Calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señalan desde hace años la dificultad para aprobar financiamiento externo en la Asamblea Legislativa como una de las principales debilidades crediticias de Costa Rica.
Este estancamiento político genera incertidumbre económica y las calificadoras lo identifican como una persistente debilidad crediticia soberana, incluso en momentos en que los indicadores macroeconómicos del país mejoran.
En este contexto, Fitch Ratings emitió un nuevo análisis sobre la reciente aprobación de una Línea de Crédito Flexible (LCF) por $1.500 millones del FMI para el país. La calificadora considera que esta línea representa un “sólido respaldo” a las políticas de Costa Rica, pero advierte que no resuelve el problema de fondo.
Según el análisis, este respaldo del FMI ayuda a la flexibilidad financiera mientras la autorización para emitir nuevos eurobonos sigue estancada en el Congreso, pero no compensará por completo las restricciones que solo pueden levantarse con una reforma constitucional.
Actualmente, para que el país acceda a financiamiento externo, como con los eurobonos, necesita que dos tercios de la Asamblea Legislativa aprueben la propuesta.
“Esto puede limitar el acceso oportuno a los mercados internacionales de capital, como durante la pandemia de Covid-19, cuando Costa Rica no pudo emitir externamente y enfrentó mayores costos de endeudamiento interno”, se lee en el análisis hecho por la firma calificadora.
Respaldo en medio de una economía fortalecida
Fitch destaca que el acceso a esta prestigiosa línea de crédito coincide con una mejora en los indicadores de Costa Rica. La firma ya había revisado la perspectiva de la calificación ‘BB’ del país a “Positiva” en febrero, gracias a un crecimiento económico superior al potencial y una trayectoria de deuda en constante descenso.
Las mejoras estructurales en el déficit por cuenta corriente, un sector exportador dinámico y las entradas récord de Inversión Extranjera Directa (IED) permitieron que las reservas internacionales crecieran más del doble desde finales de 2021, hasta alcanzar los $14.200 millones a finales de 2024.
El camino al grado de inversión
A pesar de estas fortalezas, Fitch subraya que el estancamiento político para aprobar financiamiento externo es una “debilidad crediticia soberana de larga data”. La firma considera “poco probable” que los esfuerzos para aprobar una reforma constitucional que elimine esta restricción ganen impulso antes de las elecciones de febrero de 2026.
Costa Rica es actualmente el único país latinoamericano en la categoría ‘BB’ con acceso a una LCF, un hecho que destaca fortalezas institucionales. Sin embargo, Fitch concluye que la aprobación de una reforma constitucional que resuelva permanentemente este obstáculo político “probablemente sería necesaria para que el país alcance el grado de inversión”.
