La ministra de Planificación, Pilar Garrido, anunció que el Gobierno tiene un plan para poner tope a las deducciones que hacen las cooperativas y entidades financieras a los salarios de los empleados públicos, pese a que la medida elevaría la morosidad en esas entidades.
La iniciativa parte de la necesidad de regular las deducciones a salarios, dado que una porción importante de los empleados reciben menos de la mitad de lo que les corresponde mensualmente por pagos que deben hacer.
Al menos 35.000 empleados del sector público reciben menos de ¢191.000 mensuales de sueldo a causa de los rebajos que se les hace, un monto menor de lo que permite el Código de Trabajo. Una porción incluso recibe ¢0, pese a laborar en su jornada habitual.
EF conversó con la ministra para conocer los alcances y el estado del proyecto.
¿En qué fase está el proyecto?
Estamos en una fase de análisis, valorando las repercusiones que puede tener. Eso fue un tema que se había empezado discutir hace tiempo dado que el Código Del Trabajo establece que tiene que haber un máximo de embargo al salario.
¿Cuando se presentará el proyecto?
Ya está redactado. La idea viene de Basilea III (normas internacionales para la banca) y lo que hicimos fue acelerar un poco el procedimiento para poder completar los esfuerzos antes.
“Lo que estamos valorando es presentarlo dentro de la comisión de reactivación o guardarlo para (sesiones) extraordinarias y que sea mas rápido”.
“La idea es que se aplique a partir de enero, pero hay que determinar cuanto tiempo tardaría en aplicarse para que no genere riesgos financieros”.
¿Cuál es el enfoque, aparte de las deducciones?
Hay un tema detrás de esto que se vincula con niveles muy altos de sobreendeudamiento y lo que estamos haciendo es calibrando cual es el riesgo potencial de contagio financiero si se aplica el decreto.
“La mayoría de las deducciones que se aplican son por parte de cooperativas (de ahorro y crédito) y del Banco Popular”.
“De lo que se trata por un lado es cumplir lo que dice el mandato legal y por otro, generar más oxígeno a las personas servidoras públicas y sus familias”.
“El otro tema tiene que ver con calibrar cual es el riesgo financiero para no quebrar cooperativas ni tampoco ocasionar un efecto contagio”.
¿Como se resuelve el problema del endeudamiento?
Las deducciones son solo una pequeña parte del problema. El principal se resuelve con un proyecto de ley que le de más banda ancha al Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que pueda tener claridad sobre el perfil crediticio personal, con base no solo en las entidades reguladas sino también en las no reguladas. Eso tiene que ser necesariamente una ley, porque es información personal.
“Primero hay que hacer el análisis de deducciones, estamos calibrando bien ese riesgo. No importa si se suelta un poco el nivel esperado de la mora en las cooperativas, pero sin que genere un riesgo para el sistema”.
“Lo segundo es que el proyecto pone tope a las deducciones, pero no significa que no se vayan a aplicar. Se aplican, lo que pasa es que llegan a cierto monto que es el salario mínimo de la ley”.
“A nadie se le perdonan las deudas. Esto no es una amnistía, esto es un tope a deducciones. El cliente sigue teniendo las mismas deudas y lo que le podemos variar es en tasa de interés y en plazo”.
“Para esto, cuando se pueda tener una mirada a todas las deudas, se le pude presentar al cliente un arreglo de pago con una entidad regulada y, por medio del CIC establecer un bloqueo temporal en el sistema financiero hasta que sus finanzas estén en orden. Con esto la persona no puede pedir más créditos, se le resuelven sus necesidades crediticias y se le presenta un módulo obligatorio de educación financiera hasta que dé muestras de recuperación”.
¿Este bloqueo es opcional? ¿La gente puede decidir si someterse a eso o no?
Sí, si la persona decide que quiere entrar va al programa de educación financiera y con bloqueo. No se puede elegir solo una u otra, porque es una solución integral.
¿Si la persona dijera no, se le sigue haciendo la deducción?
La deducción no es opcional, porque es una ley. Lo voluntario es (todo) el programa y que se refundan las deudas, pero eso es un segundo momento.
¿Esto aplicaría solo para nuevos endeudamientos o también para viejas operaciones?
En realidad se había valorado en un principio para las operaciones actuales y las futuras. No obstante, en esa discusión estamos.
“En este momento los datos se remitieron a Sugef y ellos están haciendo ese análisis. Con base en eso es que tomamos la decisión definitiva de si caminamos con la directriz o si lo trabajamos vía ley”.
¿Estas deducciones se están aplicando solo a los salarios?
Hemos visto que se están aplicando también a pensiones y por ley, no se pueden aplicar deducciones a las pensiones. A muchos se les están aplicando rebajos, sobre todo a educadores que voluntariamente se suscriben. Sin embargo, la ley enseña otra cosa.
¿Que entidades están aplicando deducciones a pensiones?
Lo hemos visto en cooperativas, pero eso está al borde de la ley. Ahí hay un compromiso que se asume el cliente libremente y un riesgo que asume la cooperativa de trabajar al margen de la ley.
Es otro de los temas que estamos calibrando y tenemos que ver cuál es el monto total de pensiones sobre al cartera total, cual sería el riesgo y en cuantas entidades están aplicando esa medida.
Esto lo hemos visto más en pensiones del Magisterio.
Es importante destacar que estas personas que se financian con cooperativas no necesariamente pueden encontrar crédito en otras entidades bancarias y la deducción es lo que mitiga el riesgo.
Sabemos que algunas entidades y ministerios aplicaron el tope a las deducciones con sus colaboradores, ¿cómo fue el resultado en esas entidades?
La evidencia que trajeron las cooperativas de este ejercicio es que se disparó la mora y que las personas lo tomaron con irresponsabilidad financiera.
“Sin embargo, creemos que también va a haber personas que si le signifique un respiro porque son personas ordenadas".
“Todas las medidas tienen sus pros y sus contras y si los beneficios son mucho más altos aunque haya algún tipo de riesgo financiero que se puede calibrar y evitar un contagio al sistema, es lo correcto, porque la gente tiene que estar primero y hay que cumplir la ley”.
“Si vemos que el costo es mucho más alto, entonces es mejor esperar y encaminarlo por la vía legal”.
Centro de Información Crediticia incluirá entidades de la banca en la sombra a partir del próximo año
El Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), incluiría entidades que hoy forman parte de la banca en la sombra.
Lo anterior implica que negocios que realizan actividades de financiamiento pero que no están dentro del sistema financiero nacional pasen ahora a ser reguladas.
El proyecto, que ya fue redactado, espera a ser presentado en los próximos meses, durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, o incluso antes, cuando se conforme la comisión de reactivación económica y se esperaría que fuera aplicado a partir de enero.
Según explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación, el propósito del CIC es tener una base de datos única donde esté toda la información y perfil crediticio de las personas.
“En este momento es imposible saberlo. No tenemos una mirada completa sobre lo que acontece en este momento”, afirmó la ministra.
Cuando una entidad va a otorgar un crédito, solo puede ver el endeudamiento de la persona dentro del sistema regulado, lo que excluye una porción importante de endeudamiento en locales comerciales, con tarjetas de crédito que no son emitidas por la banca o con prestamistas.
“En apariencia, las finanzas personales de los costarricenses están sanas, pero en realidad no es así” admitió Garrido.
El proyecto plantea cambios a legislaciones nacionales con el fin de atender deficiencias regulatorias en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y nace a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera a Costa Rica en el 2016.
En esa línea, el pasado 30 de junio de este año se venció el plazo para que las nuevas entidades se inscribieran ante este regulador.
En el proceso debían inscribirte emisores y operadores de tarjeta, casas de empeño, contadores, abogados, casinos físicos y virtuales y cualquier otra entidad que ofrezca facilidades de crédito.
Las entidades no solo entrarían a formar parte del CIC, sino que también tendrían la misma fiscalización monetaria que los bancos públicos y privados y estarían sujetas al control monetario del Banco Central, ya que se incluirían como parte de las entidades adscritas del artículo 117 de la Ley Orgánica de la autoridad monetaria.
