La decisión del Ministerio de Hacienda de exigir a determinados contribuyentes la aplicación de estándares contables internacionales más complejos, conocidos como las NIIF, a partir del 1 de enero de 2027, generó fuertes críticas entre contadores y especialistas financieros.
Ellos advierten que esto generará mayores costos de cumplimiento, posibles riesgos crediticios y una creciente distancia entre la contabilidad financiera y las reglas fiscales.
La controversia surge tras la publicación de la resolución MH-DGT-RES-0015-2026, mediante la cual la Dirección General de Tributación establece estos nuevos lineamientos para la preparación y presentación de la información financiera.
Uno de los cambios más relevantes es que algunos grandes contribuyentes que actualmente utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para Pymes) deberán migrar hacia las NIIF plenas y asumir un conjunto de estándares diseñado para organizaciones con estructuras más complejas, como multinacionales, entidades financieras o empresas que cotizan en bolsa.
La medida provocó el rechazo del Colegio de Contadores Públicos, que interpuso una medida cautelar para intentar suspender su aplicación.
Según Bryan Mora, socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, existen suficientes fundamentos técnicos para respaldar esta posición, ya que se obligaría arbitrariamente a muchas empresas a asumir costos significativos sin que exista una ganancia proporcional en materia de recaudación o control tributario.
“Las empresas que actualmente son calificadas como pymes y grandes contribuyentes a nivel internacional tienen características muy diferentes a las definidas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y eso haría que muchas que actualmente cuentan con beneficios pymes los pierdan y pasen a la lista de grandes contribuyentes”, destacó.
Agregó que las reglas fiscales para las empresas ya existen a nivel local y se aplican independientemente de las normas contables. “Obligar a implementar estándares más complejos no necesariamente significa una mejor fiscalización ni una mayor recaudación”, explicó.
¿Qué cambia exactamente? Las NIIF son los estándares contables utilizados en gran parte del mundo para elaborar estados financieros comparables y transparentes. Actualmente conviven dos esquemas principales:
- Las NIIF plenas: utilizadas por corporaciones de gran tamaño y entidades con obligaciones públicas de rendición de cuentas.
- Las NIIF para Pymes: una versión simplificada orientada a empresas que no cotizan en bolsa ni manejan estructuras financieras complejas.
Según los críticos de la resolución, Hacienda está utilizando criterios tributarios para determinar qué empresas deben aplicar cada estándar contable, algo que podría entrar en conflicto con los lineamientos internacionales emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB).
Campos señaló que la norma internacional no se enfoca en el nivel de ingresos ni en la cantidad de trabajadores.
“Lo que analiza es si la empresa tiene obligaciones públicas de rendición de cuentas o si participa en mercados de capitales”, precisó.
Expertos cuestionan costo-beneficio de la medida
Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la resolución es que la implementación de las NIIF plenas exige procesos técnicos más complejos y costosos.
Según Campos, las compañías tendrían que realizar estudios especializados, análisis actuariales, ajustes tecnológicos y nuevas valoraciones financieras que actualmente no son necesarias bajo el esquema simplificado.
Entre los cambios más significativos se encuentran los relacionados con la NIIF 16 sobre arrendamientos y los modelos de pérdidas crediticias esperadas para cuentas por cobrar.
“Todos esos análisis implican contratar profesionales especializados, invertir tiempo y destinar recursos adicionales. Sin embargo, para efectos tributarios muchos de esos estudios no son necesarios”, afirmó.
El especialista detalló que, por ejemplo, para reconocer fiscalmente una cuenta incobrable, la legislación tributaria exige cumplir una serie de requisitos específicos relacionados con la gestión de cobro, independientemente de los cálculos actuariales que puedan realizarse bajo las NIIF.
“Se estaría llevando la contabilidad a un nivel más sofisticado, pero desde la perspectiva tributaria podría resultar innecesario”, agregó.
El Colegio de Contadores estima que la transición podría implicar gastos adicionales de entre $15.000 y $20.000 por empresa, además de incrementos de entre el 30% y el 40% en los costos de auditoría.
Riesgos tributarios y financieros
Para Silvia Castro, socia de Impuestos de Carvajal & Asociaios, el principal desafío no radica únicamente en la elaboración de los estados financieros, sino en las implicaciones que esta nueva información podría tener para la Administración Tributaria.
“Aunque la NIIF 18 no modifica directamente los impuestos, sí puede convertirse en una herramienta de análisis más detallada para Tributación. La nueva estructura podría facilitar la identificación de gastos no deducibles o inconsistencias que antes quedaban diluidas dentro de otras partidas”, señaló.
La experta considera que la nueva presentación financiera aumentará la capacidad de análisis de Hacienda durante procesos de fiscalización, al tiempo que podría influir en la evaluación que realizan bancos, inversionistas y otros usuarios de la información financiera.
Castro añadió que las empresas deberían comenzar desde ahora a definir sus categorías de ingresos y gastos, revisar métricas financieras utilizadas en reportes gerenciales y evaluar si sus sistemas actuales permiten cumplir con los nuevos requerimientos de revelación y conciliación establecidos por la norma.
El conflicto apenas comienza
El Colegio de Contadores sostiene que intentó abrir espacios de diálogo técnico con Hacienda sin obtener los resultados esperados, y ahora apuesta por la vía judicial para frenar la medida.
Mientras tanto, las empresas comienzan a evaluar el impacto operativo y financiero de los cambios que entrarían en vigor en 2027. La discusión enfrenta dos visiones contrapuestas: por un lado, Hacienda busca fortalecer la calidad y uniformidad de la información financiera utilizada para fines tributarios; y, por el otro, los especialistas consideran que la medida impondrá costos significativos y mayores cargas administrativas sin que exista evidencia clara de beneficios proporcionales para los contribuyentes.
Lo cierto es que, si la medida cautelar no prospera, las empresas deberán estar preparadas para las nuevas reglas de juego a partir de enero de 2027.
