Presidente del Banco Central advirtió sobre “enorme presión” para tomar un crédito de $700 millones del BCIE

Madrigal utilizó su voto de calidad (vale doble) para desempatar una votación de la Junta Directiva del BCCR y que se obtuviera un dictamen positivo.

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“Hay enorme presión en esto, por la Asamblea y por lo demás de que se presente (...). Lo que creo..., están corriendo y con la Asamblea van a tener otro problema, pero no quiero poner el nombre del Banco Central, de que el Banco (Central) está atrasando esto”, les dijo Madrigal al resto de directivos en la sesión 6110-2023, del 9 de marzo, según reportó el periódico.

El Gobierno debe solicitar un dictamen al Banco Central para la aprobación de este tipo de créditos, cuya resolución cae en manos de su Junta Directiva.

En la sesión votaron en contra del endeudamiento Silvia Charpentier Brenes, Max Soto Jiménez y el entonces directivo José Pacheco Jiménez. A favor estuvieron Miguel Cantillo Simón, Marta Eugenia Soto Bolaños y el presidente Madrigal. Finalmente la decisión quedó en firme en el artículo 5 del acta de la sesión 6110-2023.

Directivos preocupados

Los directivos que votaron en contra mostraron preocupaciones por supuestas condiciones desfavorables de la operación.

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“Tengo dudas y me parece que, a menos que se presente otro tipo de información más concluyente, a mí me parece que no es conveniente la operación”, dijo Soto durante la sesión, según rescató La Nación.

Soto también mencionó que las condiciones financieras eran duras y que las tasas eran “incluso superiores a las que podrían conseguirse en el mercado local”.

El Poder Ejecutivo pactó originalmente un plazo de 30 años con tasas entre el 8% y el 9%.

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Charpentier también agregó que “ni Crédito Público ni el Banco hicieron los cálculos a valor presente de lo que costaría el crédito de fuentes multilaterales que nos pueden prestar para este propósito”.

Pacheco, por su parte, dijo que el modelo de gobernanza le causaba “angustia” ya que “suele conllevar problemas de coordinación tan grandes, que pasan los años y el país termina por no ejecutar”.

La ejecución de este crédito incluiría a la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Pacheco mencionó que la experiencia previa con créditos a manos de una “multiplicidad de instituciones públicas que no están necesariamente interconectadas entre sí” suele llevar a problemas en la ejecución de los recursos.