EscucharEl anuncio realizado por Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, de que presentará un plan fiscal es apoyado por algunos economistas, sin embargo, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) sostiene que la prioridad debe ser impulsar reformas estructurales del Estado postergadas por años.
Así como mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la competitividad antes de crear nuevos impuestos.
Al respecto, el gremio añade que, para consolidar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, es indispensable avanzar en reformas institucionales, un área en la que desafortunadamente se ha avanzado muy poco desde la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), durante la administración de Carlos Alvarado.
El sector industrial defiende los alcances de la legislación vigente.
“No debe interpretarse que la caída en los ingresos tributarios y el deterioro de las proyecciones fiscales sea un fracaso de la reforma aprobada en 2018, sino como la consecuencia de diversos factores económicos que han afectado la actividad productiva”, señaló Sergio Capón, presidente de la CICR.
“Consideramos que antes de plantear una reforma fiscal, se debe tener claridad en las causas del problema para que las propuestas las atiendan y, en particular, que no carguen al sector productivo con aumentos o nuevos impuestos”, destacó.
Reforma mejoró, pero dejó tareas pendientes
Durante la administración de Carlos Alvarado se aprobó la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En ese momento, se incorporó la transición del impuesto de ventas a uno de valor agregado (IVA).
De igual forma, se creó por primera vez un impuesto sobre las ganancias y rentas de capital, se establecieron nuevas reglas para el impuesto sobre las utilidades de las empresas y se fortalecieron las herramientas de la administración tributaria para combatir la evasión y elusión fiscal.
En materia de gasto, la reforma de 2018 introdujo la regla fiscal, un mecanismo que limita el crecimiento del gasto corriente del Gobierno en función de la situación de la deuda pública y del desempeño de la economía.
Adicionalmente, estableció controles sobre los salarios del sector público, reguló incentivos como las anualidades y la dedicación exclusiva, y modificó diversos pluses salariales con el fin de contener el crecimiento de la masa estatal.
La perspectiva de la CICR contrasta con la de otros economistas, quienes consideran que una nueva reforma tributaria es impostergable.
José Luis Arce, economista de FCS Consultores, sostiene que Costa Rica requiere un mayor esfuerzo fiscal para reducir la relación deuda-PIB a niveles cercanos al 40%.
A su juicio, la reforma de 2018 dio los resultados esperados.
“El país quedó después del gobierno de Luis Guillermo Solís al borde del default, luego de 10 años de aumento del déficit y la reforma logró cambiar la situación de las finanzas públicas sin duda”, afirmó.
No obstante, aclaró que la medida “fue insuficiente, sobre todo porque las condiciones macroeconómicas globales cambiaron enormemente en los últimos ocho años y, además, se carga con los efectos imprevistos del shock pandémico”.
Arce coincide en que no puede hablarse de un fracaso de la reforma anterior, pues permitió ampliar la base tributaria e implicó un fuerte ajuste por el lado del gasto.
Sin embargo, advierte que aquella reforma no pretendió hacer cambios estructurales en el aparato gubernamental, una tarea que sigue pendiente.
En concordancia con esta postura, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional considera positiva la discusión sobre una eventual reforma y advierte que Costa Rica mantiene pendientes cambios de fondo en el impuesto sobre la renta, el combate a la evasión, la racionalización de exoneraciones y el fortalecimiento de la administración tributaria.
Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, agregó que la reforma fiscal de 2018 tuvo un alcance limitado, pues fue concebida como una respuesta inmediata a la crisis fiscal de ese momento y no como una transformación integral del sistema.
¿Por qué cayó la recaudación tributaria?
Los industriales sostienen que la desaceleración de los ingresos tributarios responde, principalmente, a la apreciación del colón y a un prolongado período de baja inflación e incluso deflación.
Como evidencia, la Cámara destaca que en el sector manufacturero la recaudación del impuesto sobre la renta cayó un 34,9% (equivalente a casi ¢25.000 millones), mientras que la recaudación total del IVA disminuyó un 4,1%.
Los datos del Ministerio de Hacienda evidencian esa disminución principalmente en los impuestos recientemente aprobados.
Ante este panorama, los empresarios señalan que la caída de la recaudación no obedece a una sola causa, sino a una combinación de factores económicos, cambiarios, administrativos y legales.
Las causas serían:
- Menor dinamismo empresarial, especialmente en las empresas que operan bajo el régimen definitivo
- Disminución de los ingresos de empresas que facturan en moneda extranjera debido a la apreciación del colón.
- Reducción del valor declarado y de la base imponible de los bienes importados.
- Congelamiento salarial en el sector público.
- Modificación en los valores declarados para la importación de vehículos.
- Reducción del impuesto a la propiedad de vehículos.
- Disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa.
¿Qué propone el FMI para aumentar la recaudación?
Para revertir el deterioro de las finanzas públicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera necesario aumentar la carga tributaria y propuso las siguientes propuestas:
- Gravar con la tarifa general del 13% del IVA a la canasta básica, compensando a los hogares vulnerables mediante transferencias sociales.
- Eliminar las exenciones tributarias a los boletos aéreos.
- Eliminar las exenciones a los equipos médicos.
- Eliminar las exenciones al alquiler de vehículos.
- Implementar impuestos al salario escolar.
- Reducir los gastos tributarios (exoneraciones), que en 2024 representaron una pérdida de ingresos equivalente al 4% del PIB.
En los próximos días, se sabrá cuáles de estas iniciativas serán parte del plan de impuestos que propondrá Rodrigo Chaves.
En un video compartido el pasado 4 de junio, el viceministro de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, dijo que tomará en cuenta recomendaciones del FMI, pero no planea crear nuevos impuestos.
“Cuando hablamos de plan fiscal hablamos de una forma en que podamos recaudar más y tener más ingresos, no más impuestos. Tomaremos en cuenta algunas de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional nos hizo, como cualquier otro organismo, pero es el Gobierno de la República el que toma las decisiones y en este momento no estamos pensando bajo ninguna circunstancia subir impuestos ni tener nuevos impuestos”, dijo el funcionario.
Futuro incierto
Frente a este escenario, los industriales advierten que Costa Rica enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por el aumento de los precios del petróleo, nuevos aranceles a productos de exportación, riesgos climáticos e incertidumbre comercial.
Cabe destacar que la CICR fue la única organización empresarial que expresó una posición clara sobre el tema.
El Financiero consultó a la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, pero estas organizaciones optaron por no pronunciarse.
Así, el país se enfrenta a un dilema ineludible.
Mientras organismos internacionales y sectores académicos presionan por una reforma tributaria para fortalecer los ingresos del Estado, el sector industrial sostiene que primero deben ejecutarse las reformas estructurales pendientes para modernizar el aparato estatal y mejorar la competitividad.
