De cada colón de ingreso que percibirá el Gobierno en 2020, 40 céntimos se destinarán al pago de intereses de la deuda.
El proyecto de ley del presupuesto nacional para el ejercicio del año que se avecina muestra que los intereses crecerían menos que en los tres años previos, pero su peso en las finanzas del Estado y en el Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene al alza.
Los intereses son el escollo insuperable del presupuesto y, por tanto, representan uno de los mayores retos a futuro para lograr la meta de contención de la deuda y del mismo presupuesto.
De los ¢10,5 billones presupuestados para el año que se avecina, el Gobierno deberá destinar el 18% a intereses, lo que equivale a un 5,1% del PIB. Ambas cifras continúan al alza.
En esta ocasión se da la particularidad de que para el proyecto del 2020, al eliminar los intereses, el gasto corriente decrece.
“No podemos, en un año, venir y corregir una herencia de deuda que traemos prácticamente desde el 2008. Es un presupuesto que cada vez se va apartando de lo que debería ser su esencia, que es el bienestar de los ciudadanos”, afirmó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
Por otro lado, el 48% del presupuesto se financiará con deuda y el resto con los recursos provenientes de impuestos. Este rubro era mucho mayor en el proyecto del 2019 (53,5%).
Es decir, las necesidades del Gobierno se financiarán más con ingresos corrientes (impuestos) que con deuda, realidad que se logró revertir luego de que en 2019 la deuda fuera la que predominara.
Intereses opacan recortes
Los intereses y las comisiones alcanzaron los ¢1,98 billones en el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año, tras un crecimiento de ¢313.668,3 millones, respecto la ley del 2019.
El peso de esta partida dentro de las erogaciones se evidenció aún más por la reducción en el crecimiento del gasto. Un hito de Hacienda en este proyecto de presupuesto.
En esta ocasión, el gasto corriente crece principalmente por los intereses, pero no por un dispendio desmedido de los recursos en otras partidas.
El esfuerzo por recortar o reducir el crecimiento del gasto, por la regla fiscal, en rubros como las remuneraciones y las transferencias, se ve disipado por el crecimiento de la deuda y los intereses.
El proyecto de ley del presupuesto cumple de forma holgada con la regla fiscal, ya que el gasto corriente crece 3,91%, inclusive por debajo del 4,67% estipulado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Inclusive, si se elimina el efecto de los intereses, el gasto corriente decrece.
“Esto demuestra el compromiso que se tiene por la estabilidad de las finanzas públicas. (…), este es el menor nivel de crecimiento del gasto corriente en una década”, anotó Aguilar.
Lo anterior, permitió que el balance primario bajara en ¢300.000 millones (una caída de un punto porcentual, para un equivalente de 2,7% respecto al PIB).
El resultado financiero, por su parte, mantiene la subida. Esto también se ve impactado por un menor crecimiento de la economía.
Si no hay un mayor aumento de la actividad económica, es más difícil que se puedan ir desplegando los efectos que se tenían estipulados de la reforma fiscal, afirmó Aguilar.
Este lastre es arrastrado desde hace varios años, y reduce el margen de inversión del Ejecutivo en otras partidas.
El Gobierno destina cada año más dinero al pago de intereses y menos a su esencia: asignar recursos económicos para brindar a la población los servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La erogación por intereses pasó de ¢435,8 millones a casi ¢2 billones en los últimos diez años. Es decir, el pago de este rubro es 4,6 veces mayor a lo que se registró en 2010.
Estos cálculos corresponden a los presupuestos ejecutados del periodo 2010-2018, para el 2019 se utilizó la Ley de Presupuesto de ese año, a julio; y en 2020, el proyecto de ley presentado este 30 de agosto. Tampoco consideran el efecto de la inflación.
La sombra de los intereses impacta al alza el presupuesto, aun cuando el servicio de la deuda (intereses más amortizaciones), mejoró gracias a la gestión de la deuda.
El servicio de la deuda pasó de representar un 12,4% a un 10,4% del PIB del 2019 al 2020. La reducción también es visible como porción del presupuesto, de 41,7% a 38,3%.
Esta partida presupuestaria continúa pesando más que los poderes Legislativo y Judicial juntos, respecto al PIB, por lo que la caída tampoco representa un alivio exponencial.
Lo que ayudó fue que las amortizaciones cayeron 28,6% del 2019 al 2020, para un total de ¢2 billones, por la reducción de las presiones de la deuda previstas para el próximo año.
Este resultado está directamente relacionado con la gestión de la deuda, que permitió trasladar vencimientos del 2020 para dentro de varios años.
¿Qué ayudó a dar un poco más de oxígeno? El secreto está en el manejo de plazos y la estrategia de alargar el perfil de vencimientos.
El programa de canjes permitió trasladar vencimientos previstos para ese año, para ejercicios futuros, y las nuevas colocaciones se saltaron este año.
A junio, la Tesorería Nacional había canjeado ¢833.260 millones, cifra superior a todo lo que se había logrado en los dos años previos. Ese monto fue eliminado de los vencimientos previstos para 2019, 2020 y 2021.
Además, en 2019, las nuevas colocaciones se estacionan en los plazos más extendidos. El Gobierno pasó de tener el 70% de la deuda a menos de cinco años en 2018, a cerca del 60% a siete años o más en 2019, según Hacienda.
Una cifra de ¢2 billones en amortizaciones y de ¢1,98 billones en intereses tampoco es tomada a la ligera, por lo que el 2020 seguirá siendo un año complejo, pero sí habrá menor presión que en los dos años previos.
Por un lado, la emisión de deuda externa (eurobonos) ayudará a reducir las presiones en los intereses, porque se espera pactar una menor tasa de la que se obtendría en el mercado doméstico.
Aunque Hacienda ha reducido parte de las presiones que había generado en 2018, es más que probable que el peso de los intereses de la deuda, dentro del presupuesto, se mantengan altos durante los próximos dos años –como mínimo–, apuntó el analista económico Douglas Montero.
El gran problema de la ruta de ajuste que escogió Costa Rica es su gradualidad, afirmó el economista José Luis Arce. Esto significa que el proceso demorará. Lo más importante es eliminar el déficit primario y de ser posible lograr un superávit. No obstante, entre más demore el ajuste, aumenta la posibilidad de que se termine “pateando la bola”, en un escenario en el que el margen de acción es reducido, añadió Arce.
Por ahora, la estrategia de Hacienda surte efecto, pero deben darse reformas estructurales para reducir el nivel de la deuda y así, lograr recortar los intereses en vez de “patearlos” para adelante. La misma ministra de Hacienda coincide con esta afirmación.
