Por: Laura Ávila.   22 noviembre
La experiencia internacional sobre el tope a las tasas de interés es amplia. En Estados Unidos la imposición de tasas de interés máximas produjo la migración de clientes hacia otros estados con condiciones menos restrictivas. Foto: Shutterstock.
La experiencia internacional sobre el tope a las tasas de interés es amplia. En Estados Unidos la imposición de tasas de interés máximas produjo la migración de clientes hacia otros estados con condiciones menos restrictivas. Foto: Shutterstock.

En la corriente legislativa los diputados discuten proyectos para fijar topes a las tasas de interés (expediente 20.861) y para regularizar las comisiones por el uso de datáfonos (expediente 21.177). La medida que pretende regular precios produciría una distorsión en el mercado y llevaría a la exclusión financiera.

Dar un mayor impulso a estos dos proyectos de ley forma parte de la estrategia del Gobierno para que el país crezca más y así mejorar la situación de los hogares, según comunicó Casa Presidencial en setiembre anterior.

No obstante, el debate comienza en el tema de que ambas iniciativas constituirían una regulación de precios en el mercado financiero, según Luis Ortiz, asesor legal de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

Esto se explica porque la tasa de interés es el precio que los deudores pagan por un préstamo. Con este rubro los acreedores compensan el riesgo que asumen al prestar recursos y cubren los costos del financiamiento, la captación, la formalización y el cobro en el que incurren por otorgar dinero.

Por otro lado, comisiones que los comercios pagan por los datáfonos son el precio por usar este instrumento y medio de pago.

Regular estos costos podría llevar a una distorsión del mercado, según Adriana Rodríguez, directora de Frecuencia Económica.

“Porque no es el precio máximo al que se llegó por medio de la competencia o de los participantes del mercado, sino que es el precio fijado por una autoridad externa de ese mercado y, como tal, es una regulación y una distorsión al mercado”, aseguró Rodríguez.

Fomentar la competencia sería la vía para nivelar la cancha, a criterio del economista Eliécer Feinzaig; una de las opciones, según él, es que el Estado instruya a los bancos estatales para que cobren tasas de interés y comisiones más bajas.

El proyecto para poner límite a las tasas de usura tiene varios cuestionamientos; uno proviene del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Su presidente, Rodrigo Cubero, considera que esta práctica haría que las personas que acceden a créditos de consumo y tarjetas de crédito queden excluidas del sistema financiero, por lo que tendrían que recurrir al sector informal para financiarse.

Es decir, un segmento quedaría fuera por considerarse poco rentable o representar un riesgo alto para las entidades financieras.

“Cuando se fijan tasas artificialmente bajas, los bancos no pueden prestarles a los segmentos que son más costosos. ¿A cuáles segmentos me refiero? Los que piden montos pequeños, a plazos relativamente cortos y que tienen historial de crédito relativamente corto, o ninguno, o un historial de crédito negativo y que no ofrecen garantías”, Rodrigo Cubero, presidente del BCCR.

Para María Isabel Cortés, de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), fijar las tasas de interés podría excluir a cerca de una tercera parte de los usuarios de tarjetas de crédito y generaría un retroceso en la bancarización.

Es decir, una vez que se fije el límite de la tasa de interés, quedarían por fuera las personas que estaban por encima de ese rango, dado que las entidades financieras cobran una tasa alta cuando sus deudores representan un mayor riesgo.

En Costa Rica, las tarjetas de crédito tienen mayor peso en los grupos de mayores ingresos (quintiles IV y V), mientras que los prestamistas informales –que suelen cobrar tasas de interés más altas– colocan 2,5 créditos en los hogares de menores ingresos por cada tarjeta de crédito en esas mismas familias, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicada el pasado 14 de noviembre.

Con respecto a la regulación de las comisiones por el uso de datáfonos, las consideración es que podría fomentar el uso del efectivo entre los consumidores, incentivar la evasión fiscal y hasta generar un posible aumento en la delincuencia por el dinero que circularía en los comercios.

¿Qué lectura hacen los bancos?

EF consultó a cuatro entidades: el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional (BN), Scotiabank y el BAC Credomatic; este último, sin embargo, no brindó respuesta al cierre de edición.

Al preguntarles sobre el efecto de la fijación de tasas de interés, los dos bancos estatales indicaron que no tendría mayor impacto, pues sus indicadores están por debajo de las propuestas. Por su parte, Diego Masola, gerente general de Scotiabank Costa Rica, comentó que la institución ya aplica muchas de las normas que se analizan en la Asamblea Legislativa.

Según él, las entidades que no están reguladas serían las que recibirían mayor impacto.

“Las estructuras de capitales regulatorias requeridas por la ley según el tipo de entidad van a ser muy importantes con el fin de evitar distorsiones”. Diego Masola, gerente general de Scotiabank

Acerca de regular las comisiones por el uso de datáfonos, Reinaldo Herrera, director de Finanzas del BNCR, cree que podría restarle competitividad al mercado y representar un retroceso en los pagos electrónicos. Masola, por su lado, asegura que aún es temprano para conocer las consecuencias de tal medida.

Rossy Durán, gerente corporativa de Finanzas del BCR, sostiene que regular las comisiones de adquirencia podría tener un impacto del 40% en los ingresos por los servicios.

La adquirencia es como se denomina al servicio que prestan entidades financieras a los comercios por proveerles las terminales para transacciones o datáfonos.

¿En qué consisten los proyectos de ley?

El expediente 20.861 tiene como objetivo regular y delimitar la usura para llenar un vacío normativo. El Código Penal y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor (7.472) establecen sanciones, pero no se aplican porque se carece de definición sobre cuál es el límite de usura.

Al 18 de noviembre la iniciativa estaba bajo el escrutinio de la Comisión de Hacendarios y analizaba mociones de fondo, según Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista y presidenta de la comisión.

Ese día se votó una moción para incorporar un índice de comparabilidad –el índice de competencia financiera– de todos los productos crediticios en el país; esto para que los usuarios puedan comparar tasas de interés, gastos, comisiones, intereses moratorios, multas y cualquier otra erogación.

También se votó una moción para que la tasa anual máxima de interés no supere 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional, la cual es calculada por el BCCR. De aplicarse esa medida, la tasa de interés máxima para los créditos en moneda nacional sería del 29,83%, y, en dólares, de 14,82%, según el cálculo hecho por EF con datos disponibles al 19 de noviembre.

Meses antes de esa votación, los diputados habían solicitado al BCCR determinar la tasa de interés máxima y, además, recibieron el criterio de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Central presentó dos metodologías basadas en operaciones de crédito –del mercado financiero supervisado– formalizadas entre enero de 2014 y diciembre de 2018. Para eso contempló créditos de consumo iguales a ¢5 millones o menores que esa cifra y tarjetas de crédito con un plazo de 1.080 días. Tras aplicar dos fórmulas, recomendó tasas del 51%, 63% o el promedio ponderado de ambas: 57%.

La UCR aconsejó sumar la tasa de interés promedio pasiva más el margen de intermediación promedio –que contiene prima de riesgo por créditos malos, efecto de la inflación sobre los activos y margen de ganancia–. Como resultado, la tasa máxima de interés activa fue de 35%.

Sin embargo, estas no son las únicas opciones para calcular un tope a las tasas de interés.

Una tasa tope del 32,95% es la propuesta que hacen José Blanco y Daniel Vartanian, economistas de la Fundación Iustitia. Los especialistas utilizaron el promedio ponderado de las tasas de interés para consumo –tasa normal– y calcularon el riesgo de los emisores de tarjetas de crédito sobre la base que tiene el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) con mora a más de 90 días, para que la fórmula fuera proporcional.

Ese riesgo se sumó al promedio ponderado de las tasas de interés para consumo y así se concluyó que la tasa de interés límite sería del 32,95%. Según los especialistas de la Fundación Iustitia, esta metodología se utiliza en los países integrados a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

“¿Será cierto que una tasa baja como tasa de usura excluye a los de menores ingresos para obtener crédito? ¿O la tenemos suficientemente alta y la carga en el ingreso familiar es tan alta que ya están excluidos? Ese enfoque no lo hace el Banco Central”, manifestó Daniel Vartanian.

El proyecto Ley de Medidas para Aliviar la Situación Financiera de los Hogares (expediente 21.651) en su artículo 2 también pretende que el BCCR sea el encargado de fijar, mediante una metodología técnica, la tasa máxima para regular el mercado financiero, como el de compras a crédito.

Esta iniciativa la presentó el Gobierno en octubre anterior y al 20 de noviembre ocupaba el lugar 28 en la Comisión de Sociales, según el Departamento de Servicios Parlamentarios.

Por su parte, el expediente 21.177 pretende regular las comisiones por el uso de datáfonos y cualquier pago que se haga por medio electrónico, según comentó Roberto Thompson, diputado verdiblanco y presidente de la Comisión de Económicos.

La iniciativa fue dictaminada por ese grupo y ya está en Plenario; ahí lo que se pretende es dar facultades al BCCR para que determine las comisiones máximas de adquirencia, intercambio y otros cargos que podrán cobrar los proveedores de servicio por utilizar tarjetas de débito o crédito.

El texto contemplaría un régimen sancionador y utilizaría el concepto de salario base –vigente al momento en que se ejecute la sanción– y la Ley General de Administración Pública (6.227).

El avance de estos proyectos dependerá, a partir del próximo mes, del Poder Ejecutivo, pues desde el 1.° de diciembre y hasta el 31 de abril serán las sesiones extraordinarias, momento en que solo se discuten proyectos convocados por el Gobierno.