a través del costo de los créditos, por medio de tasas.

Los títulos o bonos del Gobierno Central, bancos y los de oferta pública supervisados por la Superintendencia General de Valores serían gravados con un impuesto de renta más alto, estos pasarán de un 8% a un 15% sobre el rendimiento.

“Este hecho afectaría el costo de fondos de los emisores y puede propiciar una recomposición de los portafolios de inversión hacia otros activos o mercados”, explicó José Rafael Brenes, Director General de la Bolsa Nacional de Valores.

Lo que se esperaría es que el efecto de una tasa más alta tenga una consecuencia negativa en el volumen de negociación, ya que se prevé que los ahorrantes se dirijan a productos con tasas diferenciadas.

Lo anterior resulta preocupante para un mercado como el costarricense, que tuvo un decrecimiento del 7% durante el 2017, de $47.000 millones, en contraposición con los $55.586 millones transados dos años antes.

El proyecto afectaría no solo porque se espera que limite el volumen de las transacciones, sino porque además al aumentar los impuestos eliminaría las condiciones que ayudan a mantener la liquidez del mercado, según explicó Brenes.

Aunado a esto, el costo de fondeo de los emisores y fragmentando aún más la formación de precios de mercado, un tema que ha sido cuestionado en el país durante muchos años.

Si hoy para un pequeño inversionista es caro y difícil acceder al mercado de valores, ante las modificaciones lo será aún más.

Los seguros son quizás el producto financiero con cambios más significativos dentro de la nueva ley propuesta y el impacto principal se dará si se llega a establecer el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El principal impacto lo tendrán los hoy exentos seguros personales (seguros de riesgo de vida, integridad y salud).

A los seguros de vida, accidentes y gastos médicos se les impondría un IVA de 2%.

Sin embargo, para el especialista en seguros Said Breedy, se verán afectados por el impuesto como tal, así como por los impuestos sujetos al negocio de accidentes y gastos médicos, sobre los que aplicaría un 4%.

Los seguros de riesgos del trabajo, agropecuarios y de vivienda de interés social también deberían pagar un 2% de impuesto de ventas, un importe que podría ser absorbido, en el caso del seguro de riesgos por las empresas, o incluso por el propio trabajador.

Para Breedy el texto que tiene interpretaciones poco claras, particularmente en casos como el del artículo 8, que establece que las operaciones relacionadas con la exportación de bienes, algo que podría incluir a los seguros necesarios para la exportación.

El sector seguros creció 15% durante el año pasado, por encima incluso del crecimiento de la actividad económica del país. Ante mayores costos, los resultados podrían ralentizarse.

Los fondos de inversión serían de los más afectados con la nueva legislación.

Los intereses ganados por los fondos pasarían a contribuir del 8% al 15% y otros del 5% al 15%.

Otros ingresos como las ganancias de capital obtenidas por la venta de valores pasarían a pagar 15%, al igual que las obtenidas en los fondos inmobiliarios por venta de inmuebles.

Los fondos deberán pagar IVA por servicios que reciben de auditoría, valoraciones, proveeduría de precios, entre otros, y deberán cobrar el mismo impuesto en los alquileres de sus bienes.

Según Victor Chacón, director de la Cámara de Fondos de inversión, los ahorrantes tendrán una reducción en la rentabilidad final que reciben y además, invertir en Costa Rica se vuelve menos atractivo, por lo que podría desincentivar la llegada de inversionistas extranjeros, un punto importante para un mercado como el nuestro.

Si usted tiene una pensión voluntaria, es importante que sepa que están contempladas dentro de los nuevos impuestos propuestos, específicamente dentro del tributo de renta.

Además, según la nueva legislación los afiliados a las operadoras de pensiones complementarias pagarían el 4% de IVA, calculado sobre las comisiones pagadas a las operadoras.

Se gravaron también los rendimientos de pensiones y jubilaciones complementarias obligatorias y voluntarias, cuyos montos se deberían sumar a la pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, para establecer el monto a pagar a las rentas de capital establecidos por la legislación nueva.

Esto impondría una desventaja para los futuros pensionados que, además de recibir una pensión baja, tendrán que deducir de esta los impuestos al momento de retirar los fondos.

María Esther Abissi

María Esther Abissi

María Esther Abissi es periodista de la sección de Finanzas en El Financiero.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.