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El problema de sobreendeudamiento de los empleados públicos debe resolverse en forma ordenada para evitar la contaminación en todo el sistema financiero y evitar su repetición a futuro. Definitivamente, las entidades que no administraron adecuadamente sus riesgos crediticios tendrán que pagar un costo importante.

Al menos 35.000 empleados del sector público reciben menos de ¢191.000 mensuales de sueldo por las deducciones, eso es menos de lo que permite la Ley del Trabajo. Una porción incluso recibe ¢0, lo que implican un exacerbado endeudamiento.