Rocío Aguilar: límite a las deducciones por préstamos es un “riesgo que se materializa"

La puesta en práctica de un límite a los cobros por créditos directos a la planilla de funcionarios públicos es “un riesgo que se materializa porque algunas entidades han apoyado su gestión de cobro en las deducciones”, dijo Rocío Aguilar, jerarca de la Superintencia General de Entidades Financieras.

El 8 de setiembre la Tesorería Nacional confirmó que dejará de aplicar deducciones vía planilla a los salarios de funcionarios públicos menores a ¢199.760,73. Lo anterior, en acatamiento al artículo 44 ter de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, reformada por la Ley número 9.859, conocida como “Ley de usura”. De esta medida se eximen las rebajas relacionadas con pensiones alimentarias.

Es decir, a las personas que ganen ¢199.760 o menos, no se les rebajará automáticamente de sus salarios la respectivas deudas, sino que deberán presentarse a las sucursales a cancelar el monto. Esto no implica la condonación de obligaciones. Sin embargo, existe el riesgo que con esta medida aumenten las tasas de morosidad e inclusive los cobros judiciales.

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Aguilar, a cargo de la Sugef desde el 8 de setiembre, confirmó a EF que esta medida materializa es un riesgo para las entidades financieras que aplican este tipo de operaciones.

La gestión de cobro mediante deducciones permite capturar de manera regular y constante una gran parte del dinero de la deuda de las personas. Sin embargo, ahora algunas entidades financieras deberán gestionar nuevas formas de cobro, con el inconveniente de que en el corto plazo, no logren obtener todo lo que estaban percibiendo por deducción de planilla.

Aguilar recordó que los deudores con obligaciones que incumplan con el pago oportuno de sus cuotas afectarían negativamente su historial crediticio.

A quienes no se les apliquen las deducciones deberán realizar los pagos en las respectivas entidades financieras.

“Las entidades financieras podrían utilizar otros mecanismos, tales como deducciones autorizadas en cuentas de ahorro en las mismas instituciones financieras donde llegan esos recursos, realizar el pago por transferencias, o bien a través de aplicaciones informáticas”, agregó Aguilar.