El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitó este martes 26 de setiembre la renuncia de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), pero su petición no fue atendida.
La solicitud fue anunciada a través de un Facebook Live en la página oficial de Casa Presidencial, luego de semanas de cuestionamientos que han surgido alrededor del banco y de la actuación de sus directivos, tras la aprobación de un crédito para la importación de cemento de China y otro para la compra de una planta hidroeléctrica.
Pero dos horas después del anuncio, los directivos señalaron que se mantendrán en sus cargos y pidieron al mandatario abrir un proceso para que se les investigue.
Aunque Solís había asegurado que el próximo martes anunciaría el nombre de los nuevos directivos, ante la decisión de la junta más bien indicó que ese día pedirá al Consejo de Gobierno que abra el proceso administrativo para su destitución, según publicó La Nación.
El presidente recalcó que las operaciones del banco seguirán funcionando normalmente.
"Ayer 25 de setiembre recibí el informe por parte del superintendente Javier Cascante (de la Sugef). Si bien es cierto que el informe aporta razones suficientes para proceder a la destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, esto obligaría a un procedimiento legal que puede tardar muchos meses y afectar seriamente el normal funcionamiento del Banco y seguir dañando su institucionalidad", explicó Solís en el video.
Agregó que en el informe se señala que las discrepancias entre los miembros no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos y se enfatiza que, a pesar de las gestiones previas, no ha sido posible resolverlas, y eso, podría poner en riesgo la gestión de negocios del banco.
La junta directiva del BCR está integrada por la empresaria Mónica Segnini, por lo exdiputados Evita Arguedas, Francisco Molina, Gustavo Arias, Ronald Solís y los abogados Alberto Raven y Paola Mora.
A los directores se les quiso suspender de sus cargos tras una serie de cuestionamientos.
Durante la primera semana de setiembre, el fiscal general, Jorge Chavarría, había declarado que se tenía sospechas de delitos dentro del BCR, según informó el diario La Nación.
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En ese momento, Chavarría aseguró que las sospechas tenían que ver con situaciones para favorecer intereses particulares.
"Estamos viendo una serie de actos irregulares, probablemente corruptos, dentro del BCR, que veníamos investigando desde el 2015 y que se han dividido en diferentes causas por una situación estratégica, que me obligan ahora esos irresponsables a revelar", afirmó, refiriéndose a personas que decían que la fiscalía no estaba tomando cartas en el asunto sobre el caso BCR.
Dentro de la investigación de la fiscalía, se encontraba el estudio de dos préstamos por $25 millones que el banco otorgó a Sicocem Costa Rica, empresa del empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento chino y otras operaciones.
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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) ya había advertido que los negocios y el funcionamiento del BCR estaban en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de gestión en el banco.
A la Junta Directiva del BCR también se le cuestiona, entre otros hechos, por el giro de un crédito de $32 millones concedido a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) para la compra de una planta hidroeléctrica, transacción hecha en el bufete en el que trabaja Raven, directivo del bancoy quien además era fiscal de Holcim.
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El mandatario afirmó esta tarde que la sustitución de la Junta no afectará las investigaciones para esclarecer lo acaecido a las situaciones de los créditos otorgados.
"Deseamos que se investigue todo y que cualquier persona sospechosa de actos de corrupción sea investigada y sancionada si así se demuestra", concluyó Solís.
* Esta información fue actualizada pasadas las 9 p.m. con la decisión de la junta directiva de no renunciar a sus cargos.
